Cofece impone multas, pero sufre para cobrarlas
Desde su creación, Cofece ha castigado a varias empresas por 4 mil 500 mdp; sin embargo, no ha cobrado a causa de los amparos que tramitan las firmas y que aún se litigan
Hace casi cinco años, en octubre de 2013, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa a cinco empresas avícolas y a la Unión Nacional de Avicultores (UNA) por prácticas anticompetitivas que provocaron alza en los precios del pollo en 2008 y 2009. La sanción sigue sin cobrarse, las firmas involucradas se ampararon y aún no se concluyen los juicios ante tribunales.
Se acusó a Bachoco, Pilgrims, San Antonio, Pollos de Querétaro y a Tyson de que, con la intermediación de la UNA, intercambiaron información y llevaron a cabo acuerdos que significaron prácticas monopólicas que causaron un daño por 107 millones de pesos, al ocasionar sobreprecios de 32% para el consumidor, por lo que se les multó con 132 millones de pesos.
Fue en 2017 cuando el Poder Judicial de la Federación terminó con los primeros casos y negó el amparo a Tyson Operaciones y le confirmó la sanción por 19.6 millones de pesos por colusión en la producción, distribución y comercialización de pollo, de acuerdo con la Cofece.
Hay litigios que siguen su marcha como el de Bachoco y otros más que siguen en tribunales, pero hubo casos a los que se les quitó la multa, explica la especialista en competitividad del despacho White & Case, Claudia Lelo de Larrea.
La experta dice que tal parece que la imposición de multas y los procedimientos judiciales son es el pan de todos los días en la Cofece.
Aunque son pocas las sanciones que se imponen, el monto de las multas es fuerte, el cual llega a ser de hasta 10% de los ingresos anuales de una empresa, pero éstas toman tiempo en cobrarse, de acuerdo con los reportes de la autoridad reguladora.
El reporte mensual de la Cofece detalla que se tenían 1.3 juicios por día, considerando que en abril existían 493 procedimientos de amparo, aunque para mayo se redujeron a 416, porque unos se resolvieron y otros se desecharon o se suspendieron.
En abril de 2018 dos se negaron y 79 se suspendieron por falta de causas. En estos se consideran 11 en los que se confirmó la legalidad de las decisiones de la autoridad reguladora. Además de que se solucionaron 188 casos referentes a unas imputaciones que hicieron gasolineros sobre el incremento en el precio del combustible, que desechó el Poder Judicial.
Las multas. Desde el inicio de operaciones de Cofece, en septiembre de 2013, se registran incrementos en multas, como la de mil millones de pesos que castiga a 15 agentes económicos del sector de las Afore, como Sura, Principal, Profuturo, Afore Siglo XXI, entre otros, por no realizar el traspaso de cuentas para repartirse el mercado.
Se suman los 581 millones contra siete navieras entre ellas K-line, MOL, Mobusa, NYK o WWL, que crearon un cártel para subir los precios de transportar automóviles, vehículos para la construcción y sector agropecuario.
Sin embargo, no todas las multas son cobradas, debido a los amparos que promueven los involucrados o porque se llegan a arreglos de pago con la comisión, según fuentes del sector que pidieron anonimato.
Añadieron que una cosa son las multas que se hacen públicas y otra son las que verdaderamente se imponen, resultado de acuerdos entre las empresas y la autoridad regulatoria.
Si se considera el inicio de operaciones de la Cofece y hasta mayo de 2018 “se contabilizan 4 mil 500 millones de pesos en sanciones por la realización de conductas anticompetitivas”, expuso la institución.
Sólo en 2017 se impusieron 3 mil 656 millones de pesos como sanción en seis casos resueltos, cifra superior a lo visto en los últimos cuatro años; 309 millones un año antes; 76.5 millones en 2015; otros 253 millones en 2014, y 130 millones en 2013.
