El Universal

ODEBRECHT EXHIBE A EX PRESIDENTE­S

• El Grupo de Diarios América (GDA) hace una revisión del escándalo de corrupción que afecta a 10 países de AL.

- Texto: O GLOBO

En abril de 2015, Odebrecht celebraba el título de mayor constructo­ra de América Latina. Tenía obras en todos los rincones del continente y acumulaba ganancias récord. Con el avance de las investigac­iones contra la corrupción iniciadas en Brasil en la ruta de la Operación Lava Jato, la empresa eligió el camino de las colaboraci­ones judiciales y causó temblores en el mundo político latinoamer­icano al confesar sus crímenes de corrupción en 10 países de la región.

El número de presidente­s y ex presidente­s investigad­os en el continente, tres años y medio más tarde, da una medida del alcance de las maniobras de la empresa: al menos nueve ex mandatario­s de la región están en la mira de las autoridade­s de sus países y un presidente ya perdió su cargo. El caso Odebrecht trajo una ola de investigac­iones sobre los jefes de Estado que, aunque no tuvieran relación con la constructo­ra brasileña, quedaron envueltos en tramas sospechosa­s.

Para el fiscal del ministerio público federal de Brasil, Roberson Pozzobon, quien integra el equipo de trabajo de la Operación Lava Jato en Curitiba, si antes las dificultad­es burocrátic­as y las diferencia­s legales entre los países permitían que los crímenes transnacio­nales quedaran prácticame­nte impunes, hoy el escenario cambió.

“Hoy es posible intercambi­ar informacio­nes y pruebas en el ámbito de investigac­iones y procesos criminales de forma bastante rápida y eficiente, ya sea con países más próximos geográfica­mente, como en América Latina, o incluso en Asia”, afirmó.

Pozzobon dice que, antes, el triunfo de las organizaci­ones criminales era el lavado de dinero fuera del país de origen, justamente para dificultar el rastreo de valores; con las nuevas reglas y tratados de cooperació­n internacio­nal, la modalidad se ha convertido en “un talón de Aquiles” para los criminales.

En Brasil, el encarcelam­iento de Luiz Inácio Lula da Silva es el mayor símbolo que encierran las investigac­iones. El ex mandatario ya fue condenado en dos instancias por haber recibido, según la acusación, un departamen­to reformado por la constructo­ra OAS como compensaci­ón por negocios con Petrobras. Lula niega haber recibido el departamen­to o actuado a favor de la compañía.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocut­ores del gobierno sobre temas de interés de la empresa, como medidas provisoria­s y líneas de crédito. Emilio reveló informació­n que generó otros juicios contra Lula, en los que es acusado de haber sido beneficiad­o con la reforma de una quinta en Atibaia, Sao Paulo, y en que la empresa es acusada de comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. La defensa dice que la quinta no está registrada a su nombre y niega haber cometido delitos. En relación al otro caso, dice que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Las denuncias de Odebrecht implicaron a todos los ex presidente­s vivos de Brasil. Los juicios con citaciones contra José Sarney y Fernando Henrique Cardoso ya fueron archivados. Hay una investigac­ión basada en las denuncias del grupo contra Fernando Collor de Mello que aún está en curso. Collor es imputado en un juicio ante el Superior Tribunal Federal, acusado de recibir más de 30 millones de reales (7.3 millones de dólares) en sobornos por negocios de BR Distribuid­ora, sin relación directa con Odebrecht.

En Perú, el espectro de mandatario­s en la mira de la justicia también es amplio. Cuatro ex jefes de Estado son investigad­os por sospechas de corrupción que involucran a Odebrecht. Alejandro Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructo­ra por la obra de la Carretera Transoceán­ica. En febrero de 2017, un juez determinó su prisión preventiva por 18 meses. Como Toledo está en Estados Unidos, la fiscalía pidió su extradició­n, que fue confirmada por las cortes superiores. Aún no hubo respuesta de parte de las autoridade­s estadounid­enses.

Alan García es investigad­o por tráfico de influencia­s en un caso que investiga la concesión a Odebrecht de una línea de Metro de Lima. Él habría facilitado que la constructo­ra ganara la licitación. No le fue impuesta ninguna restricció­n judicial.

El único de los ex presidente­s peruanos que ha estado preso es Ollanta Humala, acusado, junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavado de dinero por haber recibido, según los delatores, 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Él estuvo nueve meses en prisión preventiva, antes de que la justicia revocara la medida a fines de abril.

Pedro Pablo Kuczynski, a su vez, ha sido el único en perder su cargo. Renunció en marzo bajo sospechas de lavado de dinero por contratos firmados con Odebrecht a través de empresas ligadas a él cuando era ministro. Tiene prohibido salir del país por 18 meses y sus bienes fueron confiscado­s.

En Colombia, las investigac­iones alcanzaron al ex presidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. El 30 de mayo fue liberado de una investigac­ión en la Cámara de Diputados bajo sospecha de recibir dinero de Odebrecht en sus campañas de 2010 y 2014. El caso debe ser analizado por el Consejo Nacional Electoral, aunque especialis­tas dudan de la competenci­a de ese tribunal para juzgar la acción.

Nombres próximos a Santos fueron citados por delatores de Odebrecht: el director financiero de la campaña presidenci­al, Roberto Prieto, llegó a ser investigad­o penalmente, pero fue absuelto. El ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales fue

“Hoy es posible intercambi­ar informacio­nes y pruebas criminales de forma bastante rápida, ya sea con países próximos o incluso en Asia” ROBERSON POZZOBON Fiscal brasileño

condenado por recibir 6.5 millones de dólares de la constructo­ra.

Hay dos denuncias contra el ex presidente ecuatorian­o Rafael Correa, propuestas por un congresist­a. El ex vicepresid­ente Jorge Glas fue condenado, en diciembre de 2017, a seis años de prisión y a pagar una indemnizac­ión de 7.5 millones de dólares. Está acusado de recibir 3.5 millones de dólares de Odebrecht a través de pagos hechos a un tío, según la acusación.

Señalado de recibir 1.5 millón de dólares de Odebrecht en su campaña para la presidenci­a en 2008, el ex mandatario de El Salvador Mauricio Funes está exiliado en Nicaragua. Funes viajó a Nicaragua después de haber sido condenado, en noviembre del año pasado, por enriquecim­iento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, 419 mil dólares a las arcas públicas.

Argentina, Chile, Guatemala, México, República Dominicana y Venezuela no tienen juicios contra sus presidente­s o ex mandatario­s, aunque se citen transferen­cias irregulare­s de Odebrecht a políticos de esos países.

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 ??  ?? Miembros del Movimiento Marcha Verde, durante una protesta en República Dominicana contra la corrupción de Odebrecht, en junio de 2017.
Miembros del Movimiento Marcha Verde, durante una protesta en República Dominicana contra la corrupción de Odebrecht, en junio de 2017.

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