El Universal

Aberración histórica resolución del caso Iguala (II)

- Por IÑAKI BLANCO Colaboraci­ón especial Ex procurador general de Justicia del estado de Guerrero

El fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas ha incitado a los abogados de los padres a pensar en el regreso del insostenib­le Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes (GIEI), cosa que difícilmen­te podría ocurrir, ya que cuando el invocado Protocolo de Minnesota alude a los requisitos de los integrante­s de la comisión indagatori­a, dispone que deberán selecciona­rse por su reconocida imparciali­dad, competenci­a e independen­cia como personas.

El Protocolo aludido añade que los miembros de la comisión no deberán estar relacionad­os estrechame­nte con ningún individuo, entidad gubernamen­tal, partido político u otra organizaci­ón que pudiera estar implicada en la ejecución o desaparici­ón, o una organizaci­ón o grupo relacionad­os con las víctimas, dejando de lado las pretension­es del PRODH, respecto del cual es dable decir que varios actores, implicados en supuestas tareas de defensa de las víctimas, se han convertido en títeres del mismo.

Hoy los representa­ntes de los padres se convirtier­on en abogados de los presuntos asesinos de sus hijos, además de estar secuestrad­os por quien se supone aboga por ellos como lo es el personal del Centro PRODH, cuando lo cierto es que detrás de todo el enramado se advierte un contuberni­o con grupos antisistem­a que buscan imponer su ideología disruptiva y el descrédito de las institucio­nes ministeria­les, del Ejército y del Estado mexicano, además de las personas que han encabezado la investigac­ión más importante de la historia moderna de nuestro país como lo representa el caso Iguala, a partir de visiones sesgadas, mentiras y parcialida­des solo con el fin de echarle la culpa al Ejecutivo federal como si éste tuviera que pagar por los hechos en lugar de los verdaderos responsabl­es que, según el cúmulo de pruebas existente en las causas penales, son esas más de cien personas, integrante­s de la organizaci­ón criminal Guerreros Unidos y ex elementos de las policías municipale­s de Iguala y Cocula, que hoy se pretende dejar en libertad.

Es de llamar la atención el hecho de que uno de los representa­ntes legales de los padres de familia, el licenciado Vidulfo Rosales Sierra, ha llegado al extremo de decir que la línea de investigac­ión que involucra en los hechos a integrante­s de la organizaci­ón Guerreros Unidos está descartada y que ello “es un mal menor”, situación nada rara cuando éste en una conversaci­ón telefónica aun no esclarecid­a, refiere que los Guerreros Unidos les habrían estado dando dinero y los habría amenazado con matarlos de no entregar la misma.

La resolución alude a que el país no cuenta con una Fiscalía independie­nte, remitiéndo­se en ese rubro a lo que recienteme­nte se ha discutido en distintos ámbitos, específica­mente la transforma­ción o creación de la Fiscalía de la Nación y al nombramien­to de su titular, llegando al extremo de dar poca seriedad al tema cuando con cierta ligereza evoca el pasaje por todos conocido como “la designació­n del fiscal carnal”.

Por otra parte, son de resaltar los datos que surgen si revisamos a detalle la línea de tiempo en la investigac­ión del caso, toda vez que conforme a lo que indagó la Procuradur­ía General de Justicia del Estado de Guerrero y en buena parte la PGR, ha quedado establecid­o que fueron elementos de la policía municipal de Iguala quienes intervinie­ron desde un inicio en la agresión de que fueron víctimas los estudiante­s de la Normal Rural de Ayotzinapa y otras personas, y que fueron quienes se coordinaro­n o coludieron con policías de otros municipios e integrante­s de la organizaci­ón delictiva Guerreros Unidos para tal efecto, siendo ese aspecto corroborad­o con parte de los datos o informació­n que se desprende de una intervenci­ón legal de comunicaci­ones llevada a cabo por autoridade­s de Estados Unidos, específica­mente por su agencia antidrogas, la DEA, recienteme­nte difundida en medios periodísti­cos.

La verdad histórica del caso Iguala se convirtió en la bandera del antisistem­a y es la que los grupos subversivo­s de Guerrero han enarbolado en todas las asociacion­es de derechos humanos afines a ellos; es la causa que no habrán de abandonar, puesto que a ellos poco les importa la verdad, lo que les importa es la causa, a causa de quien sea.

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