Sin presupuesto, mecanismo para defensa de periodistas
• Presidente de la CNDH llama a autoridades a impedir agresiones a comunicadores • El Estado debe velar por la libertad de expresión y los derechos humanos, dice
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo estar preocupado porque en octubre próximo se agota el presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, e hizo un llamado para que —como ocurrió el año pasado— se cuente con los recursos para el cierre de 2018 y se garanticen los de 2019.
Explicó que el tema de las agresiones no se ha revertido y que la impunidad sigue latente en México: “El mecanismo requiere de recursos para mantener las medidas preventivas cuando exista el riesgo de que se actualicen algunas de las circunstancias de agresión por evaluaciones que el propio instrumento hace a través de su consejo y de su junta directiva. El quinto visitador me informó que la perspectiva es que en octubre se agota ese presupuesto”.
Al encabezar la presentación del estudio sobre Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en Materia de Agresiones a Periodistas, recordó que los gobiernos estatales, a través de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) y el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, se comprometieron a cumplir la recomendación 24 (que señala la ineficacia del Estado mexicano en garantizar la seguridad de periodistas y sus familias) y es importante que lo hagan “porque las agresiones subsisten”.
González Pérez afirmó que en México existe mayor agresión a trabajadores de medios de comunicación y una incipiente atención a los casos, reflejo de la falta de compromiso de la fiscalía federal y las estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales, que además muestran sensible retraso y desdén a las recomendaciones hechas.
Instó a las autoridades federales, estatales y municipales —que están en deuda con periodistas agredidos— “a dejar ese desdén para atender las recomendaciones de la comisión y mostrar, en los hechos, mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión y comprometerse para impedir las agresiones a comunicadores”.
“Hay un desdén en la atención de las recomendaciones hechas por la comisión (...) Creo que debe haber un compromiso de las autoridades para atender estas agresiones (...) Las autoridades están en deuda con quienes ejercen la libertad de expresión como actividad profesional”.
El titular de la CNDH consideró que el Estado no debe dejar de cumplir su función primordial de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, por lo que pidió a los informadores conocer sus derechos y las instancias para su defensa y protección, porque el acceso a la verdad y la justicia “es garantía de no repetición de los agravios”.
González Pérez detalló que las respuestas de los tres niveles de gobierno a las cuatro recomendaciones generales
“En México existe mayor agresión a [periodistas] y una incipiente atención a los casos, reflejo de la falta de compromiso de la fiscalía federal y de las estatales”
“[Insto a las autoridades federales, estatales y municipales] a mostrar mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión” LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ Presidente de la CNDH
por agresiones contra periodistas tienen en su mayoría un “carácter rutinario y burocrático”, por lo que “no se puede asegurar que hayan tenido efectos inmediatos o prácticos en políticas públicas para mejorar la protección a comunicadores.
Indicó que el estudio sobre Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH en Materia de Agresiones a Periodistas presenta varias sugerencias para mejorar el efecto de las Recomendaciones Generales que hace el organismo nacional, entre ellas que se tomen en cuenta además del escenario nacional, situaciones locales y regionales; que diversifiquen sus fuentes de información, con especial énfasis en testimonios directos de periodistas; que mencionen por sus nombres y apellidos a los funcionarios destinatarios; mencionar la vulnerabilidad laboral, profesional y política de muchos periodistas, y dirigir recomendaciones a funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales que no se cumplen en muchos medios de comunicación.