El Universal

Una nación en vilo y con futuro incierto

- Por Solange Márquez Espinoza Doctoranda en Derecho

Menos de 650 días duró el último gobierno de Mariano Rajoy, emanado de una crisis política que durante los últimos años ha mantenido inestable al país. Un trance iniciado y concluido por los ofensivos casos de corrupción al interior de su administra­ción y del Partido Popular (PP), del cual es el líder.

Los diputados españoles votaron una moción de censura que convirtió a Rajoy en el primer mandatario en ser removido de su cargo gracias a este mecanismo constituci­onal de control político. Pero si bien se le dejó fuera del gobierno, el proceso distó mucho de tener la contundenc­ia necesaria para garantizar un próximo régimen con suficiente credibilid­ad. La democracia española inicia así una etapa de gran fragilidad en un entorno mundial ya de suyo suficiente­mente complejo.

La crisis política de estos días no puede entenderse si no nos remontamos a febrero de 2009 cuando la detención de un dirigente del PP destapó la cloaca del hoy conocido como caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de que se tenga registro en España.

Tráfico de influencia­s, cohecho, fraude al fisco, lavado de dinero y asociación delictuosa fueron sólo algunos de los delitos que marcaron la historia de la política española en los últimos años. En 2015 los ciudadanos españoles mostraron su hartazgo por los partidos políticos, por la clase política y su podredumbr­e, y encontraro­n en las elecciones una válvula de escape. Podemos fue la principal fuerza que permitió romper con el histórico bipartidis­mo español —PP-Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— gracias a su discurso radical de izquierda.

Sin embargo, incluso en aquellas caóticas elecciones de 2015, el PP logró una ínfima mayoría que ante la falta de acuerdos dentro de la izquierda (PSOE y Podemos) sería suficiente para mantener a Rajoy algunos años más al frente. Pero su racha de suerte terminó. El conflicto entre Cataluña y el gobierno federal, así como la sentencia judicial emitida por la Audiencia Nacional el jueves 24 condenando a 29 empresario­s y ex políticos del PP le dieron el tiro de gracia a su mandato y quizá también a su propio instituto político. Pedro Sánchez, líder del PSOE, se ha convertido en el nuevo presidente del país.

Tres serán los principale­s retos que enfrentará el nuevo mandatario: 1) Satisfacer las expectativ­as generadas durante el proceso de moción de censura en el que obtuvo el apoyo de los independen­tistas catalanes y vascos que, de esta manera, afianzan su propia agenda a la cual por cierto se ha opuesto abiertamen­te el propio Sánchez; 2) decidir la forma en que habrá de incluir a la izquierda radical de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias en su próximo gabinete, pues su ayuda resultó fundamenta­l para lograr la salida de Rajoy; y finalmente, 3) cumplir con su promesa de “recuperar la normalidad política e institucio­nal, regenerar la vida democrátic­a y atender las urgencias sociales” con una bancada de apenas 84 diputados de un total de 350.

Sánchez encabezará un gobierno con demasiados compromiso­s, poco margen de acción y tan frágil que segurament­e se verá forzado a convocar a elecciones anticipada­s antes de cumplir su mandato establecid­o para 2020. Sin embargo, visto en retrospect­iva, la salida de Rajoy es sin duda una sanción política por la corrupción durante su gestión y del PP, aunque haya tardado más de nueve años en llegar. En España ganó la democracia, pero se mantiene en vilo su estabilida­d y subsiste la incertidum­bre.

La salida de Rajoy es una sanción política por la corrupción durante su gestión y del PP

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