Nulidad electoral
Las campañas concluyen y se acerca el día del sufragio, parte fundamental del proceso electoral. Bajo cualquier escenario, hay un saldo poco atendido, funesto y lamentable: 120 políticos han sido asesinados, casi todos víctimas de la delincuencia organizada. Perdieron la vida a balazos, emboscados por criminales, incluso en actos públicos.
Son horas de dolor y sufrimiento para sus familias y seres queridos. Vidas de esperanza que se convirtieron en tragedia, participación política que concluye con la trágica pérdida de un padre, de un hijo, de una esposa o de un hermano.
Son 120 vidas de personas relevantes en sus comunidades, en riesgo también de ser olvidadas si nada hacemos en el contexto nacional para llevar la indignación personal al plano de la reacción y la movilización social que haga ver a las autoridades una exigencia real de justicia y de emprender investigaciones y acciones a fondo.
Las razones de estos brutales ase- sinatos las podemos ver en el claro crecimiento del poder de los grupos de la delincuencia organizada que controlan los mercados de la droga. Los candidatos masacrados no se sometieron a los mandatos de los capos de la droga o fueron considerados por éstos como sus enemigos.
En cualquier caso, estos grupos de delincuentes se han convertido en dueños de la seguridad y la vida de los habitantes de vastas regiones del país y han matado a quienes no les gustaban como candidatos, no sólo por muy probables omisiones de autoridades, sino con la complacencia y coparticipación de algunas.
La vida trunca de estos 120 mexicanos que aspiraban a tener una responsabilidad y desempeño público, se integra a la pérdida de decenas de miles de otras vidas humanas a manos de la delincuencia. ¿Lo seguiremos permitiendo sin levantar siquiera una fuerte voz de protesta? ¿Puede ejercerse la libertad de elegir a nuestros representantes frente a tanta violencia e impunidad?
En los más de cien municipios y distritos electorales donde han ocurrido estos extremos de violencia criminal y política cabría anular los re- sultados bajo la fundada posibilidad y probabilidad de que los nuevos candidatos hayan sido impuestos por los asesinos de las víctimas.
Podrían ser nombrados consejos municipales que intervinieran en la administración local, establecer el mando único con policías federales y estatales, enviar agentes investigadores desde la capital y, aprehendidos y sujetos a proceso los capos y autores materiales de los crímenes, abrir procesos electorales confiables y sin la distorsión política esencial que suponen estos 120 atentados criminales organizados contra candidatos a puestos de elección popular.
Si aceptamos la violencia como una parte de la normalidad y al narco asociado con políticos en campaña como una expresión tolerable de la vida nacional estaremos afectando gravemente a la democracia en México. No deberíamos seguir incorporando la fatalidad a nuestra genética social hasta sentir irremediables estas expresiones de la violencia, ni transitar de la impotencia al conformismo ante la impunidad o la corrupción.
Si 120 personas en diferentes municipios del país fueron brutalmente eliminados hay un severo desafío ge- neral a la sociedad y al Estado, un mensaje criminal hacia a toda la nación: o se transige con la delincuencia o ésta elimina a los opositores al avance del narcoestado, de la violencia, de la impunidad y la corrupción.
Quienes se identifican con el fatalismo y la aceptación de estos hechos como si fueran “normales” tienen a su alcance en estos días la lección de un puñado de deportistas que han demostrado capacidad y actitud para derrotar al campeón mundial de futbol. Es una bella metáfora de que la adversidad y los malos resultados no tienen que ser para siempre. Otras personas, muchas igual de jóvenes que los del seleccionado nacional, demostraron también, tras los sismos del 19 de septiembre, que ser solidarios cambia positivamente las relaciones sociales.
Tomemos estos y otros ejemplos que definen a México. Inspirémonos en las mejores muestras de solidaridad y unión, superemos retos y obstáculos, construyamos un país verdaderamente democrático que valora la paz, el avance de la legalidad y la justicia y que no relega al olvido o al miedo a quienes creyeron en él.