Opinión vs. evidencia
Hace unos días se publicaron los resultados de una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados sobre las fuerzas armadas. Los datos muestran lo que otros estudios han señalado: que las fuerzas armadas gozan de buena opinión y confianza ciudadana, mientras que las policías y otras instituciones civiles son peor evaluadas. Según la encuesta, 66% de las personas entrevistadas dio al Ejercito una calificación de 7 o más. En el caso de la Marina, 84% calificó a esa institución con 7 o más. Para la Policía Federal y la municipal las calificaciones fueron notablemente más bajas: 51% y 32% de los encuestados otorgó una nota de 7 o más respectivamente. A la pregunta ¿Cree usted que el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina deberían seguir realizando labores de seguridad y patrullaje en calles y carreteras del país? 82% de los encuestados respondió que sí.
Estos resultados se han usado para justificar la permanencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública, que corresponden constitucionalmente a las policías civiles. Argumentos similares se usaron para justificar la aprobación —y ahora permanencia— de la Ley de Seguridad Interior. “La gente los quiere en las calles”, repiten sus promotores.
Usar encuestas de opinión para sustentar políticas públicas tiene sus problemas. Pensemos en otros datos que arrojó la reciente encuesta de CESOP: solo 37% de los encuestados dio una calificación de 7 o más a los jueces y 35% a los ministerios públicos. ¿Significa esto que los marinos y soldados deben ser jueces y ministerios públicos además de policías? Otra encuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2016), mostró que por debajo de las policías y los ministerios públicos están los diputados federales, el Presidente de la República y los partidos políticos como las instituciones peor evaluadas en términos de confianza ciudadana. ¿Eliminamos también a estas instituciones por ser impopulares? ¿Entregamos la facultad de legislar a los ministerios públicos o a las policías que tienen mejor calificación que los diputados? ¿Por qué funciona el planteamiento para sustituir policías con militares pero no para sustituir diputados con policías?
Quizás el problema está en considerar militares y policías como intercambiables: ambos son, al fin de cuentas cuerpos de seguridad uniformados, armados y facultados para usar la violencia. Sin embargo, no son permutables. El entrenamiento y equipo de los militares es de guerra: para enfrentar y eliminar a un enemigo, para hacer uso de la fuerza letal. Los policías en cambio, están equipados y entrenados para prevenir e investigar infracciones a la ley, para detener y traer a juicio a infractores. Los militares se despliegan temporalmente en un territorio. Rara vez permanecen en él. Los policías, en cambio, suelen trabajar en su comunidad, ciudad o estado. Cuando se quitan el uniforme, permanecen en las mismas comunidades donde patrullan y viven sus familias. La distinción no sólo es teórica. La evidencia muestra —de forma abrumadora— que la decisión de militarizar la seguridad pública ha generado más violencia, más violaciones de derechos humanos y el deterioro de las instituciones civiles.
Los políticos, sin embargo, insisten en capitalizar la popularidad militar —y la preferencia por las políticas de mano dura— a costa de la seguridad ciudadana. Ofrecen la militarización como solución inmediata, sin medir costos de largo plazo. Miles de millones de recursos se gastan en anuncios para mantener la buena imagen delEjércitoypoderseguirsustentandolapolítica fallida. Mientras, seguimos sin poner en marcha políticas de prevención y sin construir policías profesionales, prestigiadas, bien pagadas, entrenadas y equipadas. Más que políticas de seguridad basadas en la opinión pública, necesitamos políticas basadas en evidencia.