Salvador García S.
Dos gobernadores y Lozoya en la mira
“Ya empiezan a sonar nombres de personajes que podrían ser procesados por presuntos desvíos de recursos, corrupción y hasta sobornos de empresas extranjeras”.
En la agenda de fin de sexenio, con la transición tersa y pactada que se acelerará el próximo miércoles con la declaratoria de validez de la elección y de “presidente electo” a Andrés Manuel López Obrador, empiezan a sonar nombres de personajes que podrían ser procesados por presuntos desvíos de recursos, corrupción y hasta sobornos de empresas extranjeras en las próximas semanas y meses. Los más inminentes están en el radar de la agonizante administración de Peña Nieto, cuya PGR tiene listo el expediente para acusar y procesar al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, mientras otros son encargos directos de la próxima administración lopezobradorista que también podrían iniciarse antes del 1 de diciembre.
Por encima del “amor y paz” y la reconciliación que pregona —incluso con acciones como desayunar ayer con el ex candidato priista José Antonio Meade, a quien ahora llama “buena persona y honesto”— el futuro presidente también hará sentir su mano dura contra gobernadores cuyas cuentas ha pedido revisar “con lupa” ante evidencias y denuncias de posible corrupción y desvío de fondos federales. Dos nombres suenan en las oficinas lopezobradoristas: el perredista Graco Ramírez y el panista Miguel Ángel Yunes.
Lozoya y las cuentas de la esposa. La investigación contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, que dejó avanzada el ex procurador Raúl Cervantes antes de su renuncia en octubre pasado, ha sido retomada y según se comenta en Los Pinos, hay una “instrucción directa del presidente Peña” para ejecutar acciones penales en contra de Lozoya, a partir de nuevas evidencias aportadas por la justicia brasileña y por el gobierno de Estados Unidos.
La acusación se centra, según el expediente que dicen está listo y próximo a ser ejecutado, en varias cuentas a nombre de la esposa de Lozoya Austin en bancos del extranjero, en donde se han confirmado, con documentación brasileña y estadunidense, depósitos por casi 6 millones de dólares que coincidirían con las fechas en las que ex directivos de la firma Odebrecht afirmaron en las audiencias ante la justicia de Brasil haberle realizado transferencias y depósitos, entre 2012 y 2014, al entonces colaborador de la campaña presidencial del PRI y a la postre director de Pemex.
Fuentes de la propia PGR confirmaron la reactivación de las investigaciones contra Emilio Lozoya, aunque se negaron a dar un estimado de en qué tiempo podría solicitarse una primera acción penal contra el ex funcionario, que actualmente radica en Texas, Estados Unidos, por lo que cualquier acción legal en su contra supondría también un pedido de apoyo, vía localización, seguimiento y hasta una eventual solicitud de extradición al gobierno estadunidense.
Proceder en el caso Odebrecht en estas últimas semanas del sexenio tendría la lógica de dejar resuelto un expediente en el que se mencionó —lo hizo el propio López Obrador en la campaña— un supuesto involucramiento o beneficio del entonces candidato Peña Nieto. Una acción en contra de Lozoya buscaría demostrar que si hubo beneficiarios de los sobornos que aseguran los ex directivos de la empresa brasileña haber entregado, éstos nunca llegaron ni a la campaña ni al entonces candidato y mucho menos al presidente, y sí fueron recibidos fue en cuentas directamente ligadas a Lozoya Austin, a través de su esposa. Se buscaría cerrar así cualquier frente penal o de investigación para el futuro ex presidente.
Veremos sí finalmente, tras años de denuncias y señalamientos contra Lozoya en Brasil en el caso Odebrecht y de investigaciones abiertas y en su momento acalladas como la del ex fiscal de la Fepade, Santiago Nieto, el escándalo de corrupción más grave a nivel Latinoamérica, que ha llevado a la cárcel y a procesamiento a presidentes, ex presidentes, secretarios, ministros y políticos de distintos niveles en varios países de la región, termina con responsables reales en México, no sólo los funcionarios menores ya procesados, sino los verdaderos beneficiarios de los sobornos de hasta 10 millones de dólares pagados a cambio de contratos y favoritismos para la constructora brasileña.
