¿Dónde quedó la bolita?
A diferencia de 1985, cuando la ruta de donativos privados apuntó a bodegas o cuentas concentradoras abiertas por el gobierno, tras los estragos del sismo del 19 de septiembre del año pasado la ayuda institucional privada fluyó por sus propios cauces, tan
El caso es que mientras de cara a estos apoyos está fluyendo la transparencia, los que se canalizaron hacia el sector público vía nacional o internacional siguen en el terreno de lo incierto.
Lo más grave aún es que la posibilidad de construir casas habitación o centros comunitarios por parte de privados la ha obstruido el propio gobierno.
Así, lanzada por el Grupo Carso del magnate Carlos Slim una iniciativa para recaudar fondos al cinco a uno, es decir, por cada peso del público cinco del conglomerado, se integró una bolsa de 2 mil 628 millones de pesos, de los cuales sólo se han podido canalizar 184 millones 982 mil pesos.
Así, aunque el CitiBanamex en alianza con la Fundación Alfredo Harp, la de Coca-Cola y la de Televisa plantearon la construcción de 200 casas nuevas en distintos municipios de Morelos, hasta hoy sólo están listas 38 en Yautepec.
El banco, vía un escenario uno por uno, logró recaudar 58 millones de pesos con la mira en las siete entidades más afectadas, es decir, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México.
En total existen 154 fondos institucionales que no han logrado entregar parte de los recursos colectados. Así, el Fideicomiso Fuerza México creado por el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene aún en caja 286 millones, y la Fundación Alberto Baillères, con 99.
En la larga lista están también la Fundación Holcim México, con 19.6 millones pendientes; la Fundación Grupo México, con 9.8, y la Alista, con 116.4.
Según el Servicio de Administración Tributaria, existen 580 fondos que han entregado mil 594 millones de pesos a las zonas afectadas, pero los informes son tan vagos que en algunos casos ni siquiera se conoce a qué entidad federativa se canalizaron. Tampoco se puede distinguir bien a bien en qué conceptos se entregó ayuda en especie.
Aunque el gobierno calculó en 38 mil 163 millones de pesos el costo de la reconstrucción, de acuerdo con Transparencia Mexicana no hay forma hasta hoy de demostrar el gasto.
Tampoco hay una lista oficial de lo recopilado por donativos provenientes del extranjero, aunque en la larga lista están desde el gobierno ruso hasta estrellas de la farándula y empresas multinacionales.
En la cumbre del absurdo, el gobierno de la ciudad ni siquiera cuenta con un censo comprobable sobre damnificados, mucho menos la cuantificación de los daños.
Aunque el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México afirma haber entregado ayuda de renta a 2 mil 399 personas afectadas, se escatima el padrón y el monto.
Un año después, alumnos de mil 900 escuelas públicas estudian en aulas improvisadas y más de la mitad de la población afectada sigue viviendo en campamentos.
¿Dónde quedó la bolita?
Balance general. Otro de los puntos aceptados por el equipo negociador de México, en la prisa por cerrar la negociación de lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califica como Acuerdo Comercial México-Estados Unidos, apunta a encarecer los fármacos innovadores, cuya utilidad práctica apunta a tratar padecimientos complejos como el cáncer, y otros conocidos como huérfanos por su baja prevalencia entre la población.
Uno de ellos, por ejemplo, es el síndrome Hunter, enfermedad que afecta a 600 mil mexicanos, cuyo gasto en medicamentos es de 388 millones de pesos.
En total, el país invierte cada año 4 mil 700 millones de pesos en la adquisición de este tipo de fármacos.
Actualmente la brecha entre medicinas innovadoras y genéricas es de 70%. Sin embargo, ésta podría encancharse al alargar Estados Unidos la protección de datos, es decir, lo que para medicamentos tradicionales sería la patente.
El país del norte había peleado estérilmente este punto en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
Crecen remesas. De acuerdo con el Banco de México, los ingresos por remesas sumaron entre enero y julio pasados 19 mil 911 millones de dólares, lo que implicó un salto de 11.4% respecto al mismo lapso de 2017.
El crecimiento de dos dígitos se ha mantenido invicto desde hace cuatro meses, a contrapelo de las políticas punitivas de Donald Trump.
Traducida la cantidad a pesos, estaríamos hablando de 365 mil 408 millones, cuya mayor parte se vuelca al mercado interno, lo que le ha permitido mantener su ritmo de crecimiento.
Sin embargo, la captación de divisas vía turismo ha decrecido en los últimos meses ante las alertas de viaje lanzadas por diversos países. Así, en julio su caída fue de 2.2%, la segunda baja más significativa desde octubre de 2011.
Pecado venial. Por inaudito que parezca, una de las líneas de investigación en torno a la llamada Estafa Maestra es que tanto la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Urbano y Vivienda desviaron recursos hacia universidades públicas… para ayudarlas.
Como usted sabe, la trama habla de otorgamiento de contratos que luego, según ello, serían maquilados por empresas “fantasma” sin capacidad para realizar las tareas.
El común denominador es la presencia de Rosario Robles en las dos instancias.
Dicho con todas las letras, se trata de altruismo disfrazado para evitar que la fila se hiciera larga.
Hágame el favor.
¿Economía sólida? Repetido como estribillo por los funcionarios salientes, el que se le está entregando al gobierno que viene es un país en equilibrio económico y finanzas sanas, mas hete aquí que el costo financiero de la deuda que se hereda alcanzará el equivalente a 2.83% del Producto Interno Bruto el año próximo, saltando en 2024 a 3.01%.
Durante el sexenio el gasto en el renglón fue de 2.7 billones de pesos.
Se calienta CNA. Pian pianito se está reforzando la posibilidad de que Vicente Gómez Cobo, empresario lechero, sustituya a Bosco de la Vega en la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario.
Éste tiene ya el apoyo no sólo del gremio, sino de las organizaciones de productores de proteína animal.
La convocatoria para la asamblea electoral se debía publicar en abril, retrasándola a pretexto de no alterar al equipo negociador del TLCAN.