Con la consciencia limpia

Esta semana concluye la LXIII Legislatura. Guardo de ella solo un timbre de orgullo: la exitosa lucha política que dimos desde la oposición para impedir que se impusiera al llamado #FiscalCarnal. Y es que en el ámbito estrictamente legislativo hay, a juicio mío, pocas cosas memorables. La Cámara de Diputados estuvo controlada por el PRI, con el apoyo de sus aliados, y la Junta de Coordinación Política restringió el papel de las Comisiones y prácticamente anuló el debate en el pleno. Varios proyectos valiosos se quedaron en la congeladora. Quizá lo único que de este trienio se podría presumir son las leyes en materia de tortura, de desaparición forzada y de víctimas.

El problema fue la decisión del presidente Peña de bajar la cortina reformista de su partido tras del Pacto por México, no la ausencia de iniciativas importantes. Las hubo, de todas las bancadas. Pongo como ejemplo algunas de las que yo presenté y que fueron frenadas en alguna etapa del proceso: 1) Leyes de Ordenamiento Constitucional: un estrato normativo entre la Constitución y las leyes secundarias para la descarga del fardo reglamentario de nuestra prolija y disfuncional Carta Magna, pensadas como primer paso hacia una nueva constitucionalidad (no fue dictaminada); 2) Voto Blanco: un instrumento para darle valor a la protesta manifestada en la anulación del sufragio —a más votos blancos menos dinero público a los partidos— y con ello empoderar a los ciudadanos frente a la partidocracia (no se votó el dictamen); 3) Cambio del método de elección de consejeros del INE para evitar cuotas partidarias (sin dictaminación); 4) Ampliación de periodos de sesiones del Congreso e introducción de incentivos para la participación de los legisladores (sin dictaminación); 5) Eliminación de la asignación discrecional de presupuesto por parte de los diputados (sin dictaminación); 6) Obligatoriedad del voto para encarecer y hacer inviable su compra (sin turno); 7) Doble nacionalidad a mexicanos por naturalización (aprobada en la Cámara, detenida en el Senado).

Por lo demás, hice cuanto estuvo de mi parte en aras de la austeridad y la honestidad en el Poder Legislativo. 1) Decliné recibir el seguro médico privado; 2) propuse que se eliminaran dos compensaciones para reducir el ingreso mensual de los diputados y, desechada mi propuesta, pedí que se me cancelaran a mí (para efectos prácticos, voluntaria y unilateralmente me bajé el sueldo en una cuarta parte); 3) pese a ser secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y a haber recibido invitaciones para viajar a Europa y Asia, no las acepté por considerar innecesaria mi asistencia a esos foros (es decir, no hice turismo parlamentario); 4) doné a organizaciones altruistas un bono navideño que no pude devolver; 5) rechacé recibir y asignar el “fondo de moches” (un mecanismo perverso de cooptación de la Secretaría de Hacienda que propicia corruptelas).

Trabajar en el servicio público en estos tiempos de divorcio entre sociedad política y sociedad civil, cuando el desprestigio de los legisladores es enorme, exige una vocación a prueba de injusticias. Debo confesar que no sé si yo la tengo. Cumplir a cabalidad con la responsabilidad —en términos de aplicación en el esfuerzo, asistencia a todas las reuniones de Comisiones y del pleno, conducción de la Presidencia la Segunda Comisión de la Permanente hasta el final de la Legislatura—, renunciar además a una parte sustancial de los ingre- sos y prestaciones legales y, pese a ello, recibir cotidianamente en redes sociales la descalificación indiscriminada de “todos los políticos son corruptos” o “todos los diputados son iguales”, es difícil de asimilar. Entiendo que una vez que la clase política se ha ganado a pulso su descrédito es inevitable que paguen justos por pecadores, pero francamente no acabo de digerirlo.

Me voy con la consciencia limpia. Y hago votos para que cada vez más gente observe el trabajo del Congreso y discierna, revise las trayectorias y vigile las acciones de cada legislador a fin de distinguir quién es quién en las próximas Legislaturas. Una ciudadanía bien informada es la base de una mejor democracia.