Austeridad republicana
Durante los últimos días un colectivo de intelectuales, expertos y prestigiados dirigentes sociales, que se ha dado a la tarea de promover elecciones limpias y auténticas, se entrevistó nuevamente con la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, y con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para analizar las lecciones que dejaron los últimos comicios. Coincidimos en que éstos fueron excepcionales, no sólo por su complejidad —la mayor de nuestra historia democrática— sino porque el “tsunami” a favor del presidente electo fue tan arrollador que ocultó a la mirada pública los delitos y actos ilegales que se cometieron en todas las entidades de la República. Solicitamos que dichas faltas fuesen sancionadas de modo ejemplar y que el fallo correspondiente a la elección del Ejecutivo federal se anunciara lo antes posible. Resulta absurdo que todos los gobiernos del mundo lo reconozcan sin que haya sido declarado legalmente electo. Por primera vez en nuestra historia los candidatos se declararon perdedores, en vez de ganadores.
Se conversó sobre la necesidad de una nueva reforma electoral —que ha ocurrido reiteradamente después cada elección nacional—. La que viene deberá ser más profunda, a fin de limitar la sobrerregulación que ha sido fruto de la desconfianza. Simplificar trámites, aumentar el peso de la ciudadanía en los procesos y reducir la gravitación de los agentes políticos en contienda. De este modo podría desmontarse parte considerable de los monstruos en que se han convertido los organismos responsables, reducir drásticamente los gastos de campaña y las desmesuradas prebendas de los partidos políticos. Surgió el tema de los altos salarios y numerosos privilegios del que gozan los órganos constitucionales autónomos. Presionadas esas autoridades por la demanda generalizada a favor de la austeridad republicana, aceptaron públicamente que se atendrían a la próxima legislación.
La nueva política ha desatado un intenso debate en torno a la supremacía de principios éticos y reformas profundas del Estado respecto a los supuestos derechos adquiridos. No olvidemos que desde 1938, la Suprema Corte estableció que las reformas constitucionales generan un nuevo derecho. Las elecciones del primero de julio no sólo expresaron la voluntad popular de impulsar la Cuarta Transformación del país, sino el rechazo profundo respecto de los incontables privilegios de los que ha gozado la clase gobernante desde el período postrevolucionario, agravados por el ciclo neoliberal. Lo más grave ha sido el uso discrecional de los recursos públicos para apoyar a candidatos en todos los órdenes de gobierno. La reproducción de la misma clase política por el empleo corruptor del dinero. Empobrecer a la población para luego comprarla, ha sido la divisa del régimen.
Cuando los neoliberales comenzaron en el gobierno de Miguel de la Madrid a preconizar la disminución del Estado y las privatizaciones para adaptarnos al Consenso de Washington, los progresistas respondimos que no se trataba de amputar al poder público, sino de adelgazarlo. Ahora López Obrador habla de un gobierno esbelto. Esto es representativo y eficaz, pero despojado de oropeles, estructuras artificiales y gastos dispendiosos. Ha dicho que no es aceptable la coexistencia de un gobierno rico y un pueblo pobre. Intereses creados pugnan por contrapesar este principio. Arguyen que no es posible jurídicamente reducir los altos salarios para que ningún servidor público obtenga mayores remuneraciones que el Presidente de la República, cuando esto se desprende del artículo 127 constitucional. En mi criterio no es indispensable una reforma constitucional para implantar la austeridad republicana, aunque los ministros de la SCJN y los altos funcionarios de los organismos autónomos argumenten que se rigen por otros artículos constitucionales. Igual podrían hacer los senadores y diputados que aprueban el presupuesto. Sin embargo, la determinación constitucional citada es inequívoca y lapidaria. La subsistencia e idoneidad de los miembros del servicio diplomático y consular, que viven en el extranjero, merecería, como es obvio, una consideración especial.
Se ha estimado que la reducción de remuneraciones a los funcionarios superiores, altos y medios representaría un ahorro por más de 25 mil millones de pesos. Si a esto se añaden los beneficios y prestaciones colaterales de que disfrutan, se llegaría prácticamente al doble de esta cifra. Esto demuestra que la austeridad es el comienzo de una nueva República.