Bailan en código ético empresarial
En semanas recientes, para no ir lejos, se mostró el desdén de las grandes empresas a los capítulos cuarto y quinto: “Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos” y “Libertad en la participación política de los trabajadores”.
En el primer caso se hablaba de que las compañías deberán evitar cualquier incumplimiento con las leyes electorales en materia de aportaciones, ya sean en especie, efectivo o donativos, directa o indirectamente, a partidos políticos, campañas electorales o a cualquier organismo, sindicatos o cualquier tipo de entidad pública o privada relacionada con actividades políticas.
La pregunta es si alguna firma se atrevería a lanzar la primera piedra por más que las dádivas se esconden vía complicados artilugios o sofisticadas maniobras contables, aún cuando en algunos casos se entregan facturas.
La incidencia mayor en el pase de charola, en adición a las prerrogativas entregadas por el INE, está en el PRI y el PAN a todos los niveles, desde la Presidencia de la República hasta gubernaturas, senadurías, alcaldías, diputaciones federales y locales.
El código, realizado con participación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Thomas Heather, y los Colegios de Abogados, incluida la Barra Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, solicitaba también poner controles para evitar aportaciones o donativos indirectos, en efectivo o especie, a nombre de la empresa o a través de los colaboradores, directivos o accionistas de la misma.
La veda alcanzaba incluso a fundaciones, asociaciones o empresas ligadas a funcionarios públicos.
En el otro caso la infracción fue más que evidente en los escándalos provocados por directivos del Grupo México, Herdez, la cadena Serrano, La Vasconia, Aeroméxico…
El capítulo prohibía interferir en la participación política de los colaboradores de las empresas, salvo que ellos interfieran en la vida y desarrollo de su operación, o en el cumplimiento de obligaciones laborales y patronales, lo que evidentemente no era el caso en la andanada a no votar por el candidato de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador.
El texto hablaba letra por letra que “las empresas deberán respetar las preferencias, incluso militancias políticas de sus colaboradores, sin influenciar, interferir o restringir la participación que individualmente ejerza cualquiera de sus colaboradores en temas políticos sea a nivel federal, estatal o municipal”.
Como usted sabe, en 2006 el propio Consejo Coordinador Empresarial patrocinó la campaña en medios que colocaba al entonces candidato de una coalición encabezada por el PRD como un peligro para México.
El escenario obligó a legislar para prohibir comprar spots de propaganda política por parte de particulares.
El CCE, 12 años después, respondió con su Código. Aunque, la figura no provee más sanción que la exhibición pública de las infractoras, por paradójico que el organismo defendió a éstas.
Letra muerta.
Balance general. En demostración de que en todos lados hace aire, el gobierno panista de Baja California Sur que encabeza Francisco Vega está desahogando una licitación para sistemas de videovigilancia que está cruzada por la sospecha.
Hete aquí que para sorpresa de los participantes durante la última junta de aclaraciones se les informó de una cláusula no anotada de la licitación, por tanto ilegal, que obligaba a mostrar la certificación de la National Emergency Number Association (NENA), con la novedad de que sólo uno de ellos la tiene.
Estamos hablando de la empresa Baja Net que controla Ariel Picker, dueño también de la compañía Seguritech, a quien en 2016 se le adjudicó el mismo contrato.
El caso es que éste fue rescindido por no cumplir con los requerimentos estipulados. El empresario opera en al menos 20 entidades federativas.
La posibilidad incluye el llenado C5, es decir cámaras de video, botones de pánico, video Walls y anillos de fibra óptica. El fallo se hará público el próximo lunes.
Gel a Oceanografía. Después de 25 años de litigio, se le obligó a Oceanografía, con participación de la fuerza pública, a devolver un predio a la empresa Exincomer, dejándolo, por la pronto, en custodia de la Administración Portuaria Integral de Ciudad del Carmen, Campeche. La resolución había quedado firme vía una sentencia emitida por el juez del concurso mercantil, de la contratista en Pemex, Felipe Consuelo Soto, con una larga temporada de desacatos.
En el asunto había intervenido el Congreso, tras denuncias internacionales en condena del despojo. El gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, no le ha dado aún el derecho de audiencia a la empresa, pese a que 90% de las acciones de la Administradora Portuaria Integral pertenecen al gobierno estatal, y pese a que la sentencia obliga a pagarle a Exincomer el monto derivado del usufructo de su terreno.
Bendición. Ausente el presidente Enrique Peña Nieto en la toma de posesión de José Manuel López Campos como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la directiva de ésta acudirá a Los Pinos a recibir la unción.
El caso es que de acuerdo al protocolo, el presentador deberá ser el presidente saliente, Enrique Solana Sentíes, quien violentó los estatutos al quedarse cuatro años en el cargo, a pretexto de una prohibición judicial para realizar una asamblea general ordinaria.
Naturalmente, sin ésta había opción para nombrar un interino. Solana fue blanco de acusaciones de manejo poco claro de los recursos de la cúpula empresarial.
Volado. Este jueves, a la una de la tarde, el pleno del Banco de México decidirá si mantiene o eleva la tasa de 7.5% ante el escenario de volatilidad del mercado cambiario por la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el escenario político. De optar por una nueva alza ésta sería de 25 puntos base, es decir en elevarse a 7.75%.
Nuevas certificadoras. Con la aprobación de la Entidad Mexicana de Acreditación encabezada por Jesús Cabrera, esta mañana se presentan en sociedad cinco nuevos organismos y laboratorios.
Estos certifican estrictamente productos con denominación de origen, así el chile habanero de la Península de Yucatán: el mango Artaulfo del Soconusco Chiapas; la vainilla de Papantla; la charanda de Michoacán, y el sotol de Chihuahua, Coahuila y Durango. Hasta hoy, son ya 16 las instancias integradas al tema.
El año pasado, a promoción del Consejo Coordinador Empresarial en la coyuntura de una larga lista de complicidades de empresas privadas en actos de rapacidad de gobiernos estatales y aún el federal, se lanzó a los cuatro vientos un Código de Integridad y Ética Empresarial que hasta hoy ha resultado letra muerta.