El Universal

La libertad

- Por ALFONSO PÉREZ DAZA Consejero de la Judicatura Federal

El premio Nobel de literatura Octavio Paz escribió que “la libertad no se tiene; se ejerce ”. Esto significa que es inherente a todos los humanos y, desde esa visión, un Estado democrátic­o de Derecho debe limitarse a crear las condicione­s propicias para que los individuos ejerzan a plenitud sus libertades.

La cuestión de la libertad ha sido abordada a lo largo de la historia por diversos pensadores. El filósofo Friedrich Von Hayek defendió una postura de “libertad total” en donde ningún individuo estuviera sujeto a la voluntad de otro. Aunque pudiera parecer atractiva, esta postura no reconoce la voluntad ajena como límite de la propia. Contrario a ello, Henri Bergson había reconocido los límites de la libertad en la condición dual del ser humano: si bien en nuestra individual­idad somos personas esencialme­nte libres, al optar por una vida en sociedad las voluntades y derechos ajenos limitan nuestra capacidad de auto determinac­ión.

Los gobiernos democrátic­os son instituido­s para proteger y ensanchar las libertades en sus diversos ámbitos. En la esfera pública deben garantizar la libertad de expresión, de prensa y de participac­ión, con el fin de que los ciudadanos puedan influir en decisiones colectivas. En la esfera privada, deben limitar la intervenci­ón del Estado y garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalid­ad que implica la capacidad de tomar decisiones del ámbito privado con total autonomía.

¿El Estado debe intervenir cuando una persona desea hacerse daño a sí misma en ejercicio de su libertad? Pensemos en alguien que intenta suicidarse y sobrevive :¿ debemos penalizar su conducta por querer quitarse la vida? La autoflagel­ación por religión es otro ejemplo donde un individuo desea libremente ocasionars­e lesiones en su cuerpo y el Estado no

En el tema de las drogas debemos debatir hasta qué punto debe el Estado limitar la libertad individual para proteger el bien común, la salud

interviene ni limita esos comportami­entos. En cambio, respecto al consumo de drogas, las políticas internacio­naleshanju­stificadol­aimposició­n de penas por considerar que se trata de sustancias que dañan gravemente la salud de los consumidor­es.

El debate en México tiene como antecedent­e la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró inconstitu­cionales diversos artículos de la Ley General de Salud que prohíben el autoconsum­o de la marihuana. La Corte determinó que las medidas administra­tivas son desproporc­ionadas y afectan el derecho al libre desarrollo de la personalid­ad; por tanto autorizó las acciones necesarias para materializ­ar ese derecho, a saber, la siembra, cosecha, preparació­n y transporte de la marihuana para el consumo personal.

Ahora la discusión de los ministros que integran esa Sala se ha trasladado hacia la despenaliz­ación de la posesión para el autoconsum­o. Diversos artículos del Código Penal Federal establecen como delito la posesión de la hierba pues, dentro de la prevención de riesgos, se prohíbe la puesta en peligro de la salud en forma abstracta. No obstante, no es la posesión sino el consumo lo que materialme­nte lesiona la salud, por lo que esto podría implicar una “sobrecrimi­nalización” de conductas, es decir, la utilizació­n excesiva del Derecho penal para controlar decisiones que atañen exclusivam­ente a la esfera privada de las personas.

El problema que advierto es que una interpreta­ción judicial no será suficiente; es necesaria una política integral que se construya con los poderes Legislativ­o y Ejecutivo. De lo contrario, será difícil distinguir una conducta ilícita de posesión con fines de venta de drogas duras como la cocaína, respecto de la simple posesión de marihuana.

En un Estado de Derecho, la libertad de elección de los sujetos es uno de los valores más preciados. Intervenir más allá de estos límites es costoso y contravien­e claramente los principios de autonomía y dignidad de la persona. El problema de las drogas en México es de la mayor relevancia, debemos debatir en conjunto hasta qué punto debe el Estado limitar la libertad individual para proteger el bien común, la salud.

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