Irma Eréndira Sandoval
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros será la próxima Secretaria de la Función Pública. Es doctora en Ciencia Política por la Universiad de California, licenciada en Sociología de la UAM y en Economía por la UNAM. Creció en una familia de luchadores sociales. Su padre, Pablo Sandoval Ramírez, fue diputado federal y el primer guerrerense en ocupar el cargo de presidente del Congreso de la Unión en 1998. Tiene dos hermanos, Pablo Amilcar y Netzaí, que también cuentan con una trayectoria importante en materia de lucha social en México. Pablo Amilcar ha sido propuesto por López Obrador como coordinador del gobierno federal en Guerrero, y Netzaí Sandoval fue el primer abogado en presentar una denuncia internacional contra el ex presidente Felipe Calderón por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que estuvo respaldada por más de 23 mil ciudadanos. Irma Eréndira está casada con John Ackerman, un conocido académico de la UNAM experto en temas de transparencia.
Irma Eréndira también tiene un blog desde 2009 (www.irmaerendira.blogspot.com), y ha dedicado muy buena parte de su trabajo al fenómeno de la corrupción, para el que propone un enfoque estructural en el que la corrupción es resultado del abuso de poder más la existencia de impunidad y la falta de participación ciudadana, pues considera que se trata de una forma de dominación social en la que los intereses privados predominan y dejan menores espacios a la ciudadanía (recomiendo revisar su ensayo: Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana).
La Secretaría de la Función Pública ocupa una de las siete sillas del Sistema Nacional Anticorrupción y será clave en el gobierno de AMLO que basó su campaña en el combate a la corrupción. Uno de los insumos que se ha producido dentro del SNA es la propuesta de Política Nacional Anticorrupción en cuyo diseño, lógicamente, la nueva administración buscará participar activamente. En este sentido, creo que es un buen insumo el elaborado por la Red de Rendición de Cuentas, y coordinado por el Comité de Participación Ciudadana, en el que la figura de la captura es la base del fenómeno y que no se distancia mucho de la visión que Irma Eréndira Sandoval esboza en sus diferentes análisis. Por lo que hace a los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses que deben presentar todos los funcionarios públicos, afortunadamente la nueva administración ya se ha pronunciado a favor incluso de que su contenido se haga público. El Comité Coordinador del SNA va tarde, debe aprobar esta misma semana los nuevos formatos a fin de que sean utilizados por los funcionarios salientes. Aún queda mucho por saber y conocer del nuevo equipo de AMLO, por lo pronto aquí un breve dibujo de quien ocupará la Secretaría de la Función Pública que cuenta con los estudios y experiencia en la materia que le tocará combatir.
En la sobremesa. La semana pasada se dio a conocer una importantísima sentencia del Juez Fernando Silva, que resuelve el amparo 589/2018 que interpusimos los integrantes del CPC (bajo la pluma de Luis Manuel Pérez de Acha), en el que reclamamos la deficiente designación realizada por Peña Nieto de 18 magistrados anticorrupción, así como la omisión del Senado que no los ratificó ni rechazó.
La sentencia ordena al Presidente de la República justificar la idoneidad de las personas designadas, por medio de una motivación reforzada que señale sus méritos, calidad ética y profesional, mientras que al Senado o la Comisión Permanente los obliga a ratificar o rechazar dichos nombramientos, garantizando los principios de publicidad y transparencia.
Aún puede ser impugnada la sentencia, pero de cualquier forma este triunfo del CPC en primera instancia puede marcar un antecedente relevante para futuras designaciones en las que participan el Ejecutivo y el Legislativo, pues los principios de transparencia, publicidad e idoneidad son aplicables a otros nombramientos y cada vez son más las voces que, desde la sociedad, exigen que se retomen esos principios en ciertas designaciones.