El próximo gobierno federal ante el crimen
Como parte de la compleja agenda sobre asuntos latinoamericanos que cada año se prepara para los miembros y los comités del Congreso estadounidense, en julio pasado fue publicado el reputado informe legislativo: México: crimen organizado y organizaciones traficantes de drogas.
Ese documento incluye una primera valoración de los resultados alcanzados por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra un tipo de criminalidad que evolucionó hasta ser trasnacional y al que califica como el “mayor riesgo” para Estados Unidos, por el creciente tráfico de heroína, cocaína, marihuana, metanfetamina y fentanilo.
El reporte indica que el inusitado consumo de opio en suelo estadounidense, con niveles récord en 2016, fue posible gracias a la expansión de los criminales mexicanos en los mercados de la heroína y del opio sintético, todo ello a pesar de la reforzada cooperación binacional y de la resuelta acción del gobierno mexicano.
Frente a ese preocupante escenario y con el ánimo de vislumbrar las posibles decisiones del próximo gobierno federal mexicano, resultan interesantes las siguientes afirmaciones y conjeturas que formula ese importante documento sobre las estrategias implementadas desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
De éste concluye que los grupos criminales supieron resistir al final del camino, luego de haber iniciado una agresiva campaña con la milicia que se convirtió en el sello de su mandato; esto a pesar de la eliminación de sus cabecillas y de la inestabilidad provocada, ante todo porque pocos fueron juzgados y sentenciados.
Esa fractura de los cárteles tradicionales y esa falta de justicia supusieron que de cuatro grandes grupos criminales existentes a inicios de 2006, para el gobierno de Enrique Peña Nieto se contara ya con 7, de los cuales surgió un número impreciso de entre 9 y 20, destacando la brutalidad del Cartel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con ese informe, durante esos dos últimos sexenios presidenciales, los grupos criminales supieron incrementar y consolidar su influencia territorial en vastas regiones del país, principalmente en los centros de producción y rutas de trasiego, todo ello sin reparo de los grandes esfuerzos institucionales desplegados.
Otro aspecto de importancia que apunta el citado informe son las supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad mexicanas; así como del ascendente e indeterminado número de personas desaparecidas de modo forzado, las que por cierto nunca fueron probadas.
Lo que es verdad es que al concluir el año 2018, el próximo gobierno encarará una situación de criminalidad y de violencia sin precedentes, con el aciago dato que durante 2017 nuestro país alcanzó el mayor número de homicidios intencionales, al exceder el número conservador de 29 mil, puesto que el Inegi reportó 31 mil 174.
Con un acento positivo, el informe legislativo apunta que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección federal por más de 30 puntos respecto del siguiente contendiente, no ha dudado en comprometerse a luchar contra la corrupción y el crimen organizado, con métodos y figuras novedosas.
Para cumplir esos objetivos, el documento resalta su invaluable experiencia como ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como el apoyo legislativo de su partido nacional, Morena; retos a los que habrá de sumarse la exigencia de disminuir la elevada violencia política y de neutralizar los crímenes en contra de periodistas.
Sin duda, la próxima administración federal deberá encarar al crimen organizado a través de la debida persecución judicial y el eficaz debilitamiento económico y no sólo mediante el enfrentamiento armado, todo ello bajo el entendido de que Estados Unidos deberá combatir, en paralelo, a su gigantesco mercado de consumo interno.
Por esa situación, deberá exigirse a nuestro vecino país que asuma la parte de la responsabilidad que le toca de manera integral, vía la cooperación internacional, y, enfáticamente, para que disminuya el tráfico de armas de alto poder hacia México y combata la distribución minorista de estupefacientes, la cual, en lugar de reducirse, sólo ha crecido exponencialmente en su territorio durante las últimas décadas.