Ricardo Raphael
Indira Cotero Ávila desapareció el lunes 9 de julio en Tlajomulco, Jalisco. Tiene 37 años y era abogada de la Comisión de Seguridad Pública de ese municipio. Su ausencia se hizo noticia porque es hija de Luis Octavio Cotero Bernal, quien hasta hace un par de días fuera el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
“Un típico levantón”, respondió el padre cuando los periodistas preguntaron. Han transcurrido dos meses sin que se sepa nada de ella.
Coincide que Luis Octavio Cotero fue señalado el lunes por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como el hombre responsable de que trescientos cadáveres fueran abandonados a su suerte.
Es una trágica injusticia que este funcionario sufra el peso del desprestigio por el caso del tráiler de la muerte. Así trata el estado mexicano a sus funcionarios más admirables: sin considerar su biografía, su humanidad, ni su pena.
A Sandoval le urgía endilgar los trescientos muertos y le pareció simple levantar el dedo y acusar al padre de Indira. ¿Cómo puede un gobernante que no es justo hacerse cargo de procurar la justicia?
Desde el mes de enero de este año, en Jalisco y otros estados vecinos, dio comienzo una guerra mortífera entre organizaciones del crimen organizado. Empresas ilegales de Sinaloa y Jalisco están disputando el control del territorio sin escatimar pólvora ni vidas.
Durante los últimos meses en esa región han sido asesinadas más de 2 mil personas, mil 500 de ellas en el estado de Jalisco. Los gobernadores de las entidades afectadas han podido hacer poco frente a la magnitud del fenómeno y ciertamente tampoco el gobierno federal sirve para frenar la barbarie.
Los Servicios Forenses de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima están desbordados, porque ninguno fue diseñado para operar en situación de guerra. Es probable que no haya en el mundo un servicio forense capaz de atender tan inmensa demanda para realizar autopsias, certificar razones de muerte o clasificar restos humanos.
Y, sin embargo, a pesar de su circunstancia personal, Luis Octavio Cotero Bernal tomó la decisión de permanecer en su cargo, con los recursos escasos disponibles para hacer su trabajo.
De acuerdo con las leyes mexicanas no pueden cremarse los restos de una persona, cuando es imposible identificar el cadáver y éste presenta elementos relacionados con la comisión de un delito. Así las cosas, ¿cuántos cuerpos pueden ser almacenados dentro de un Semefo en condiciones sanitarias aceptables?
En febrero de este año las oficinas del Servicio Forense de tres ciudades de Guerrero —Acapulco, Chilpancingo e Iguala— informaron que almacenaban la escalofriante cantidad de 750 cadáveres sin reclamar, y que era imposible practicar a cada uno exámenes de genética, antropología o dactiloscopia.
En contraste, en el caso de Jalisco Cotero se encargó de que tales exámenes se llevaran de tal manera que los restos pudieran eventualmente ser identificados, si un familiar venía un día a buscarlos.
Lo que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no pudo resolver fue el almacenaje de los cuerpos. Esa era tarea de la Fiscalía General de Jalisco y no del Instituto bajo su mando. Pero la Fiscalía, en vez de resolver el problema construyendo un cementerio donde las víctimas de la guerra de este semestre pudieran ser depositadas, alquiló dos contenedores medianamente refrigerados para salir del paso.
El primero de los contenedores fue abandonado la semana pasada en la colonia Paseos del Valle del municipio de Tlajomulco, no muy lejos del lugar donde Indira Cotero, la hija de don Luis Octavio, desapareciera hace poco más de dos meses.
Es una infamia que el gobernador Aristóteles Sandoval quiera resolver la mala prensa que le produjo este episodio, y de paso desentenderse de la tremenda violencia que padece su entidad, corriendo a un buen hombre que, a pesar de su drama individual, dio pruebas de ser un funcionario ejemplar.
ZOOM: Mi país es insoportablemente injusto. Luis Octavio Cotero busca a su hija sin encontrarla y mientras tanto encuentra trescientos cadáveres que nadie busca. No abdica de su responsabilidad por lo primero y sin embargo lo corren de su trabajo por lo segundo.