Una sentencia que cambia la historia
Hace unos días, un Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa, Tamaulipas, emitió una sentencia que ha generado muchísimos comentarios en los medios de comunicación y diversas reacciones políticas. Se trata del pronunciamiento que resuelve varios juicios de amparo promovidos por personas imputadas en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
En general, los análisis de la sentencia han sido bastante críticos (con las notables excepciones de los brillantes artículos de Hugo A. Concha Cantú y de Carlos Pérez Vázquez, en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL), ya que se piensa que los magistrados fueron más allá de sus atribuciones al ordenar la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, la cual tendrá que estar integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y los familiares de los 43 desaparecidos.
Mi lectura de la sentencia es distinta a la de sus críticos. Se trata no solamente de una sentencia histórica, sino de una prodigiosa construcción jurídica. La argumentación de la sentencia es muy sólida y deberá ser objeto, en el futuro, de un minucioso análisis de los especialistas. Pero por lo que interesa a los amables lectores de esta columna, que quizá tengan intereses que van más allá de los temas estrictamente jurídicos, lo cierto es que la sentencia desnuda a la procuración y administración de justicia en el país.
En las páginas de la sentencia se hace un repaso extremadamente minucioso de todos los atropellos, de todas las barbaridades, de todos los abusos que las autoridades cometieron después de la desaparición de los 43 normalistas. Abundan las referencias a las detenciones arbitrarias, a la incomunicación de detenidos, al retraso en su puesta a disposición ante el Ministerio Público, a las torturas, a la falta de una defensa adecuada, a la tergiversación de los hechos y un largo catálogo de violaciones legales de todo tipo.
En parte, los atropellos de las autoridades mexicanas (desde la Marina hasta la PGR), ya habían sido puestos de manifiesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En sus respectivos informes se aportaban evidencias de torturas a los detenidos y de la forma abusiva en la que se habían realizado las investigaciones, con el objetivo de construir una “verdad histórica” que estaba sostenida con hilos, y que la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa acaba de tumbar de manera inequívoca.
En la sentencia se narran sucesos que, si no fueran derivados de un caso tan trágico, causarían risa. Por ejemplo, las autoridades refieren que las lesiones que presentan dos detenidos es porque cuando los subieron al vehículo oficial en el que se les trasladaba, se pelearon entre ellos. Otros dos resultaron lesionados porque estaban ebrios al momento de la detención, intentaron huir de las autoridades y se cayeron, produciéndose toda clase de lesiones. En otro caso las autoridades justifican que de Cuernavaca a la Ciudad de México hayan tardado 11 horas y media en trasladar a unos detenidos, argumentando que se les ponchó una llanta, luego se les calentó el vehículo (razón por lo cual tuvieron que detenerse cada 20 o 30 minutos) y además había varias marchas ese día en la capital de la República. Increíble.
Respecto de las lesiones, la sentencia acredita mediante los dictámenes médicos que obran en el expediente, que se iban incrementando: los detenidos presentan diversas lesiones cuando son entregados al Ministerio Público y conforme pasan las horas dichas lesiones van creciendo (como producto de la tortura, cabe señalar), sin que sus abogados defensores en algún momento reclamen por el estado físico desastroso de sus defendidos.
Todo ello debería hacer reflexionar a los críticos de la sentencia no solo respecto a los efectos de la misma, sino sobre la cantidad de atropellos cometidos por las autoridades.
En todo caso, tanto si estamos de acuerdo con su contenido como si no, lo cierto es que se trata de un documento que pasará a la historia jurídica del país y que debe ser leído, analizado y difundido por todos nosotros. Desde mi punto de vista, es una pieza que ya nadie puede ignorar en la búsqueda de la verdad y la justicia para los 43 desaparecidos de Guerrero y sus familias.