Minadas por el narco, alcaldías en Guerrero
Con presencia del crimen, 32 de 80 municipios Candidatos fueron vinculados a grupos delictivos
Acapulco, Gro.— Desde antes de las votaciones del 1 de julio se sabía cómo serían las elecciones en Guerrero, cuyo común denominador fue la muerte y la dimisión de candidatos: ocho aspirantes asesinados en la etapa de precampañas y dos más como candidatos registrados, 10 en total.
Hubo 505 renuncias de abanderados de todos los partidos, principalmente por razones de seguridad, y sólo en 450 casos se lograron sustituciones. En el resto, 55, no fue posible por falta de condiciones.
Ese no es cualquier dato. En el reciente proceso electoral hubo 87 dimisiones más que en el pasado (2014-2015), de acuerdo con cifras del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC).
Este panorama describe un mapa minado para quienes fueron elegidos como ediles, principalmente porque sus municipios están asentados en territorio controlado por el narcotráfico, diseminados en las siete regiones de todo el territorio guerrerense. Son 32 de 80 municipios. Hay muchos más, pero es ahí donde los asesinatos definieron los triunfos y donde algunos de los nombres de quienes gobernarán a partir del próximo 1 de octubre han sido vinculados con grupos delictivos.
UAcapulco, Guerrero n día después del 1 de julio, cuando en Guerrero todo era júbilo porque Morena ganó en 18 de los 28 distritos electorales, un candidato, Moisés Antonio González Cabañas, tenía sentimientos encontrados. Su candidato a la Presidencia del país triunfó, desde luego, pero él no pudo ganarle —expresa— a la coacción ni a la compra de votos en el Distrito 24, donde su contrincante, Bernardo Ortega Jiménez, lo superó con un margen de 10 mil votos.
El Distrito 24 tiene sede en Tixtla y está formado, además, por los municipios de Mártir de Cuilapan (Apango), Zitlala, Mochitlán y Quechultenango. De este último es Bernardo Ortega, y no tendría nada de especial que lo fuera, si no es porque ahí opera una de las células más activas dedicada al tráfico de drogas en la zona centro del estado: Los Ardillos, cuyos principales cabecillas, Celso e Iván, son hermanos de Bernardo.
Desde antes del 1 de julio ya se sabía cómo serían las elecciones en Guerrero, cuyo común denominador fue la muerte y la dimisión de candidatos: ocho aspirantes asesinados en la etapa de precampañas y dos ya como candidatos registrados, 10 en total. Además de la renuncia de 505 abanderados de todos los partidos por motivos diversos, sobre todo por razones de seguridad, de los que sólo se lograron 450 sustituciones; en el resto, 55, no fue posible por falta de condiciones. No es cualquier dato: en este proceso hubo 87 renuncias más que en el de 2014-2015, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC).
Este panorama pinta un mapa minado para quienes fueron elegidos, principalmente porque sus municipios están asentados en territorio controlado por el narcotráfico en las siete regiones de Guerrero. Son 32 de 80 municipios; hay muchos más, pero es en éstos donde los asesinatos definieron los triunfos; donde algunos nombres de quienes gobernarán a partir del 1 de octubre han sido vinculados con grupos delictivos.
De Tierra Caliente son cinco: Cutzamala destaca entre todos. Durante el proceso electoral dimitieron el candidato a alcalde y la candidata a síndica por el PRD; una semana después, cuando consiguieron a sus suplentes, renunciaron los 11 integrantes de la planilla. Al final Cutzamala —rodeado por el Estado de México y Michoacán, tierra de La Familia Michoacana— lo ganó el PRI con Timoteo Arce Solís. De este caso el representante del PRD ante el IEPC, Arturo Pacheco Bedolla, dijo en entrevista que las renuncias se habían dado por miedo.
—¿Se lo insinuaron los candidatos? —Ni eso. Cuando les pregunté el motivo, sólo me dijeron: “No, simplemente, ya no queremos” —responde.
En Tierra Caliente también está Coyuca de Catalán, de donde era alcalde priísta con licencia Abel Montúfar Mendoza, aspirante a diputado por el Distrito 17 y asesinado en plena campaña. Cuando ocurrió esto el candidato a edil de ese partido renunció. El 1 de julio en Coyuca de Catalán ganó Eusebio Echeverría Morales, del PRD.
Los otros municipios de esta región son San Miguel Totolapan, ganado por Juan Mendoza Acosta, del PRD; Arcelia, obtenido por el priísta Adolfo Torales Catalán, y Pungarabato, que correspondió al también priísta Reynel Rodríguez Muñoz.
En la región norte son seis los casos de alcaldías minadas. El más sobresaliente es Pedro Ascencio Alquisiras (en Ixcapuzalco). Ahí sucedió algo similar al municipio calentano: un par de semanas antes de los comicios renunció la planilla de nueve integrantes del PRD y luego la candidata de Morena a alcaldesa, Idalia Arias Alatorre. Al final triunfó —como candidata única que fue— la postulada por Movimiento Ciudadano, Olivia López Rogel. Sobre esto, el representante de Morena ante el IEPC, Sergio Montes Carrillo, dijo que la delincuencia organizada obligó a la planilla perredista a renunciar. “Lo mismo pasó con nuestra candidata”.
—¿Cómo ocurrió? —se le preguntó a Montes Carrillo en sus oficinas.
