¿Rebelión en el IMSS?
A contrapelo de la ortodoxia, este año la llamada Asamblea Financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social se celebró prácticamente en privado en la residencia presidencial de Los Pinos, con la novedad de la ausencia de los integrantes del Consejo Técnico del organismo, en el papel la máxima autoridad de éste.
La tradición ubicaba el evento en un recinto de la instancia tripartita, en los últimos años el remodelado auditorio Juan Moisés Calleja, con participación estelar de algún representante sectorial en calidad de vocero.
La función de éste, ya del sector obrero o empresarial, era responder el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y riesgos del organismo, en el que se plantean fortalezas y debilidades.
Instaurada la posibilidad desde el gobierno zedillista frente al evidente resquebrajamiento de las finanzas del instituto, la idea era sensibilizar a los poderes para ubicar salidas frente a la posibilidad de colapso.
Lo curioso del caso es que desde la gestión de José Antonio González Anaya, a quien sucedió Mikel Arriola, el énfasis del informe apunta más a fortalezas que a debilidades, dejando la impresión de que se le dio la vuelta a la posibilidad de catástrofe.
El IMSS, dice el último informe, tiene viabilidad financiera al menos hasta 2030, es decir 10 años más allá de lo que se calculaba al inicio del sexenio.
Y aunque sería temerario afirmar que se manipulan las cifras, la ausencia de los integrantes del Consejo Técnico podría llevar a colegios que no estuvieron de acuerdo con el texto.
Aunque es evidente el esfuerzo por hacer rendir esta tesis, ya en la compra consolidada de medicinas que ha permitido generar ahorros por 17 mil 600 millones de pesos; ya con la novedad de las citas digitales y las operaciones en fin de semana, que según el informe generarán este año un superávit, entre ingresos y gastos de operación de 4 mil millones de pesos, se soslayan faltantes de reservas que convocan al escándalo.
Así, a pesar de las reformas que se le han hecho a la Ley del Seguro Social, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones arrastra un boquete que araña los dos billones de pesos, lo que obligaría a una solución de fondo.
Peor aún, el Seguro de Enfermedades y Maternidad y el de Salud Familiar arrastraban hasta el año pasado un faltante de reservas equivalente a 12 puntos del Producto Interno Bruto.
Y aunque el crecimiento de los afiliados, que en el sexenio actual llegará a 4 millones, significa mayor ingreso, del otro lado de la moneda se reclama más infraestructura para su atención.
El caso es que aun cuando se han abierto 16 hospitales en la actual administración y 40 unidades médicas familiares, en paralelo a nueve clínicas de mama, lo que representa 20 mil camas, el número de éstas sigue siendo deficitario. Si en 2011 se contaba con 0.82 por cada mil afiliados, en 2016 la cifra se había reducido a 0.76.
Lo curioso del caso es que el documento que antes convocaba a la polémica, foros empresariales al calce, hoy pasó de noche.
Balance general. En afán de escatimarle a la ex esposa del accionista principal del grupo gasero Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes, la mitad que le corresponde de acuerdo con una resolución de la Corte de Harris, Texas, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, las millonarias transferencias realizadas colocan en escenario ruinoso a las empresas que le corresponden a Evangelina López Guzmán y algunos de sus hijos.
Así, por ejemplo, la Corporación Río Bravo se plantea en quiebra técnica al superar el valor de sus pasivos al de sus activos.
La discrepancia es de 2 mil 968 millones de pesos.
El pleito por el imperio que cuenta con depósitos colosales de gas LP en países como Honduras, lleva ya varios años.
El Grupo Zeta es el principal distribuidor de gas LP del país, el único que cuenta con posibilidad de importar el combustible en el nuevo escenario de apertura.
Derechos adquiridos. Aunque se habla de una reforma de ley para ubicar un tope salarial a los altos funcionarios públicos, cuyo límite seria la percepción presidencial, en realidad ésta existe desde hace varios años.
El problema es que no se ha exigido su aplicación letra por letra.
Ahora que la prohibición no afectaría a los empleados y funcionarios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que eventualmente rebasen el monto, dado que la ley que los convirtió en entidades productivas de Estado les concedió autonomía presupuestal.
Bajo la protección constitucional que conculca derechos adquiridos, tampoco los funcionarios que se mantengan en el aparato público tras el cambio de gobierno podrían ser objeto del recorte.
Estamos hablando de directores generales y eventualmente directores de área.
Recetas de Levy. En su nuevo libro de título kilométrico, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de prosperidad en México, el ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, señala que el sistema impositivo a la seguridad social y la protección laboral en el país son los principales obstáculos para un crecimiento dinámico de la economía.
El actual vicepresidente de Sectores y Crecimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya gestión de 10 años termina en noviembre, subraya que la tasa de inversión de México está por debajo del promedio de América Latina, lo que explica el bajo crecimiento.
El planteamiento habla de buscar alternativas a partir de temas como el alcance de la seguridad social, incluido el seguro de desempleo, el rol apropiado de instituciones clave como el IMSS y el Infonavit, y los objetivos de programas clave para proporcionar apoyo especial a pequeñas empresas, además de la exención de impuestos al consumo, concretamente el IVA para medicinas y alimentos.
Axtel crece. En su reporte al segundo trimestre del año la empresa de telecomunicaciones Axtel muestra un crecimiento de 2% en sus ingresos totales, con un salto de 13% en lo que toca al segmento del gobierno.
La firma con sede en Monterrey acaba de contratar una línea de crédito revolvente de 50 millones de dólares para fortalecer sus acciones financieras, además de coberturas por 300 millones de dólares para reducir el riesgo en una eventual depreciación drástica del peso.
La venta de sus 12 torres de transmisión le generó un nuevo ingreso de 100 millones de pesos.
La empresa fusionó a su causa a Alestra, la firma que con Avantel inició la competencia a Teléfonos de México y Telcel.