Graco “abandonó a Morelos”. En los casos de corrupción cuyo interés se atribuye directamente al próximo gobierno de Morena, el que podría ser el primer golpe es una investigación en contra del gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez. El nombre del mandatario morelense salió a relucir esta semana en la casa de campaña de López Obrador durante la reunión privada que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, virtual gobernador de esa entidad. El ex futbolista aprovechó su audiencia con Andrés Manuel para quejarse de un “abandono total” por parte de Graco en Morelos, quien ya se desentendió del gobierno estatal, según el que será su sucesor. Delitos como el cobro de derecho de piso, extorsión y secuestros, le dijo Cuauhtémoc, están fuera de todo control y hay recursos y partidas federales que nunca se aplicaron en los últimos meses.
Blanco habría pedido el apoyo del virtual presidente electo para que se tomen acciones “inmediatas” para una investigación a la administración perredista, en temas que irían, según comentan fuentes de Morena, desde un posible desvío de recursos federales, corrupción de familiares directos del gobernador, hasta posibles vínculos y acuerdos con grupos del crimen organizado que están operando con protección en el estado.
López Obrador habría aceptado iniciar, ante el llamado de auxilio desesperado del gobernador entrante, con un posible cambio en la Comisión de Seguridad de Morelos, con la renuncia de su actual titular, Alberto Capella, para dar paso a la designación de un militar, un general, que comience a poner orden en el descontrol y penetración del crimen organizado en la entidad.
Pero también las fuentes de Morena afirman que se ha iniciado una revisión puntual, apoyados por la actual administración, de diversas transferencias de recursos federales cuyo destino final no está del todo claro en Morelos, lo cuál podría ser materia de otra investigación y eventuales acusaciones en contra del gobernador saliente.
Cuauhtémoc Blanco prometió en campaña que “metería a la cárcel” al actual mandatario y a sus familiares, a los que el candidato acusaba de corrupción y de una feroz campaña en su contra. Esa sería la primera motivación para investigarlo, aunque también de parte de López Obrador, la relación política con Graco hace tiempo que es “tensa y distante”, según confirman las fuentes morenistas. Curiosamente fue Graco quien en 1988 presentó a Andrés Manuel, recién salido del PRI, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, para integrarlo al Frente Democrático Nacional; pero la relación entre ambos se fue deteriorando casi hasta la ruptura ¿Podría ser Graco la primera víctima de la lucha anticorrupción de AMLO, más allá del “amor y paz” del tabasqueño?
Notas indiscretas… Tras el acaramelado desayuno entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, donde en aras de la “reconciliación, la unidad de todos los mexicanos y el diálogo” se olvidaron tantas críticas y ataques en campaña entre los dos ex candidatos, en el PRI Nacional circularon un mensaje en el que, sin descalificar el diálogo, se deslindan de la visita de su ex candidato. “La civilidad y el diálogo en cualquier escenario se reconocen, una acción personal que respetamos. El PRI será una oposición firme que establecerá su relación con el futuro gobierno por las vías institucionales”, dice el mensaje del CEN priista. ¿O sea que al final no lo hicieron suyo?... A propósito del viejo partido, la crisis económica que traerá la derrota estrepitosa ya comenzó a sentirse en la falta de pagos a proveedores, al personal, recortes y otras medidas “de austeridad” para lo que viene. Pero lo más grave está por venir. Resulta que entre las herencias de Enrique Ochoa, el ahora repudiado ex dirigente, el PRI tiene una hipoteca de sus edificios de la sede nacional que hizo ante Interacciones a cambio de un préstamo por 300 millones de pesos. Ochoa puso los edificios priistas en garantía y hoy que no hay para pagar la hipoteca ni el préstamo, hay quien afirma que hasta su sede podría perder el partido tricolor. Sería entonces sí el apocalipsis del dinosaurio… Capicúa de los dados y repetimos tiro. Semana redonda.
El futuro presidente hará sentir su mano dura contra gobernadores cuyas cuentas ha pedido revisar “con lupa” ante evidencias y denuncias de posible corrupción y desvío de fondos federales. Dos nombres suenan: Graco Ramírez y Miguel Ángel Yunes