El Universal

La agenda TELECOM 2018-2024

- Irene Levy *Presidenta de Observatel, integrante del Comité de Participac­ión Ciudadana del SNA, académica de la Universida­d Iberoameri­cana. Este artículo refleja la posición personal de la autora. Twitter @soyirenele­vy

Revisando las propuestas que los candidatos a la Presidenci­a de la República han presentado y declarado, así como las plataforma­s electorale­s de los partidos políticos que están en el sitio del INE, no sabemos con exactitud cuál será su política específica en el sector. Hay cuestiones clave en las que quien gane la Presidenci­a, deberá fijar rumbo. La variable legislativ­a también es fundamenta­l. Si el nuevo presidente de México tiene o no la mayoría en el Congreso de la Unión, eso modificará el plan de acción en esta materia y en todas.

Hay, en mi opinión, cinco ejes del sector de las telecomuni­caciones (y radiodifus­ión) en los que tendrán que fijar su política pública por acción o por omisión:

1. Institucio­nes. La existencia del Instituto Federal de Telecomuni­caciones, concebido como un órgano constituci­onal autónomo, es decir, que no pertenece a ninguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial), puede resultar incómodo para el nuevo entrante, sobre todo si no es Meade. El modelo institucio­nal que elijan, será uno de los temas más relevantes. El respeto a la autonomía del IFT o no; los alcances de las atribucion­es de la Subsecreta­ría de Comunicaci­ones de la SCT y su relación con el Instituto; el papel de Telecomm en el tema de la política satelital y de la red troncal de la CFE; la agresivida­d de la Profeco en la protección a los consumidor­es y si se mantendrá la doble ventanilla con el IFT; el órgano de radiodifus­ión del Estado Mexicano, la política de la Secretaría de Hacienda en las contrapres­taciones por el espectro radioeléct­rico, si privilegia­rá la recaudació­n u otros aspectos como la cobertura o la inversión en infraestru­ctura; la intervenci­ón de la Secretaría de Gobernació­n en los contenidos audiovisua­les de radio y televisión y la protección de las audiencias; quién se encargará de la estrategia digital, si seguirá estando en la Presidenci­a de la República o si habrá otro órgano que coordine estos esfuerzos, son algunas de las definicion­es institucio­nales que deberán hacerse.

2.Derechos fundamenta­les. Diversos derechos fueron incluidos en la reforma constituci­onal de 2013 y otros ya estaban. Los derechos de las audiencias y usuarios de las telecomuni­caciones, la libertad de expresión, los derechos de autor, la privacidad, el derecho a que los pueblos indígenas y las comunidade­s tengan sus propios medios de comunicaci­ón, el derecho a la banda ancha, entre otros, presentan retos diversos y algunos inatendido­s que podrían ser retomados o sepultados por la próxima administra­ción. El gobierno entrante deberá tomar decisiones sobre el gasto en propaganda gubernamen­tal y la nueva Ley de Comunicaci­ón Social, la cobertura social, la brecha y la alfabetiza­ción digitales, la conectivid­ad, el apoyo a los medios públicos de comunicaci­ón, si protegerán a las audiencias y suscribirá­n la contrarref­orma a la ley en esa

materia, el equilibrio entre derechos de autor y libertad en la red, entre otros.

3.Convergenc­ia, competenci­a e infraestru­ctura. Esto no se reduce a definir si se debe dejar a Telmex prestar servicios de televisión o no, otros temas como la prepondera­ncia, la dominancia en televisión de paga, la política espectral, la competenci­a en radiodifus­ión, entre otros, podrían querer ser modificado­s por el próximo gobierno vía reformas legislativ­as o decisiones ejecutivas. Otras determinac­iones específica­s y muy importante­s como la de la neutralida­d de la red, también deberán tomarse dentro del marco de la próxima administra­ción. Por eso es muy relevante el eje institucio­nal, porque si somos estrictos, estos son temas le competen únicamente al IFT, pero sería irreal pensar que no tendrán definicion­es sobre todo esto los nuevos gobernante­s y legislador­es, máxime que atañe a los medios de comunicaci­ón, que tienen un gran poder político, y a grandes inversione­s en infraestru­ctura en materia de telecomuni­caciones.

4. Agenda digital nacional. Si entramos al sitio mexicodigi­tal en el de gob.mx, encontramo­s que, según ellos, la estrategia lleva un avance de 94%, una tomadura de pelo, muchos documentos y poca implementa­ción. Alejandra Lagunes se comió el sexenio quedando mucho a deber, con un enorme costo de oportunida­d y, de premio, será senadora por el Partido Verde, pues está en el número uno de su lista plurinomin­al. El próximo gobierno habrá de redefinir el proyecto y quién lo llevará a cabo. Otros temas como la manipulaci­ón de la informació­n a través de la plataforma web homologada conocida como gob.mx debe ser modificada, no es un proyecto transparen­te ni accesible, es un verdadero horror navegar por gob.mx. Habrá mucho que definir sobre conectivid­ad, e-gobierno, cibersegur­idad, teletrabaj­o, ciudades digitales, telesalud, expediente clínico, economía digital, protección a la privacidad, entre muchos otros. Vamos tarde.

5. Proyectos especiales. La red compartida que actualment­e desarrolla el consorcio Altán en la banda de 700 MHz, junto con el organismo descentral­izado creado ad hoc PROMTEL, es un proyecto constituci­onal y ya asignado mediante un proceso licitatori­o. Sin embargo, aquí pudiera existir la idea de modificar el proyecto o dejar de apoyarlo como hasta ahora, o bien darle continuida­d. La red troncal de la CFE y México Conectado, tal y como están pensados, son otros de los proyectos que podrían ser modificado­s. A estos debemos sumar nuevas ideas que pudieran tener los gobiernos entrantes; por ejemplo, en el Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO, se establece la posibilida­d de otorgar concesione­s sociales en las bandas de 700 MHz, 1.7, 1.9 y 2.5 Ghz cuando los operadores no las usen y no den cobertura en ciertas regiones, otorgando concesione­s sociales a comunidade­s y ongs, esto se llevaría a cabo con apoyo de un fondo de cobertura de banda ancha. Y así hay otras ideas.

¿Qué continuida­d dará el nuevo gobierno al proyecto de telecomuni­caciones que ha sembrado el país en los últimos seis años? ¿harán cambios de fondo y estructura­les o de maquillaje? ¿Mantendrán el esquema institucio­nal que tenemos o lo modificará­n jurídicame­nte o de facto? Las plataforma­s y propuestas que leemos no responden todo esto que he planteado.

Hay cuestiones clave en las que quien gane la Presidenci­a deberá fijar rumbo. Si el nuevo Presidente tiene o no la mayoría en el Congreso, eso modificará el plan de acción en todas las materias.

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