El nuevo aeropuerto enfrenta 6 demandas
• Grupo Aeroportuario reportó sobre litigios a equipo de AMLO • De ganar Texcoco en consulta, se quitarán lujos: Jiménez Espriú
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de licitar las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), enfrenta seis litigios.
En el dictamen sobre la viabilidad del aeropuerto en Texcoco, la empresa de participación estatal reportó al equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se trata de un procedimiento de arbitraje internacional, cuatro juicios de amparo indirecto y uno ordinario civil. Señala que representan “bajo riesgo” para el proyecto.
El procedimiento de arbitraje es de Parsons International Limited, gerente del proyecto, reclama el pago de 350 millones de pesos, por el ajuste cambiario peso-dólar.
Sobre los cuatro juicios de amparo, dos fueron interpuestos por empresas que resultaron descalificadas para participar en la licitación de la red de distribución eléctrica; en otro se reclama que no se realizó el procedimiento de expropiación e indemnización correspondiente de un terreno, y el otro lo promovieron vecinos de la zona de impacto.
El juicio ordinario civil de la empresa Transportes y Construcciones Tamaulipecos es por el pago de 150 millones de pesos por ajustes de costos no reconocidos en la construcción de caminos provisionales.
Después de conocer el dictamen del grupo aeroportuario, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que si en la consulta sobre la construcción del NAIM se vota por mantenerlo se revisará el proyecto para eliminar costos innecesarios.
“Le quitaremos oropeles, boato y lujos”, comentó en reunión con una asociación de ingenieros.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el encargado de licitar las obras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), tiene seis litigios que pueden afectar la construcción de la nueva terminal aérea.
De acuerdo con una nota de la Dirección Corporativa Jurídica de GACM que dio a conocer el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en su dictamen sobre la viabilidad del NAIM, se trata de un procedimiento de arbitraje internacional, cuatro juicios de amparo indirecto y un juicio ordinario civil federal que, en general, representan “bajo riesgo” para la continuidad del proyecto, según GACM.
El procedimiento de arbitraje internacional es de Parsons International Limited, el gerente del proyecto del NAIM, el cual reclama el pago de 350 millones de pesos, derivado del ajuste cambiario peso-dólar.
La firma obtuvo por adjudicación directa un contrato por seis años para coordinar el proyecto del NAIM. El contrato fue por 2 mil 362 millones de pesos, equivalentes a 176.6 millones de dólares, pero con la depreciación del peso frente al dólar, la cifra se incrementó 34%.
El 8 de diciembre de 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) rechazó que el contrato prevea la posibilidad de un ajuste por variaciones en el tipo de cambio; Parsons promovió un amparo. El asunto se encuentra en trámite, habiendo emplazado el Tribunal Arbitral a GACM y corriendo el plazo para responder.
Recursos legales. El primer juicio de amparo es por vecinos originarios de la zona del NAIM, quienes manifestaron diversos actos de autoridad relacionados con el inicio de la construcción como la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, el título de concesión otorgado por parte de GACM, la falta de la realización de una consulta indígena, así como la puesta a disposición del terreno federal que hizo la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Al respecto, GACM indicó que el asunto se encuentra en proceso, porque el juez federal del Juzgado 9 de Distrito en el Estado de México negó el amparo en primera instancia y los quejosos, encabezados por Thalía Citlali Cruz y otros presentaron su recurso ante el órgano superior.
GACM considera que esta demanda es de bajo riesgo porque considera que los quejosos no acreditan la calidad de indígenas.
El segundo amparo lo interpuso Juan Ramírez Cárdenas en el Juzgado 19 en el Estado de México, donde reclama que no se realizó la expropiación e indemnización correspondiente de un terreno de su propiedad donde se construye el NAIM.
Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, comentó que en el caso del litigio de Parsons, por tratarse de un asunto laboral, se puede resolver al ajustar el pago.
De los campesinos y ejidatarios que reclaman una justa indemnización serían las dos únicas demandas que pudieran comprometer la obra, pero no al grado de cancelarla.
El tercer juicio de amparo es de LF del Centro por haber sido descalificada de la licitación para instalar la Red de Distribución Eléctrica 23kv.
La empresa Elecnor también demandó por haber sido descalificada de la licitación anterior.
También hay un juicio ordinario civil de la empresa Transportes y Construcciones Tamaulipecos por el pago de 150 millones de pesos por estimaciones no pagadas y ajustes de costos no reconocidos en la construcción de caminos provisionales de acceso al polígono del NAIM. Aún no se abre el juicio a prueba.