Construir la gobernabilidad democrática
De cara a los resultados electorales del pasado primero de julio, es sumamente importante la posición que asumirán de aquí en adelante todos los actores involucrados, tanto del gobierno como de la oposición. Es fundamental garantizar una transición ordenada. Afortunadamente, tanto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, están caminando en ese sentido. Los meses de julio a noviembre deben servir al gobierno en funciones para garantizar un cambio de gobierno ordenado y se sienten las bases para que la nueva administración pueda iniciar su mandato en las mejores condiciones.
Si nos atenemos a los resultados de la elección, podemos advertir con claridad que la gente está insatisfecha con el ritmo y alcance de los cambios en el país y quiere una mayor participación en la toma de decisiones de gobierno. Esos son dos de los principales mensajes que los mexicanos han lanzado. Sólo quien no quiere ver puede ignorar el mandato que está expresado en el resultado electoral. No nos equivoquemos. Ese mandato es para acelerar y profundizar las transformaciones, pero sobre todo sin imposiciones ni exclusiones. Nuestro país debe seguir la ruta de la democracia para transformarse en una mejor nación. Uno de los retos que tendrá el nuevo gobierno es evitar un rápido desencanto ciudadano, como ya ha ocurrido en México en otros momentos. El bono democrático que otorga una victoria electoral por un margen tan amplio, se puede perder rápidamente si la gente no ve los resultados esperados.
Al hacer el balance de lo acontecido tenemos que reconocer que los resultados son drásticos pues el voto ciudadano muestra más que una molestia o inconformidad. Es un mensaje fuerte y claro con el que exigen un cambio de rumbo, una transformación profunda en los hechos. Los ciudadanos salieron a votar de manera importante, lo que se impuso a las dañinas y arcaicas prácticas de cooptar el voto o presionar para inclinarlo en algún sentido.
Estas elecciones nos dejan dos tareas: eliminar esas malas prácticas para presionar el voto y revisar el financiamiento de manera que no fluya dinero ilegal y se disminuya también el financiamiento público a los partidos. Es necesario transparentar y regular las aportaciones privadas en campañas al 100% tal como ocurre en otros países.
Por otra parte, al conocer prácticamente los números definitivos en la integración del Congreso de la Unión, queda claro que un grupo parlamentario tendrá un control casi absoluto en las Cámaras de Diputados y Senadores. Esta composición, vista con reservas, nos adelanta que tendrán todas las posibilidades de emprender reformas trascendentales para el país; la tarea es fundarlas correctamente, brindar argumentos sólidos, convencer a la oposición y, por el otro lado, esta oposición debe ser muy responsable y estar alerta ante decisiones que vayan en contra de los principios marcados en la Carta Magna.
Por el bien de nuestro país, sería deseable que ahí, en el Poder Legislativo, se puedan encontrar los equilibrios y contrapesos que se requieren para evitar posibles desviaciones y excesos que se dan cuando el Ejecutivo cuenta con una mayoría absoluta. A partir del primero de septiembre habrá que estar pendiente de lo que suceda en el Poder Legislativo. Como bien sabemos, las reglas e instituciones con las que hoy operamos no favorecen la gobernabilidad democrática. Esa debería ser una razón suficiente para un compromiso colectivo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Claramente vivimos tiempos desafiantes para las instituciones democráticas. Si queremos fortalecer el apoyo social a la democracia, es necesario ofrecer resultados concretos a los ciudadanos y pronto.
Si queremos fortalecer el apoyo social a la democracia, es necesario ofrecer resultados concretos y pronto