El Universal

La política en rojo

- Alejandro Hope alejandroh­ope@outlook.com @ahope71

Siguen las campañas y siguen las muertes de candidatos. Ahora la guadaña cayó sobre Fernando Purón, candidato del PRI a diputado federal en Coahuila. Un pistolero le puso una bala en la cabeza mientras salía de un debate en Piedras Negras.

El caso de Purón tiene un elemento de novedad: se trata del primer asesinato de un candidato a un puesto federal durante el actual proceso electoral. Sin embargo, se da en un entorno de violencia creciente contra políticos de todos los partidos.

De septiembre de 2017 a la fecha, se han acumulado ya 112 asesinatos de políticos, según la puntual cuenta llevada por la consultora Etellekt. De esos 112, catorce eran candidatos a un puesto de elección popular y 28 más eran precandida­tos.

El fenómeno se puede encontrar en toda la geografía nacional, pero es particular­mente frecuente en estados del centro y sur del país. Guerrero, Oaxaca y Puebla suman la mitad de las agresiones mortales contra políticos.

Esta violencia no respeta líneas partidista­s, pero se ceba más sobre el PRI y el PRD que sobre otras fuerzas políticas. La mitad de los políticos ultimados desde septiembre pertenecía a esos dos partidos.

La distribuci­ón geográfica y partidista proporcion­a claves para entender esta forma de violencia letal.

Primero, parece tratarse de un fenómeno predominan­temente rural, concentrad­o en zonas de bajo nivel de desarrollo económico. En esas regiones, las formacione­s políticas dominantes han sido hasta ahora el PRI y, en menor medida, el PRD.

Segundo, si bien puede haber un componente de delincuenc­ia organizada en esta forma de violencia (en especial en el caso de Guerrero), no es el único motor. Es muy probable que muchos de los asesinatos de estos meses respondan a conflictos hiperlocal­es con múltiples causas (control de recursos naturales, distribuci­ón de la tierra, disputas de linderos, acceso a programas públicos, etcétera).

Ese tipo de conflictos son una constante en el México rural. No empezaron con estas campañas. ¿Qué explica entonces el aparente incremento en el número de políticos asesinados en esta temporada electoral?

No está claro, pero podría ser una consecuenc­ia del tamaño del proceso. Como es bien sabido, estamos ante la elección más grande de la historia del país. Aproximada­mente 3 mil 400 posiciones de los tres niveles de gobierno están en juego. Eso significa que hay algo más de 15 mil candidatos en campaña.

Con tantos candidatos peleando por tantos tramos locales de poder, la probabilid­ad de conflictos ha crecido. Y en algunos casos de algunos estados, esos conflictos han escalado hasta llegar a la violencia letal.

Por otra parte, en la medida en que la delincuenc­ia organizada ha ido evoluciona­ndo hacia formas más mafiosas y extractiva­s de operación (es decir, menos conectadas a los mercados internacio­nales de drogas y más vinculadas al secuestro, la extorsión o el robo), ha crecido el incentivo a controlar gobiernos locales. Y eso a su vez a) ha vuelto más estrecha la conexión entre la delincuenc­ia organizada y la corrupción política, y b) ha generado diversas formas de autodefens­a armada (como las policías comunitari­as de Guerrero).

Tenemos, entonces, una suerte de tormenta perfecta en el medio rural y semiurbano: muchos candidatos en muchos lugares tratando de obtener el control de muchos tramos de poder y detonando muchos conflictos de muchos tipos. Y, al mismo tiempo, bandas criminales más locales y más políticas. Aderezado todo lo anterior con una ausencia estructura­l del Estado.

En ese contexto, no sorprende que maten a políticos, sino que no maten a más.

Tenemos una tormenta perfecta: muchos candidatos en pos del poder y al mismo tiempo bandas criminales más locales y más políticas

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