Logra estado primer lugar en transparencia
Guadalajara.— Jalisco se colocó en el primer lugar nacional en capacidades y transparencia para el desarrollo social, por su robusta política social, transparente y participativa, informó la Organización y Agencia para el Desarrollo GESOC.
En el documento de resultados se consigna que esta entidad obtuvo la calificación más alta con 87.5 puntos, mientras que Nuevo León, con 43.5; Tlaxcala, con 43.1, y Sinaloa, con 41.0, lograron las más bajas. La medición se realizó con una escala de 0 a 100.
En términos generales, las entidades federativas lograron una calificación de 58.9, 7.5 puntos superior a la calificación promedio de la medición de 2017.
Jalisco pasó del segundo lugar en evaluación del IDES de 2017, con una calificación de 75.30 puntos, al primer lugar entre las entidades federativas en la evaluación de 2018, siendo el estado “con mayores capacidades institucionales para implementar una política social sólida, transparente y participativa”.
Guillermo Muñoz Franco, coordinador General de Transparencia e Información Pública del gobierno jalisciense, recibió el informe y comentó sobre los siguientes retos que visualiza para el gobierno estatal en un siguiente periodo de trabajo.
El primero es mantener un alto nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia; el segundo, mantener a Jalisco como el referente nacional en las evaluaciones en materia de transparencia y acceso a la información; el tercero, consolidar el modelo de gobierno abierto, a través de la modernización e innovación.
El cuarto es seguir generando buenas prácticas con publicación de información. El quinto reto que identificó es fortalecer la publicación de información oportuna, flexible, incluyente y de calidad.
En su momento, Daviel Trujillo Cuevas, secretario de Desarrollo e Integración Social, aseguró que el compromiso del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz fue avanzar en el bienestar común, prueba de ello son los resultados del IDES.
En el informe se establece que a partir de la sistematización de información sobre los programas sociales implementados por las entidades, se identificó que a pesar de existir avances con respecto a la medición de 2017, en su mayoría los programas sociales estatales carecen de elementos de institucionalidad, tales como transparentar su presupuesto aprobado y ejecutado, contar con evaluaciones sobre su diseño, ejecución de procesos o resultados, contar con indicadores (de gestión o estratégicos) para su seguimiento, tener una normativa que los regule, publicar su padrón de beneficiarios o definir y cuantificar la población potencialmente beneficiaria a la que orientan sus esfuerzos.