¿Hay dinero para promesas?
Una pregunta recorre México: ¿Habría recursos suficientes para cumplir los compromisos de campaña del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en un escenario de disminución de tributos en la frontera norte, incremento sustancial en la inversión pública, equilibrio en la deuda integral y superávit ingresos-egresos?
De hecho, los agoreros del infortunio hablan de un desgaste acelerado en el capital político del abanderado de Morena al no tener opción de empatar el dicho con el hecho.
En campaña, López Obrador hablaba de dos vías de ahorro: austeridad y combate frontal a la corrupción.
En la polémica están terciando los analistas del CitiBanamex, vía un puntual análisis de los planteamientos de austeridad en relación a su efectividad.
De acuerdo con éste, una de las vías más rentables sería la propuesta del titular de Hacienda al relevo, Carlos Urzúa, de centralizar las compras de gobierno, lo que a su juicio le ahorraría al país 126 mil millones de pesos.
El grupo financiero califica de “prometedora” la alternativa, en un escenario en que 78% de los contratos de adquisición se adjudica directamente, lo que abre la puerta a sobreprecio y otras componendas, sólo que el impacto no sería rápido. El cálculo habla de un ahorro de 82 mil millones.
En el caso del recorte de salario a los altos funcionarios públicos y la supresión de pólizas de gastos médicos mayores, el cálculo del equipo de transición habla del equivalente a 2.4% del gasto total, es decir, alrededor de 130 mil millones de pesos. Sin embargo, para CitiBanamex el máximo de ahorro llegaría sólo a 0.6%, es decir, 5 mil millones.
El marco habla de que la afectación alcanzaría a 12 mil servidores públicos de los 1.6 millones en nómina oficial.
El banco sugiere prescindir, en tal caso, de los trabajadores no sindicalizados, que según el propio Inegi serían 312 mil.
Se plantea, desde otro ángulo, que “parece factible” el ahorro de 25 mil millones de pesos en el rubro de gastos de operación, además de 80 mil millones si se cumple la promesa de quitarle discrecionalidad a la asignación de transferencias hacia entidades federativas, en paralelo a la exigencia a éstas de fortalecer sus fuentes de ingresos propios.
Sin embargo, se calcula que los requerimientos iniciales en materia de programas sociales llegarían a 120 mil millones de pesos para el primer año de gobierno, considerando que el estelar, Jóvenes Construyendo el Futuro, se aplicaría gradualmente.
Ahora que, la probabilidad de mantener constantes los precios reales de las gasolinas; la oferta de crear al menos una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en el mediano plazo, y las prebendas fiscales en la franja norte, por ejemplo reducir el Impuesto al Valor Agregado a la mitad, le provocaría al nuevo gobierno un déficit de 118 mil millones de pesos.
A CitiBanamex, por lo demás, le parece extraño que un gobierno de izquierda no incremente la deuda y ofrezca mantener un presupuesto equilibrado, y el que se comprometa a no aumentar los impuestos, considerando que el país está a la “cola” de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de recaudación, con sólo el equivalente a 17.2% del PIB.
Se puede, no se puede, se puede…
Balance general. Incierto aún el deslinde de responsabilidades en relación al hackeo sufrido por cinco grupos financieros en materia de transferencia de recursos vía electrónica, el Banco de México está emitiendo nuevas reglas de operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, conocido como SPEI. La exigencia apunta a reforzar las políticas de seguridad. Se plantea seguir los protocolos de acción ante posibles ataques a infraestructura tecnológica; implementar pruebas de confianza a empleados responsables de las operaciones, además de los proveedores de servicios de tecnología.
En paralelo, cada banco debe designar un oficial de seguridad responsable del diseño, implementación y verificación de las políticas de presunción de riesgo, además de vigilar a las empresas que ofrezcan intercambio o compra-venta de activos virtuales. En este caso deberá haber validaciones adicionales en la fase previa a la acreditación de recursos provenientes de transferencia vía SPEI.
Del ataque cibernético se habló de una banda internacional, de complicidad de empleados bancarios, de dinero que llegó a cuentas existentes con la exigencia de entregarlo, previo cobro de comisión…
El misterio sigue.
De la gloria al infierno. De acuerdo con la querella planteada por tenedores de bonos de deuda expedidos por Oro Negro, durante los primeros tres años de operación la empresa recibió contratos de Petróleos Mexicanos por mil 500 millones de dólares.
Estamos hablando del arrendamiento de sus plataformas, en un escenario en que la renta de éstas se cotizaba en dólares.
Se diría la empresa consentida del director general, Emilio Lozoya.
El problema llegó cuando salió éste de la empresa, iniciándose un proceso draconiano de recortes presupuestales bajo la dirección de José Antonio González Anaya, en cuyo marco la firma cayó en mora al incumplir un pago de 23 millones de dólares a los tenedores de bonos, lo que los llevó a solicitar la incautación de las plataformas.
Dedo en el renglón. Promotor desde hace algunos años de una regulación efectiva sobre la actividad del outsourcing, el presidente de la principal firma del ramo, GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, insistió el jueves pasado en esa urgencia durante el foro “Rumbo a la reforma laboral 2019”.
Frente a la necesidad del país de generar un millón de empleos al año prácticamente sólo hay algunos parches de carácter fiscal para regular la actividad. En el evento participaron el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, y Eloísa Pulido Jaramillo, directora general de Estadística del Trabajo de la Secretaría del ramo.
¿Otro atunazo? Aduciendo razones humanitarias, la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos ha ordenado restringir las exportaciones de pescado y mariscos capturados en la península de Baja California, argumentando que en la operación se quedan atrapadas en las redes vaquitas marinas. El escenario es idéntico al que provocó el embargo del atún, en cuyo marco se aducía que los barcos mexicanos atrapaban a los bancos en redes en las que se colaban delfines aleta azul… que se matan a palos.
Embajadores marinos. Abierto por la Organización Marítima Internacional un programa para colocar marinos mercantes mexicanos en flotas internacionales, ya son 67 los reclutados fundamentalmente con armadores de embarcaciones griegas.
Naturalmente, el escenario reconoce la calidad educativa de las Escuelas Naúticas Mercantiles dependientes del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante.
Existen tres escuelas en Veracruz, Tampico y Mazatlán, de las que han egresado 301 marinos cada año con rango de oficiales de cubículo o maquinarias. El programa fue constituido en 2010.
Tradicionalmente la oferta de plazas la llenaban oficiales de Filipinas o Malasia.