“Segundos pisos” fueron apegados a la ley, afirman
• Grupo Riobóo confirma contratos con AMLO • Sólo se entregaron planos y estudios, anuncia
Grupo Riobóo, empresa del ingeniero José María Riobóo Martín, informó que sí participó en las obras para construir los “segundos pisos” de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, pero aseguró que no recibió ningún trato preferencial y todo fue apegado a la ley.
En un comunicado detalló que se le otorgaron contratos vía asignación directa del gobierno, “debido a que resultaba la solución más económica y conveniente al interés público” y sólo podía ser otorgada al grupo debido a que los prototipos prefabricados están protegidos por modelos y patentes de utilidad regulados por la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.
Afirmó en ese sentido que la asignación realizada por el entonces gobierno del Distrito Federal “fue legal”.
Grupo Riobóo dijo que no realizó ningún tipo de construcción en los “segundos pisos”, y solamente entregó estudios, planos y especificaciones bastante detalladas dado el tipo de proyecto.
Posteriormente, detalló que para los proyectos del Viaducto Bicentenario en el Estado de México y las Autopistas Urbanas Norte y Sur, Riobóo fue contratada directamente por las empresas privadas que ganaron la construcción y las concesiones, sin intervención de ninguna autoridad nacional.
El martes, en el debate de los candidatos a la Presidencia, Ricardo Anaya señaló “falsamente”, de acuerdo con Riobóo, que este grupo, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue favorecido, sin licitación, al recibir contratos por 170 millones de pesos”.
La empresa aclaró que son firmas de diseño de ingeniería especializada o de gerenciamiento, coordinación o supervisión. En pocas palabras: no es constructora.
“Por convicción y compromiso con México jamás ha aceptado, ni aceptará, participar en actos indebidos ni de corrupción; por tanto, cualquier afirmación en contrario es falsa, malintencionada que, de reiterarse, tendrá que acreditarse y probarse en juicio”, apuntó.
Durante los años 2000 a 2005, Riobóo S.A de C.V. participó en diversos procesos de asignación de contratos públicos, como licitaciones o asignaciones directas, en los ámbitos federal, estatal, municipal y en el entonces Distrito Federal.
De los procesos licitatorios relacionados con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la empresa dijo que el proyecto “presentaba retos de alta complejidad”, y formaron parte del proceso licitatorio, junto con un grupo con empresas de altísimo nivel, pero la autoridad determinó que no continuarían en el mismo, decisión que fue asumida con responsabilidad.
Luego fueron invitados por López Obrador a encontrar una solución alternativa, más barata y menos compleja, que sirviera como un nuevo centro aeroportuario, con una inversión que fuera menos costosa para el erario.
“Así, en un esfuerzo meramente científico, se realizó un estudio técnico, basado en una profusa investigación y análisis, que, a la postre, fue
“Los contratos fueron entregados vía asignación directa del gobierno, debido a que era la solución más económica”
“Jamás hemos participado en actos de corrupción; cualquier afirmación en contra es falsa” GRUPO RIOBÓO
publicado y difundido a través de la editorial Porrúa, con la finalidad de difundir nuestra visión y respuesta a un problema vigente de nuestro querido México”, agregó.
Historial aeronáutico. El ingeniero José María Riobóo realizó la propuesta de habilitar la base aérea militar de Santa Lucía como un aeropuerto alterno al actual, proyecto que López Obrador defendió como una alternativa a la construcción del NAIM.
Aunque no sólo se vio favorecido con proyectos durante la gestión de López Obrador, sino también de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. La esposa del proyectista es Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.
En 2013, el tribunal frenó un juicio de nulidad en contra de la Supervía, resolución por la que se acusó a Yasmín Esquivel de conflicto de interés, pese a ello, dos años después fue ratificada en el cargo.