Repensar el financiamiento universitario
Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. En campaña, su pronunciamiento a favor de la eliminación del examen de ingreso en las universidades públicas fue controversial en razón de lo que implica para la autonomía de las universidades, así como para su financiamiento. Dos preguntas me surgen al respecto: ¿Cómo lograr un mayor acceso sin un esquema de financiamiento que soporte este compromiso? ¿Cómo ampliar el acceso en condiciones de equidad en las entidades federativas históricamente rezagadas?
La crisis económica de los años ochenta rompió con el financiamiento gradual que se había dado una década anterior ala educación superior. Bajo los principios de la Nueva Gestión Pública —sustentada en la evaluación de la eficiencia de la inversión pública con base en resultados—, se instauraron mecanismos de control en los que el financiamiento universitario se condicionó a la evaluación de su desempeño en términos de calidad, eficacia y relevancia. En esta lógica, se crearon programas de fondos extraordinarios mediante los cuales las universidades comenzaron a competir por el acceso a los recursos.
Los recursos extraordinarios se han utilizado como una forma de complementar los ingresos ordinarios que, en su mayoría, se ejercen en servicios personales. Por ejemplo, 75.6% del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 63% del de la Universidad de Guadalajara (UDG) se destinaron a este concepto. Además no existen criterios claros para su asignación; en muchos casos responde a la capacidad de negociación de rectores, gobernadores, diputados y senadores.
El acceso a recursos extraordinarios ha exhacerbado la competencia entre las universidades. Mientras que algunas instituciones han desarrollado estrategias para responder favorablemente a las convocatorias, otras se han rezagado. Entre 2007 y 2016, 30% de los fondos extraordinarios se concentró en la UDG, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; en 2016 éstas recibieron 33% del presupuesto ordinario de las universidades públicas estatales (UPES). ¿Qué criterios definen dicha asignación? ¿Su matrícula? ¿La investigación realizada? ¿Las características de la planta docente?
A esto se añade la corrupción en la que han incurrido autoridades universitarias; la participación de ocho UPES en un desvío de 3.4 mil millones de pesos, así como las denuncias por enriquecimiento ilícito y peculado hacia el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, dan cuenta de que los problemas financieros se relacionan con la gestión interna de las universidades y con la opacidad en el manejo de sus recursos.
¿Cómo enfrentará este problema el próximo presidente? De seguir con el modelo vigente, las crisis financieras y los conflictos derivados de malas prácticas en torno al ejercicio presupuestal y a la escasa transparencia serán más recurrentes. Existe voluntad por parte de AMLO para incrementar el financiamiento a la educación superior, la ciencia y la tecnología, según lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No obstante, no hay claridad en cómo, con la recaudación actual y las múltiples necesidades que el país demanda, esto pueda lograrse. AMLO está obligado a promover un análisis para replantear el modelo de financiamiento y buscar reducir las brechas en el acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios, así como la posibilidad de transitar a un modelo de financiamiento con proyección plurianual, tal y como lo han señalado los expertos y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en diferentes documentos de orientación de política.