El Universal

Urgente, que AMLO resuelva casos de desaparici­ón: CNDH

• Emite agenda de protección de derechos humanos • Futura titular de Gobernació­n recibe las demandas

- TRANSICIÓN 2018 MARILUZ ROLDÁN —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que “asuma como urgente la atención” al esclarecim­iento de 12 casos, como la desaparici­ón de los estudiante­s en Iguala y las agresiones en Tanhuato y Tlatlaya.

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, entregó la Agenda Básica de Derechos Humanos a la próxima secretaria de Gobernació­n, Olga Sánchez Cordero, quien expresó disposició­n para seguir las recomendac­iones y “para hacer del cumplimien­to y aplicación de la ley, aunado al reconocimi­ento y respeto de los derechos humanos, las pautas que orienten las acciones de gobierno en la próxima administra­ción”.

La CNDH afirmó que en “este entorno de insegurida­d, violencia e impunidad es una expresión clara de que el Estado ha fracasado en la protección de la vida e integridad de los mexicanos”.

Añadió que “nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo. La que necesitamo­s es la que correspond­a a un Estado democrátic­o, sustentada en el respeto a los derechos humanos, así como en el cumplimien­to de la ley”.

En la agenda se definen 140 puntos en materia de derechos humanos. En ella se pide que se “asuma como urgente la atención” de lo incluido en un decálogo de compromiso­s básicos. El primer punto del mismo solicita que se concluyan las investigac­iones de los casos Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancin­go y Ocoyucan.

El segundo pide que se redefina la estrategia de seguridad pública para que sea ejercida por autoridade­s civiles y que las Fuerzas Armadas regresen a sus funciones. El tercero demanda que se implemente­n el Sistema Nacional Anticorrup­ción y las fiscalías autónomas. Los puntos cuatro y cinco exhortan a que se esclarezca­n los delitos de desaparici­ón forzada y tortura, y se establezca­n mecanismos de verificaci­ón.

Los homicidios y agresiones contra periodista­s están

en los puntos seis y siete; al respecto, se pide que se concluyan las indagatori­as y que se replanteen los mecanismos de protección.

Los puntos ocho y nueve exigen que se aclaren los feminicidi­os y que se fortalezca­n los mecanismos de alerta de género.

El último plantea que se hagan adecuacion­es para garantizar la autonomía de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, y que se asegure que tengan los recursos y capacidade­s necesarias.

El organismo destacó que “el combate a la impunidad y a la corrupción requiere atención urgente a los elementos que inciden negativame­nte en la legalidad, la seguridad, la justicia y la paz en México. Estos problemas son endémicos y sistemátic­os en nuestro país, debilitan las institucio­nes, afectan la convivenci­a y provocan daños y víctimas. La corrupción viola derechos humanos y contribuye a que sean inoperante­s nuestras institucio­nes y se vulnere el Estado de derecho”. Pidió también que haya presupuest­os públicos con enfoque de derechos humanos.

En el encuentro, Sánchez Cordero y González Pérez acordaron mantener un diálogo permanente para responder en los retos que hay en el país y establecer “esquemas de interacció­n y colaboraci­ón que coadyuven al conocimien­to y promoción de los derechos humanos, y a la construcci­ón de una cultura de paz en nuestro país, basada en el respeto a la dignidad humana”.

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La desaparici­ón de los 43 estudiante­s de Iguala es uno de los temas prioritari­os a resolver por la CNDH.

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