Lelo de Larrea afirma que las multas son altas, siempre acorde a la capacidad de los agentes económicos, con el fin de que puedan afrontarla y nunca es mayor a 10% de los ingresos anuales de una empresa, según se estipuló en la Ley Federal de Compe- tencia Económica que se publicó en mayo de 2014.
Una gran cantidad de multas se llevan a litigio por las empresas, además de que hay cárteles internacionales que operan sin domicilio en México y no hay manera de cobrarles.
“Hay un caso muy sonado de compresores de aire acondicionado para autos, de un cártel internacional, la multa se impuso pero nunca se cobró, porque no tenían domicilio en el país”, en ese caso estuvo Whirlpool.
De acuerdo con las fuentes, no existe un seguimiento que muestre cuántas multas se cobran, cuáles se redujeron o cancelaron, en parte por cuestiones de secrecía y porque el cobro está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y éste no da información sobre cuánto y quién pago una multa de la comisión.
Sin embargo, la misma comisionada presidente de la Cofece, Alejandra Palacios, ha dicho que la “mayoría” de las empresas llevan las multas a litigio ante el Poder Judicial. Lo que sí señaló la Cofece es que gana 83% del total de los casos sobre competencia ante tribunales especializados.
Pagos. Si bien no existe información pública de cuánto pagó cada empresa o si se le condonó la multa, el monto total de las sanciones cobradas por el SAT desde 2014 a la fecha es de mil 424.6 millones de pesos, cifra que incluye fallos del pleno entre 2010 y 2017.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2016 sólo 19 agentes económicos pagaron “de manera voluntaria” y sin ir a juicio 37 millones de pesos, mientras que 78 millones se obtuvieron como parte de las gestiones del SAT.
La ASF contabilizó que hasta 2016 “las multas pendientes de cobro correspondientes a ese ejercicio y años anteriores ascendieron a 219 millones de pesos” contra 94 agentes económicos. Lo que puede llevar a pensar que la mayoría estaban en litigio.
Solamente en ese año se determinaron multas por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica por 309 millones de pesos contra 42 agentes de seis sectores económicos a los cuales se les comprobó su participación en prácticas monopólicas absolutas o relativas y por concentraciones ilícitas.
La solicitud de adhesión al programa de inmunidad es para la Cofece otra manera de lograr el compromiso de las empresas de que no volverán a incurrir en prácticas anticompetitivas, además de que para las firmas es una forma de evitar la sanción.
En 2013 en el programa participó una empresa, para 2014 la cifra de participantes incrementó a seis y en 2017 fueron 15 compañías.
Prácticas anticompetitivas. Al año son pocas las resoluciones que terminan en sanción por parte de la Cofece, primero porque sólo existe personal para llevar de manera simultánea 25 estudios.
Muchos otros casos se declaran no procedentes al no encontrarse elementos que permitan comprobar las prácticas monopólicas absolutas o relativas. Prueba de ello es que de los 46 casos que resolvió la comisión en 2017, 38 se consideraron no procedentes y seis terminaron en sanción.
“El problema es que para encontrar los elementos que prueben las prácticas monopólicas no es sencillo. Los agentes económicos esconden estos acuerdos, no dejan constancia por escrito, lo hacen de la manera más oculta para que la comisión no los llegue a sancionar”, dice Lelo de Larrea.
El problema es que en la mayoría de los casos se usan claves para aumentar precios, lenguajes ocultos, apodos, se segmentan los mercados por colores, entre otras prácticas que se registran en Estados Unidos, Europa y en el mundo. Con el grave problema de que la mayoría de las veces los que pagan el alza de los productos son los consumidores.
“El problema es que para encontrar los elementos que prueben las prácticas monopólicas no es sencillo. Los agentes económicos esconden estos acuerdos, no dejan constancia por escrito, lo hacen de manera oculta”
“Hay un caso muy sonado de compresores de aire acondicionado para automóviles, de un cártel internacional, la multa se impuso pero nunca se cobró, porque no tenían domicilio en el país”
CLAUDIA LELO DE LARREA
Especialista en competitividad del despacho White & Case