Congruencia ante los migrantes
Tradicionalmente nuestro país ha sido lugar de acogida para perseguidos políticos, refugiados y migrantes en busca de mejores oportunidades de vida. Por esta labor humanitaria, durante décadas México fue elogiado.
No obstante, hoy el panorama parece ser muy distinto. Si alguna vez en las instituciones migratorias reinó el criterio de la defensa irrestricta de los derechos humanos, hoy pareciera, acusan, que existe una política explícita para criminalizar a los migrantes centroamericanos radicados en México.
Y aunque no se pueda, lógicamente, hablar de la existencia de una política de este tipo, cifras oficiales en torno al fenómeno migratorio en la frontera sur son coherentes con dicha hipótesis: entre 2013 y 2016 en la frontera sur de México hubo 411 detenciones y 354 deportaciones diarias de centroamericanos.
Según el informe Criminalización de Mujeres Migrantes. Análisis de seis casos en la frontera sur, del Instituto Nacional de Migración, las detenciones de indocumentados aumentaron sustancialmente en cuatro años, con 86 mil 298 casos en 2013; 127 mil 149 en 2014; 198 mil 141 en 2015 y 188 mil 595 en 2016. Lo mismo sucedió con las deportaciones, que se incrementaron de 80 mil 902, en 2013, 107 mil 814 en 2014, 181 mil 163 en 2015 y 147 mil 370 en 2016. Cifras que en varios casos rebasan el número de deportaciones de mexicanos que Estados Unidos llevó a cabo en 2017: 128 mil 765.
Para decirlo pronto, pareciera que, para nuestra desgracia nacional, en México hemos aprendido bien de nuestro vecino del norte, a quien exigimos un trato digno a nuestros connacionales que viven y trabajan allá, mientras somos incapaces, vaya incongruencia, de brindárselo a quienes llegan de naciones hermanas, por cierto con fuertes problemáticas sociales.
Y cuando se habla de migrantes mujeres, que además son mayoritariamente indígenas y no hispanohablantes, los niveles de discriminación y criminalización pueden dispararse exponencialmente, porque así lo favorecen las condiciones sociales. Justamente en el informe se indica que las detenciones arbitrarias y la vinculación con delitos penales es una de las maneras en las que se violentan los derechos de las mujeres migrantes, la mayoría de quienes fueron privadas de su libertad, procesadas y condenadas por trata de personas, lenocinio o delitos sexuales muchas veces sin que existan pruebas.
Sin duda, la realidad que se vive en la frontera sur es por demás compleja, y es en este contexto que los migrantes —de por sí un sector vulnerable en cualquier sociedad— son presas de un sistema migratorio y de procuración de justicia enquistado de corrupción y abusos. Ante ello el Estado mexicano, si se precia de ser uno de Derecho, debe corregir el rumbo y brindar plena protección al migrante. Estamos a tiempo.