Pacto AMLO-empresarios
Mario Maldonado
Además de las reuniones formales que han sostenido los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su futuro gabinete, otras más se ha llevado a cabo en privado y han sido gestionadas a través de Alfonso Romo, el próximo jefe de oficina del nuevo titular del Ejecutivo.
Se trata de acercamientos de empresarios afines al gobierno de Enrique Peña Nieto y a las administraciones panistas, quienes han recurrido a Romo para asegurarse de que “nada les va a pasar” cuando el fundador de Morena tome posesión el 1 de diciembre.
La familia Hank, dueños de Banorte; Alonso Ancira, de Altos Hornos de México; los hermanos de Nicolás, de la desarrollada de vivienda Homex; David Peñaloza, de la constructora Pinfra; FEMSA, presidida por José Antonio Fernández; los Servitje, de Grupo Bimbo y Marhnos; la familia Quintana, de ICA; Roberto Alcántara, de IAMSA, y otros más se han acercado al equipo de AMLO en plan conciliador.
Días antes de la elección presidencial le pregunté a Alfonso Romo si van investigar a los empresarios “consentidos” de las administraciones anteriores. “No vamos a perseguir a nadie, pero sí revisaremos todo lo que se tenga que revisar y vamos a actuar en consecuencia”, me dijo.
La obsesión de AMLO de ponerle lupa a los contratos petroleros otorgados en las rondas de hidrocarburos y en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México han generado incertidumbre en el sector empresarial por lo que podría convertirse en una “cacería de brujas” del gobierno entrante.
Los empresarios del Grupo Monterrey también han tenido reuniones con AMLO —pese a la mala relación de algunos con Alfonso Romo—. Les preocupa la política industrial que va a seguir el nuevo gobierno, no obstante, consideran que son los menos expuestos porque sus empresas no dependen de contratos con el gobierno, como es el caso de la mayoría de los mencionados arriba.
La relación de AMLO con los empresarios pasó de la descalificación y el “peligro para México” a la tregua, la luna de miel y el “matrimonio”, como lo describió hace unos días Alfonso Romo. Es una suerte de pacto entre la iniciativa privada y el nuevo gobierno. El acuerdo, según fuentes que han asistido a las reuniones, tendría implícito el compromiso de apoyar los proyectos económicos del nuevo gobierno.
Los empresarios deberán impulsar los proyectos de infraestructura y otros programas como el de aprendices que busca insertar a los jóvenes al mercado laboral.
Romo le ha hecho ver al futuro presidente que la iniciativa privada debe ser un aliado del gobierno y no un contrapeso.
La reconversión de Odebrecht. La eventual “judicialización” del caso de corrupción de Odebrecht en México tiene preocupados y ocupados a los directivos de la empresa brasileña, quienes ya diseñan una estrategia “de recuperación” del negocio que implicaría, según fuentes cercanas a la empresa, la creación de nuevas razones sociales y nuevas marcas comerciales.
Una vez concluido el proceso judicial, habrá una especie de limpia en la compañía, en la que se sustituirá por motivos comerciales a los principales líderes del negocio, quienes estarán emigrando a otros mercados en los que la constructora trasnacional también tiene presencia.
A raíz del escándalo, la postura de la filial de la compañía en el país ha sido colaborar con las autoridades mexicanas para aportar la información que permita sancionar a los responsables de los delitos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la fiscalía brasileña. Esa fue la tarea asignada al nuevo director general de la firma, Luiz Gordilho, desde que relevó en el cargo a Luis Weyll en abril de 2017.
IFT, INAI y Tele Fácil. En el sector de telecomunicaciones ha llamado la atención la “guerra fría” que mantienen el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El organismo regulador que preside Gabriel Contreras solicitó una Controversia Constitucional en torno al recurso de revisión RRA 4977-17, mediante el cual un particular pidió hacer pública la grabación de una reunión entre los comisionados en telecomunicaciones con representantes de Tele Fácil México.
Fue en noviembre de 2017 cuando el regulador acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que permitir cualquier tipo de acceso a las grabaciones de las reuniones privadas afectaría la confianza en el órgano regulador y afectaría el cumplimiento de su mandato estipulado en el Artículo 28 Constitucional.
El caso de Tele Fácil México, que dirige Miguel Sacasa Flores, lejos de resolverse en el ámbito comercial y administrativo, ha generado una serie de conflictos en las más altas esferas del país, pues esta compañía, a la que no se la ha permitido conectarse a la infraestructura de Telmex, presentó en 2016 una demanda de arbitraje contra el gobierno mexicano ante el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
Se trata de una demanda firmada por los inversionistas de Tele Fácil, Joshua Dean Nelson y Jorge Luis Blanco, en la que reclaman al país el pago de 500 millones de dólares por las omisiones y “mala conducta” del IFT para, supuestamente, privilegiar al principal operador de telecomunicaciones en el mercado mexicano.