México, país de muertos anónimos
México se ha convertido, tras dos sexenios de encarnizada lucha contra la delincuencia organizada y sus cientos de miles de muertos y desaparecidos, en un auténtico cementerio clandestino.
En algo que eriza la piel y produce gran tristeza, frustración y enojo, enormes franjas del territorio nacional hoy son depositarias de restos humanos anónimos, víctimas o verdugos de esta guerra que ha enlutado como nunca a medio país. Basta recordar que en 2011, en lo que en ese momento fue considerado uno de los hallazgos más macabros, en San Fernando, Tamaulipas, se recuperaron los cuerpos de 195 migrantes repartidos en 45 fosas. O más tarde, entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, periodo en que salieron a la luz 124 fosas repartidas en Iguala, Guerrero, con 158 cadáveres en su interior, de acuerdo con la PGR.
A partir de ahí el terrible cuadro se repetiría en demasiadas ocasiones los siguientes años, bosquejando poco a poco el tamaño de la masacre y dejando a la luz muchos de los modos de operar de los delincuentes, y también de las autoridades.
Es así que el pasado 6 de septiembre llegamos al hallazgo más reciente de una fosa clandestina, cuando se descubrió en Veracruz una más con 166 restos humanos, siendo con ello de las más grandes encontradas hasta ahora.
Y en medio de esta tragedia, que con seguridad y lamentablemente para la sociedad mexicana, no ha sido develada en su totalidad, reina tal caos institucional, que ni siquiera es posible tener ya no una cifra exacta de los restos hallados en todas estas fosas, sino al menos un atisbo de la magnitud de esta masacre que hiere todos los días a nuestro país: el gobierno federal no tiene una respuesta a la pregunta de cuántos cadáveres se descomponen debajo de suelo mexicano Y lo mismo ocurre con el número de personas desaparecidas, no existe una base de datos homologada a nivel nacional que sea fiable y permita el cotejo de información y la colaboración interinstitucional.
Este es un hecho indignante, por la irresponsabilidad e insensibilidad que deja al descubierto. Y lo mismo ocurre con los gobiernos de los estados, que con sus propias cifras, muy distintas a las de la Federación y muchas veces opacas, parecieran no tener muchas intenciones de coadyuvar a terminar con lo que ya es sin duda una crisis humanitaria e incluso, como es el caso del Veracruz de Javier Duarte, encubren o dificultan el acceso a la información.
Por ende, la coordinación que debería existir entre autoridades estatales y federales no es más que tinta en papel. Y ante ese vacío, son las familias de los desaparecidos las que, impulsadas por su dolor, de a poco han ido tejiendo redes de búsqueda de sus seres queridos. México no aguantará mucho más tiempo esta indolencia gubernamental