—Los grupos criminales pararon a los candidatos o los bajaron. Vieron quiénes estaban entre las preferencias y quiénes les representaban competencia a los suyos. Entonces les advirtieron que le bajaran o le pararan.
Montes dijo que lo sucedido en esos municipios va más allá del Estado o de la fuerza de los partidos. “Aquí impera la ley del silencio. Por el temor, los candidatos prefirieron guardar silencio o no postularse y no hay fuerza u organización partidista que pueda con eso. No se pueden ejercer a plenitud los derechos políticos de los ciudadanos. Hay riesgo de que las autoridades entrantes no tengan identidad con el electorado, sino con los grupos que los hayan puesto”.
Los otros municipios de la región norte minados por el narco son Apaxtla, Acapetlahuaya, Ixcateopan, Pilcaya, Teloloapan. De más a menos, las cinco regiones restantes de Guerrero donde los municipios estarán rodeados de grupos delincuenciales son: centro, con nueve alcaldías, cinco de las cuales forman el Distrito 24, donde Bernardo Ortega Jiménez ganó con 10 mil votos de diferencia; Tixtla, Apango, Zitlala, Mochitlán y Quechultenango. En el primero gobernará Erika Alcaraz Sosa, muy cercana al mismo grupo político de Ortega Jiménez.
Los otros cuatro municipios de Centro son: Chilapa, donde se reeligió el edil priísta Jesús Parra García, mientras quien fuera candidato de Morena, Orencio Bello Sánchez, sólo hizo campaña en redes sociales, intimidado por “sugerencias” anónimas para no visitar las comunidades, según su denuncia. Tres días antes de la votación, asesinaron ahí al coordinador de estructura electoral del PRD, Jorge Luis Vargas Díaz.
A Chilapa le siguen Ahuacuotzingo, Zumpango, Tlacotepec y Chichihualco, con Ismael Cástulo Guzmán elegido alcalde para 2018-2021 y retratado en más de una ocasión con capos de la Sierra de Guerrero.
Por su lado, Costa Grande tiene a La Unión, que será gobernado por enésima vez por el perredista Crescencio Reyes Torres. Él y su hermano Carlos —actual diputado local— mantienen el control político y en un video subido a YouTube fue señalado por Servando Gómez Martínez, La Tuta, como operador de un grupo contrario a Los Caballeros Templarios. En la misma región están Atoyac, Petatlán, Zihuatanejo, Tecpan y San Jerónimo. En los tres primeros ocurrieron cuatro de los ocho asesinatos de aspirantes en el estado.
Cuajinicuilapa, a su vez, se ubica en la Costa Chica y es un municipio afroestadounidense que junto a Marquelia y Ometepec será gobernado por dos cacicazgos. En el primero Morena postuló a Óscar Marín Mendoza. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tiene identificadas tres células del narcotráfico con presencia ahí: Los Carrillo, Los Añorve y Los Marín.
En Marquelia y Ometepec los hermanos Javier y Efrén Adame Montalván —Javier con el PRD y el PT, Efrén con el PRI— han constituido un cacicazgo en medio de señalamientos, para Javier, de tener nexos con el crimen organizado. Desde 2012, cuando ya había sido edil de Marquelia, su nombre apareció en una lista con una veintena de alcaldes que eran investigados por el mismo motivo.
Acapulco se explica por sí mismo. Atomizado, sin un cabecilla aparente en el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) —el grupo delictivo predominante—, las múltiples células se pelean cada centímetro de acera, cada ruta de las incontables colonias y comunidades que lo forman. Allí la morenista Adela Román Ocampo estará copada con un margen mínimo de movimiento, el que la “maña” le quiera dar.
El deslinde familiar
En la región Montaña operan Los Rojos, que casi todo lo dominan. Huamuxtitlán y Olinalá, los dos municipios donde iniciaron los autodefensas en 2012, son referencia de su control del ayuntamiento. Bernardo Ortega Jiménez, como es de esperarse, siempre se ha deslindado de las actividades públicas de sus hermanos y en buena medida tiene razón: ¿quién tiene la culpa de que los hermanos hayan querido ser veterinarios o ingenieros?
Tal vez si se le enferma alguna mascota pudiera llevarla, que le diagnostiquen el mal y le den medicamentos. Una receta. Y ése es el punto. Bernardo siempre ha sido un político encumbrado. Fue alcalde de su natal Quechultenango, ha sido diputado local dos veces —en una fue presidente del Legislativo— y ahora repite en el mismo puesto y por el mismo distrito. ¿Coincidencia? Moisés Antonio, el candidato perdedor de Morena, lo duda.
—En el Distrito 24 ganó el dispendio y el voto del miedo —dice en entrevista en Chilpancingo, la capital guerrerense. —¿Puedes ser más específico?
—Se rebasó por mucho el tope de gastos de campaña porque se derrocharon recursos, la mayoría de dudosa procedencia. Se compraron votos hasta en mil pesos, según las denuncias que recogimos. Hubo muchos regalos, pero no de cualquier tipo. Nada de gorras o playeras; regalaron televisores, licuadoras, ventiladores. Y el miedo a una de las células más sangrientas de la región [Los Ardillos] pudo mucho también.
—Tienen la vía de la impugnación. —No se hará. Hay miedo; creo que ése es el factor predominante por el que el partido no tiene mayor interés.