Enmienda CDMX la plana a la Asamblea
• Amieva devolvió 5 decretos con correcciones • Hay errores de redacción e incongruencias
Por textos vagos e imprecisos, el Gobierno de la Ciudad de México devolvió a la Asamblea Legislativa por lo menos cinco decretos de ley para que sean corregidos y, en su caso, promulgados antes de que concluya la actual administración.
Desde junio y julio de este año, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, hizo observaciones a los decretos que emitió el órgano legislativo local en diciembre del año pasado y también éste, en los que además de corregir la redacción pone en evidencia que en algunos no hay congruencia con el contenido.
Las observaciones se hicieron a los decretos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Código Penal para reformar el artículo 179, a la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal de Justicia y a la Ley de Participación Ciudadana.
En cada documento firmado por el mandatario local se argumentan ambigüedades en la redacción, que de no ser corregidas a tiempo hubieran ocasionado confusión.
Por ejemplo, en el decreto de reformas al artículo 179 del Código Penal, el Gobierno señala que el texto relativo al acoso sexual es vago e impreciso y deja un margen de discreción tanto para la persona afectada como para el operador de la norma.
“El decreto objeto del análisis modifica sustancialmente el tipo de acoso sexual, incorporando contenidos ajenos a la conducta de acoso sexual, desvinculados e incluso de naturaleza subjetiva, lo que podría trastocar los principios de certeza jurídica y legalidad que deben observar todos los instrumentos legislativos que revistan el carácter de ley”, se lee dentro de las observaciones.
El jefe de Gobierno recuerda a los diputados de la última Legislatura que su función es la de crear certidumbre y que con una simple lectura de una iniciativa se cumpla el principio de seguridad jurídica.
“El legislador tiene la obligación constitucional de describir con claridad y precisión el hecho considerado delictivo o tipo penal, evitando el uso de conceptos indeterminados e imprecisos”, esto porque los asambleístas no dejaron claro qué tipo de conductas sexuales debían castigarse.
Otra inexactitud detectada se aprecia en el decreto por el que se abroga la Ley del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia de la Ciudad de México, donde se advierte que el documento ni siquiera está armonizado con la Constitución local: “El título o denominación de la ley en estudio no encuentra el debido sustento en el ámbito de las leyes secundarias ni en la Constitución de la Ciudad de México, aunado al hecho de que existe una ley del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia”.
El Gobierno también sugiere realizar una revisión a los transitorios cuarto y quinto, debido a que su contenido está relacionado con obligaciones a futuro para constituir un fideicomiso que en la práctica y por disposición de la ley que se pretende sustituir, actualmente se encuentra operando y funcionando debidamente, sin que resulte necesario establecer nuevos plazos y condiciones para su creación.
Una aclaración más que ya había dado cuenta EL UNIVERSAL es al decreto a la Ley de Participación Ciudadana, en donde se detecta una falta de subordinación dentro de la ley al pretender ampliar el ámbito de competencia de los testigos sociales cuando la Asamblea Constituyente fue clara en los casos especiales en los que intervendrían.
Precisa vaguedades en los artículos 135 y 136, donde se pretende imponer un control y supervisión de los testigos sociales a través de la Contraloría, cuando esto no fue dispuesto por la Carta Magna local.