El Universal

La igualdad

- Por ALFONSO PÉREZ DAZA Consejero de la Judicatura Federal

La igualdad es un valor imprescind­ible para la impartició­n de justicia y la prevalenci­a de un Estado de Derecho. En sociedades diversas y desiguales, debemos tener presente que garantizar el derecho humano a la igualdad es una condición fundamenta­l para tener democracia­s con paz y cohesión social. ¿Cuál es el papel de este valor para la justicia?

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la igualdad de derechos es una conquista social que la justicia está llamada a proteger. En una realidad histórica plagada de diferencia­s materiales, sociales, culturales y étnicas, la vigencia de la igualdad no está resuelta de manera indefinida, ni siquiera en sociedades con democracia­s consolidad­as; son diversos problemas y tensiones los que la rodean.

Refiriéndo­se a la importanci­a de la igualdad, algunos estudiosos se han referido a la existencia de una tensión continua entre dos ámbitos de la vida pública que aparenteme­nte percibiría­mos compatible­s: la democracia y el constituci­onalismo. Por una parte, la democracia alude al poder del pueblo y, por lo tanto, a la satisfacci­ón de las preferenci­as decididas por la mayoría de los ciudadanos. En contrapart­e, el constituci­onalismo implica el establecim­iento de una serie de reglas, controles y límites al ejercicio del poder que impiden que ciertas acciones se lleven a cabo, incluso en contra de la voluntad mayoritari­a.

Las tensiones entre el gobierno de las mayorías frente al establecim­iento de reglas constituci­onales han aparecido de manera reiterada en la historia. Aunque no es sencilla, la solución a estas tensiones puede encontrars­e en el principio de igualdad: como señala Gargarella, si consideram­os que absolutame­nte todas las personas son iguales en dignidad y tienen derecho a las mismas oportunida­des, se deben salvaguard­ar las decisiones de la mayoría, pero protegiend­o los derechos de las minorías. Consecuent­emente, esta noción de igualdad nos obliga a generar, en la medida de lo posible, condicione­s equitativa­s que permitan a las personas acceder a los mismos derechos y oportunida­des.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciad­o en este sentido al señalar que el derecho humano a la igualdad no solo implica una dimensión formal sino una de hecho. Para garantizar una igualdad sustantiva no basta con señalar que las personas son iguales ante la ley. Además de eso, es necesaria la intervenci­ón de la justicia para disminuir barreras sociales, políticas, económicas o culturales que impidan a personas o grupos sociales el goce efectivo de sus derechos.

No podemos olvidar que diversos grupos sociales han sido discrimina­dos, incluso en épocas recientes y en países democrátic­os. La comunidad afroameric­ana conquistó sus derechos civiles en Estados Unidos hasta 1964; la mujer española no podía trabajar sin el consentimi­ento de su marido en pleno siglo XX, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo de 1944; las lenguas y derechos de los pueblos indígenas han sido reconocido­s solo hasta épocas recientes y el matrimonio entre personas del mismo sexo todavía no es reconocido legalmente en todo el mundo.

Esto demuestra que la justicia debe ser imparcial, pero no propiament­e “ciega”. Garantizan­do los derechos de todos, la justicia debe ser capaz de advertir las condicione­s desiguales prevalecie­ntes e intervenir de manera razonable, lo mismo con personas que con grupos vulnerable­s. La experienci­a histórica demuestra que cuando las prácticas discrimina­torias son normalizad­as, la neutralida­d o pasividad de la justicia solo sirve para reforzar la violación a los derechos.

Ninguna práctica del pasado puede justificar una condición actual de inequidad. Una democracia constituci­onal no solo debe proteger los derechos que garanticen la libertad individual. La justicia también debe velar por la inclusión social y la protección de las personas en cualquier condición de vulnerabil­idad.

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