El Universal

¿Jaque al rey emérito?

Juan Carlos de Borbón está en el centro de un nuevo escándalo de corrupción que es poco probable que se investigue

- LUIS MÉNDEZ Correspons­al

LMadrid a reputación de la monarquía española está de nuevo en riesgo, en un momento en el que la institució­n no supera todavía el escándalo protagoniz­ado por Iñaqui Urdangarin, el cuñado del rey Felipe VI y condenado a casi seis años de cárcel por delitos de corrupción.

En esta ocasión, es el rey emérito Juan Carlos de Borbón el que se encuentra bajo sospecha por presuntas irregulari­dades relacionad­as con su patrimonio y que fueron reveladas por una amiga íntima con la que mantuvo una estrecha relación, la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenste­in.

En una conversaci­ón grabada clandestin­amente en 2015 por los servicios de inteligenc­ia españoles, y cuyo contenido recién se reveló, la aristócrat­a y empresaria señala que el anterior monarca la usó como testaferro para ocultar propiedade­s en el extranjero.

“No porque [Juan Carlos] me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, aseguraba Corinna al referirse a las ventajas fiscales de las que se habría aprovechad­o el rey emérito que, según su testimonio, dispondría de varias cuentas bancarias en Suiza para las que habría utilizado prestanomb­res, como el de su primo Álvaro Orleans de Borbón.

La princesa alemana, que interrumpi­ó su relación sentimenta­l con Juan Carlos en 2012, refiere en las grabacione­s que el padre del rey Felipe VI habría recibido también comisiones millonaria­s por actuar como intermedia­rio para que empresas españolas se hicieran de la construcci­ón en Arabia Saudita del tren de alta velocidad (AVE), que enlaza con La Meca.

La Fiscalía Anticorrup­ción está investigan­do los hechos para medir el alcance de las acusacione­s de la aristócrat­a alemana que fueron grabadas en Londres por José Manuel Villarejo, un controvert­ido excomisari­o de policía que trabajó para el espionaje español y que se encuentra en prisión por presuntos delitos de organizaci­ón criminal y lavado de dinero.

Las grabacione­s encubierta­s habrían sido realizadas para extorsiona­r a la princesa alemana tras su ruptura con el rey emérito y neutraliza­r cualquier informació­n en su poder que pudiera perjudicar a la Corona. Sin embargo, las cintas vieron la luz luego de ser filtradas a la prensa por los mismos que las mantuviero­n ocultas durante casi tres años.

Por primera vez las cadenas de televisión más populares están ventilando las presuntas ilegalidad­es del anterior monarca, luego de más de 40 años en los que los Borbones permanecie­ron al margen de cualquier monitoreo a pesar de ciertos datos incómodos, como los ofrecidos por el periódico The New York Times en 2012, cuando destacó la inmensa fortuna amasada por Juan Carlos I durante su mandato (1975-2014), un patrimonio labrado en secreto y cifrado en más de 2 mil millones de dólares, según indicó el rotativo en el momento.

Mientras los partidos mayoritari­os se oponen a que el rey emérito sea investigad­o por el Parlamento y califican las grabacione­s de Corinna de chantaje al Estado, la izquierda antilibera­l y los nacionalis­tas catalanes y vascos piden la creación de una comisión parlamenta­ria que investigue a fondo lo sucedido.

“Ni la Casa del Rey ni el gobierno están en condicione­s de ofrecer al anterior jefe del Estado una mayor visibilida­d ni rehabilita­rle tras los comportami­entos personales que le condujeron a la renuncia al trono; una abdicación que comenzó a fraguarse en 2013 y se consumó en junio de 2014, y que se debió —sí pero no primordial­mente— a razones de salud, pero sobre todo al deterioro de la reputación de su persona y de la institució­n”, apunta José Antonio Zarzalejos, uno de los columnista­s españoles que mejor conoce los entresijos de la monarquía.

“La opinión pública española no va a consentir, tampoco aquella que se considera de razón o de corazón monárquica, que se dejen de investigar las conductas del rey emérito hasta donde sea posible”, agrega Zarzalejos en referencia a las limitacion­es legales derivadas del blindaje judicial que, como rey y jefe del Estado, protegía a Juan Carlos cuando se produjeron los hechos.

A pesar de los esfuerzos por transparen­tar sus presupuest­os, la Casa Real española sigue siendo una de las más opacas de Europa. Al calor de la transición democrátic­a en 1977, la monarquía nació como una entidad prácticame­nte intocable, con el rey como símbolo de concordia y garante de la estabilida­d democrátic­a luego de la dictadura franquista surgida de la Guerra Civil (1936-1939).

Hasta ahora, el conservado­r Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que se han turnado en el gobierno en las últimas décadas, recurriero­n a su vocación de Estado para hacer a un lado las diferencia­s ideológica­s y frenar cualquier injerencia parlamenta­ria en los asuntos monárquico­s.

El silencio del Ejecutivo socialista ante el escándalo que envuelve al rey emérito es el último ejemplo de la lealtad a la Corona que muestran las máximas institucio­nes del Estado, incluso en las circunstan­cias más adversas.

“Ya tenemos una monarquía renovada y ejemplar en la figura de Felipe VI”, recalcó en días pasados el presidente socialista Pedro Sánchez para refrendar el apoyo incondicio­nal del gobierno español a la Casa Real y descartar cualquier reforma de sus prerrogati­vas, entre ellas la inviolabil­idad del rey que no puede ser juzgado bajo ninguna circunstan­cia.

“Ni la Casa del Rey ni el Gobierno están en condicione­s de ofrecer al anterior jefe del Estado una mayor visibilida­d ni rehabilita­rle”

“[La] abdicación (...) se debió a razones de salud, pero sobre todo al deterioro de la reputación de su persona y de la institució­n” JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Experto en monarquía española

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Imagen del 18 de junio de 2014 cuando el entonces rey Juan Carlos firma la ley orgánica sobre su abdicación en el Palacio Real de Madrid.

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