Combate integral al crimen organizado
En la actualidad el fenómeno de la delincuencia organizada no sólo es una de las formas de criminalidad más complejas, extensas y peligrosas para México, sino que también supone una de las amenazas más serias y temibles para la sociedad global, ante todo por la diversidad e impacto de los graves delitos que usualmente comete.
Mucho se ha escrito sobre la ausencia en el país de una estrategia de pacificación y de una verdadera política criminal integral en la materia; es decir, la que no sólo sea reactiva ante sus perversos efectos, sino que tienda principalmente a combatir las causas que la generan, sin perjuicio de perseguirla y enjuiciarla de modo eficaz.
Los elementos que debe contener una estrategia cualificada, necesariamente pasan por establecer un enfoque nacional, en cuya aplicación y desarrollo se incorporen acciones policiales, ministeriales y judiciales, tanto preventivas como represivas, así como el decomiso de sus diversos activos, patrimoniales, económicos y financieros.
Los ámbitos federal, estatal y municipal deben conquistar y mantener cada uno de acuerdo con sus atribuciones la confianza y la cooperación de los ciudadanos y de los sectores privado y social, con el propósito de involucrar y comprometer a todas las capacidades disponibles para la lucha sin cuartel contra el crimen organizado. En ese punto, es muy importante enfatizar que nunca se podrá atacar a la creciente inseguridad pública, mientras no se combata de forma simultánea a la delincuencia organizada. En tanto esto no suceda, únicamente se estarán acumulando en el orden local, las nefastas consecuencias de un fenómeno criminal de naturaleza trasnacional.
Algunos delitos comunes que rodean al crimen organizado son competencia local, por lo que a las entidades federativas bien podría otorgárseles competencia limitada para que conozcan sobre ciertos delitos graves de la delincuencia organizada, con la intención de no desvincular los problemas de seguridad pública que ésta genera. Los policías, fiscales y jueces deberán capacitarse en la aplicación de las técnicas especiales de investigación que reconoce la Convención de Palermo para combatir al crimen organizado, lo que supone la creación de cuadros especializados para la generación de inteligencia policial, capaz de desarticular sus estructuras operativas.
En el plano internacional, México debe seguir cooperando judicialmente mediante acciones conjuntas, además de exigir a Estados Unidos: 1. La disminución del consumo de drogas en su mercado interno. 2. La drástica reducción del flujo de armas hacia México. Y, 3. El aseguramiento de bienes y recursos monetarios ilícitos.
Un aspecto esencial reside en desmantelar las redes de actividades delictivas que producen recursos al crimen organizado, de modo alternativo al trasiego de drogas, además de reformar el marco jurídico del decomiso civil o extinción de dominio y de fortalecer de forma simultánea la responsabilidad criminal de las personas morales. También se deben emprender acciones para castigar la corrupción y la impunidad, especialmente cuando existan indicios de su relación con el crimen organizado, sobre todo en el ámbito local y municipal, además de investigar y sancionar todo hecho en el que haya pruebas de que su amenaza se dirige a influir el curso político.
En el entorno social y familiar resulta imprescindible que se establezcan políticas públicas útiles para prevenir el consumo de drogas prohibidas, así como para tratar las adiciones y regenerar el tejido social, en todo caso apoyadas con recursos suficientes y de calidad, sin perjuicio de fomentar la actividad recreativa y el deporte. No menos relevante es la imperiosa necesidad de que el sistema penal acusatorio sea reforzado y, en su caso, reformado, con la finalidad última de que origine los resultados esperados, consistentes en consolidar la justicia penal completa, pronta e imparcial, lo que evitará la alarmante cifra negra e indeseables puertas giratorias.
Aspectos generales, como un nuevo marco regulatorio que reordene las atribuciones y obligaciones entre los ámbitos de gobierno, así como la adecuada vigilancia y protección de nuestras extensas fronteras terrestres y marítimas, resultan asimismo de enorme relevancia en la lucha contra el crimen organizado.
En suma, consideramos que nuestro país se encuentra en un momento histórico inmejorable para apuntalar un auténtico pacto nacional, que se traduzca en la creación de una política nacional de gran alcance en la materia, bajo la premisa de que a grandes males habrá que plantear grandes soluciones.