En busca de la vergüenza perdida

Desde el 2 de julio México se volcó a una transición exprés y los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía invistieron con una banda presidencial invisible a Andrés Manuel López Obrador. Se entiende la urgencia de pensar y, en su caso, de ilusionarse con algo distinto, dado el saldo desastroso que nos deja el actual gobierno. Son incontables los desatinos, las insensibilidades, las ineficiencias, las heridas. En materia de seguridad es difícil imaginarse un peor sexenio.

Ya se ha dicho. Jugaron a la política con el tema. La Secretaría de Gobernación, agigantada hasta el absurdo, navegó con pretextos y supuestas reuniones de coordinación, mientras la Policía Federal a su cargo se desfondaba y colapsaba. La corporación había mantenido un aumento sostenido, triplicando su tamaño de 2006 a 2012. Ese crecimiento se frenó en seco. Pasaron el sexenio vendiendo una “gendarmería” que se convirtió en una división más, sin sentido ni misión. También se suspendieron los programas de desarrollo policial, y proyectos estratégicos, como Plataforma México, fueron abandonados.

Pero el daño no quedó ahí. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que reúne a gobernadores, secretarios de seguridad pública y procuradores, se convirtió en una escenografía de simulaciones alrededor de una pseudo-política de seguridad. En lugar de ser un espacio de discusión y consenso, se convirtió en una fábrica de acuerdos que son, en su mayoría, letra muerta.

La función del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también bajo la égida de Gobernación, no ha tenido época más negra. Supuestamente a cargo de los lineamientos de desarrollo policial del país, en los últimos años sólo se dedicó a pontificar absurdos, como el llamado “modelo óptimo” de policía, que no es modelo ni es muchos menos óptimo; inventando el número de policías que existen realmente en el país; contabilizando cursos exprés para simular la capacitación de nuestros policías en el sistema de justicia penal acusatorio; obligando a estados que a duras penas tienen equipamiento básico a conformar “unidades cibernéticas” o promoviendo instalaciones para el servicio del 911, negocio para unas cuantas empresas, pero inútiles para brindar un servicio eficaz de respuesta ante las emergencias que tiene la gente. Una vergüenza.

Cuando se conversa con algunos gobernadores sobre este desastre, todos desde luego evaden su responsabilidad, que la tienen y no es menor, en este desastre, pero también explican que su margen de maniobra era reducido, dado que el gobierno federal podía en cualquier momento retirar recursos de los que dependen sus estados. El presupuesto convertido en mordaza. A eso se redujo nuestro federalismo. Y así jugaron con la seguridad pública del país el entonces secretario de Gobernación, el aún secretario ejecutivo y los gobernadores.

Hoy tenemos centenares de organizaciones criminales operando en el país, con “portafolios” de actividades diversificadas, todas depredadoras y cada vez más violentas. ¿Y nuestras policías? Muy bien, gracias: con salarios deplorables, sin prestaciones a la altura de los riesgos que corren, sin capacitación y sin equipamiento suficiente. Ya ni hablar de generación de inteligencia. Todo nuestro sistema descansa en la flagrancia y en los abusos. Por eso seguiremos insistiendo en que nuestros policías, de los cuales han matado 211 en lo que va del año, son víctimas de estos mal llamados funcionarios públicos, que se la pasaron simulando mientras el país se caía a pedazos. Ojalá que, con el cambio, lleguen verdaderos profesionales de la seguridad pública, con conocimientos técnicos en la materia, y no políticos improvisando. Sobre todo que quienes lleguen se comprometan con la seguridad y las instituciones que le debieran dar sustento. Con tantita vergüenza…