La transición requiere un balance
Cinco meses es mucho tiempo si se trata del periodo de transición de un gobierno a otro. En ese lapso conviven en México las dos figuras con mayor poder real y virtual: un presidente saliente y otro preparándose para tomar posesión.
¿Con quién decidirán dialogar, por ejemplo, gobiernos y organismos extranjeros: con quien encabeza el poder legal, pero está en sus últimos minutos, o con quien tendrá todo el poder, pero en un futuro cercano?
En Estados Unidos, Donald Trump ganó las elecciones el martes 8 de noviembre de 2016 y 72 días después tomó posesión. En Francia, Emmanuel Macron ganó la segunda vuelta electoral el 7 de mayo de 2017 y una semana después despachaba como mandatario galo. En Colombia, Iván Duque triunfó en los comicios el 17 de junio y menos de dos meses más tarde asumió la presidencia.
A partir de 2024 en México este tiempo será acortado, de acuerdo con los cambios aprobados a la Constitución; pero incluso así, pasarán al menos tres meses para la instalación del nuevo gobierno. Un lapso mayor al que se da en Francia, Colombia o Estados Unidos.
Los actuales cinco meses son un periodo demasiado largo que solo contribuye a generar un vacío o a una dualidad de poderes.
¿Qué debe hacer el candidato ganador de las elecciones mexicanas? ¿Acaso quedarse cinco meses en la semioscuridad a contar los días para el fin del sexenio de su antecesor?
¿Qué debe hacer un presidente en funciones cuando las elecciones ya definieron a quien lo va a suceder en el cargo? ¿Acaso reducir al mínimo sus actos de gobierno?
Hace seis años Enrique Peña Nieto se reunió con Felipe Calderón 18 días después de la elección. El proceso de transición comenzó el 5 de septiembre cuando el priísta —como presidente electo— lo visitó de nueva cuenta. Esta vez los tiempos se adelantan prácticamente un mes. Ayer Andrés Manuel López Obrador fue declarado presidente electo de México.
Este periodo puede implicar un riesgo si las autoridades actuales comienzan a cruzarse de brazos. El gobierno debe tener claro que sus funciones finalizan el último minuto del último día de noviembre y mientras tanto tiene la responsabilidad de que el país marche de manera adecuada. Ante la situación de violencia y de impunidad, no es momento para bajar la guardia. En materia económica, la supervisión es obligada. Tiene que cumplirse de manera íntegra la impartición de justicia, la prestación de servicios, etc.
México está viviendo una transición sui géneris. Un gobierno entrante que no deja de dar a conocer nombramientos, planes, ideas… y un gobierno en retirada que parece haber decidido bajar su perfil. La convivencia entre ambos debe tener un balance, cada uno con responsabilidad distinta. Pero no debe olvidarse que en medio de ellos está un país y los mexicanos.