Lavado de dinero, deslavado
Hace unas semanas, bajo el pretexto de ubicarse en el listado de actividades vulnerables de cara a la posibilidad de lavado de dinero, se congelaron sin más las cuentas bancarias de algunas de las empresas de capital humano adscritas a tareas de outsourcing o tercería, lo que las colocó de espaldas al callejón
La acción se realizó sin evidencia alguna de estar involucradas en el delito, naturalmente, por lo mismo, sin mandato judicial al calce.
El escenario es idéntico al que ubicó al juez de la causa que ordenó la libertad de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo, es decir la Secretaría de Hacienda le pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revisar las cuentas bancarias… a soslayo del mandato de un juez.
Se cayó, pues, el delito de lavado de dinero y en efecto dominó el de delincuencia organizada, no por una indagación de fondo sobre el origen de los recursos, sino por fallas en el debido proceso.
Así de simple. Así de fácil. Aunque el gobierno presume de haber endurecido las leyes en la materia en el marco de la cruzada contra las bandas delincuenciales, lo cierto es que la legislación tiene más agujeros que un queso gruyere.
Incorporado en 1996 el delito de lavado de dinero al Código Penal, vía el artículo 400 bis, se determinó la obligación de los agentes que intervinieron en movimientos de capitales financieros de presentar denuncias sobre casos relevantes con tufo a sospecha.
Estamos hablando de contadores públicos, abogados auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos…
Sin embargo, se dejó de lado a los bancos. El pretexto, a juicio del presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Alejandro Desfassiaux, el que éstos están regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Sistema de Administración Tributaria.
El problema —dice— es que las instituciones financieras premian con comisiones y ascensos a los empleados que captan las más jugosas cuentas bancarias, sin que ello signifique su control.
Ahí está, nítido, el caso del HSBC. A juicio del experto el marco punitivo genera desconfianza en la inversión internacional a nuestro país y consecuentemente afecta la seguridad laboral.
La fórmula planteada por la Secretaría de Hacienda consiste en colocar topes, es decir depósitos en efectivo de hasta determinados montos, cuyas listas se entregan sin que se tenga certeza de seguimiento.
En el esquema legal prohíbe el pago en efectivo por más de 6 mil 410 salarios mínimos, es decir 399 mil 598 pesos en la adquisición de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, además se debe reportar la adquisición de joyas por más de 50 mil 128 pesos.
En el caso de usuarios de tarjetas de crédito se considera sospechoso el que gaste más de 80 mil 94 pesos… por más que se soslaye la inspección de quienes abren cuentas en el extranjero o generan fideicomisos, fundaciones u organizaciones fantasma.
Ahora que para integrar una averiguación previa que acredita el delito se reclama la participación de peritos contables; la denuncia sólo puede plantearla la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia… por más que existen escenarios que no tocan al sistema financiero.
Se puede dar el caso de evidencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita sin que pueda darse la detención.
Se diría, pues que nació deslavado el combate al lavado de dinero.
Balance general. Colocado en la mesa un procedimiento de contratación para el servicio de medición trifásica a pozos e instalaciones abierto por la subdirección de Producción de Bloque Norte de Pemex, el titular de ésta, José Luis Fong Aguilar, se encuentra entre la espada y la pared.
Hete aquí que en la pelea están las empresas Sarreal, ubicada como favorita del director de la empresa contratante, Carlos Alberto Treviño Medina, y Bin Group Administrativo, ligada al ex director general de la misma, Juan José Suárez Coppel.
Este le abrió la puerta a la continuidad en el cargo de Fong Aguilar, quien estaba en proceso de jubilación.
La gestión la realizó ante el director de Pemex Exploración y Producción, Javier Hinojosa Puebla.
El problema es que a juicio de los expertos, la inmensa mayoría de las empresas no cumple con la calidad en materia de los equipos a contratar.
Fong Aguilar ha sido acusado en varias ocasiones de utilizar como operador de sus “negocios” a su sobrino, Carlos Armenta Fong, además de participar en la firma Cusafi del Noreste a la que le han entregado millonarios contratos de perforación y terminación de pozos petroleros.
Así las cosas en Pemex.
¡Duro! Calificada de agresiva por las administradoras de fondos para el retiro, la política del presidente de la Comisión del ramo, Carlos Ramírez, la última y nos vamos apunta hacia apretar la regulación para mejorar los servicios.
La posibilidad habla de establecer parámetros mínimos de calidad.
El nuevo escenario se dará a conocer en las próximas semanas.
Por lo pronto, el organismo ya realizó una evaluación en la que coloca la mayor calificación a Sura, seguida de Invercap, Profuturo, Banamex, XXI Banorte, Principal, Coppel, Metlife, Azteca y Pensionissste.
A la primera se le coloca el calificativo de “satisfactorio”, a las cuatro siguientes, con variantes a la baja, de “mejorable”, y las cinco últimas de “importante área de mejoría”.
Antes de ello la Consar había criticado el buen gobierno de las intermediarias.
El caso es que en el ojo por ojo grupos de reflexión empresarial están evaluando al organismo para calificarlo de cara a la sociedad.
¿Sirve la Ley Fintech? Iniciadas en 2015 tareas para dar a luz a una ley para regular las operaciones que se realizan vía electrónica ante la presión de diversas empresas de tecnología financiera, consumidores, bancos e intermediarios financieros, aún no se llega a la meta prevista.
Aunque hay un ordenamiento que entró en vigor en marzo pasado, se requiere armonizarlo con las normas federales relativas o afines.
Aunque las firmas han operado en consonancia con la reglamentación vigente, que alcanza un ramillete de II leyes, entre ellas la de Instituciones de Crédito, Transparencia Protección y Defensa de Usuarios, se requiere un escenario implícito.
La posibilidad reclamaría, además incluir los instrumentos de política económica y de desarrollo.
Desaceleración. Durante julio las ventas a tiendas iguales de establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales sufrieron una baja en términos reales de 6.2%.
En términos reales en tienda totales la desaceleración llegó a 3.2%.