¿A quién le toca combatir el homicidio?
Las pasadas elecciones políticas fueron significativas por muchas razones, una de ellas fue que, por primera vez, desde la reforma política de 2014, hubo alcaldes y legisladores reelectos.
Este hecho asume particular relevancia en el contexto de violencia que vive el país, ya que, por décadas, algunos de nosotros que nos dedicamos a analizar la incidencia delictiva hemos criticado la ausencia de costos políticos para las autoridades que, simplemente, no hacen su trabajo y, al mismo tiempo, hemos reconocido que en tres años difícilmente se puede impulsar un proyecto de desarrollo de seguridad para una comunidad.
Es así que la reelección de alcaldes parece una oportunidad para que una autoridad (1) no empiece de 0 cada 3 años; (2) sea premiada o sancionada a través del voto por su desempeño y (3) no eluda su responsabilidad alrededor de las condiciones generales de seguridad del municipio que gobernó en los 3 años anteriores.
Sin embargo, la teoría choca siempre con la realidad, éste es el caso del alcalde reelecto Ricardo Ortiz Gutiérrez quien en días pasados descalificó al Observatorio Irapuato ¿Cómo Vamos? —parte integrante de la Red Nacional de Observatorios (RNO) del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC)— tras haber presentado los datos de incidencia delictiva en el municipio.
En palabras de Ortiz, el Observatorio debería de estar más informado y no especular sobre las condiciones de inseguridad (de Irapuato).
Lamentable, su actitud empata con su falta de compromiso en campaña por reducir las tasas de homicidio doloso, debido a que —según Ortiz— no es tarea ni de las policías municipales, ni de las estatales, ni de las federales combatir el homicidio. Y de la misma manera, tampoco se compromete a realizar acciones para disminuir la violencia familiar, precursoradeotrosdelitos,yaque,según su interpretación, ésta únicamente es responsabilidad de las familias.
Si comparamos los datos oficiales de carpetas de investigación sobre homicidio doloso, en lo que va del año han ocurrido 182 homicidios dolosos, 507% más que en el mismo periodo de 2017, cuando se abrieron solo 30 carpetas. De hecho, para abril —cuando apenas habían transcurrido 4 meses de 2018—, ya se había superado la cantidad de homicidios de cualquier otro año completo del que se tenga registro.
Todoellonosllevaaconsiderarque urgen acciones específicas que garanticen la seguridad para los ciudadanos del municipio, por lo que ofrecemos nuestro apoyo —gratuito, dicho sea de paso— para fortalecer un programa que genere resultados.
Señor Ortiz, sí es responsabilidad de los municipios coadyuvar en la disminución de delitos, en particular los delitos violentos. Entendemos que la tarea es difícil, pero si como usted afirma, no es tarea de las autoridades de seguridad combatir la violencia ¿a quién le toca?
Me parece fundamental subrayar que los observatorios que pertenecen a la RNO del ONC pasan por un riguroso proceso de capacitación y certificación para garantizar que su trabajo sea equivalente al de toda la Red, que su análisis sea preciso y objetivo, y su comunicación crítica pero propositiva.
En ningún momento emitimos juicios de valor, también por ello estamos dispuestos a dialogar con el señor Ortiz para pasar de la confrontación a un trabajo en conjunto.
Como ciudadanos queremos vivir en un país en donde los derechos sean garantizados, por ello en el ONC y la RNO trabajamos para incidir en las políticas públicas y reformas necesarias que permitan mejorar las condiciones de seguridad y acceso a la justicia.
Si queremos que México sea un país seguro, debemos preocuparnos por Irapuato, como por cualquier otro municipio, entidad o región que viva una crisis delictiva o de violencia, asumir nuestra responsabilidad y trabajar todos de la mano, sí, incluso usted señor Ricardo Ortiz.