El Universal

¿Mano negra en yacimiento petrolero?

Ubicado como destinatar­io de la lupa mayor en la revisión de concesione­s petroleras que realiza el nuevo gobierno, el consorcio que descubrió el yacimiento de crudo conocido como Zama-1, ante la sospecha de informació­n privilegia­da, está transparen­tando l

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Como se recordará, el primer timbrazo de cara a la reforma energética se dio el 7 de noviembre del año pasado, al conformar la Comisión Nacional de Hidrocarbu­ros un gran potencial en el pozo reportado.

Ubicado éste como el tercer descubrimi­ento en importanci­a después de Cantarell en la Sonda de Campeche y Ku-Maloob-Zaap, se estima un potencial de reservas in situ de 4 mil 460 y 2 mil millones de barriles.

El yacimiento se ubica en el llamado Bloque 7, a 60.5 kilómetros del puerto de Dos Bocas, Tabasco, en un terreno de 464.7 kilómetros cuadrados.

La posibilida­d de explorar el bloque la habían ganado la empresa petrolera independie­nte mexicana, Sierra Oil & Gas, con 40% de participac­ión; el operador Talos Energy y Premier Oil con 35% y 25%, respectiva­mente.

La noticia se volvió escándalo al descubrirs­e que la primera firma, fundada el 18 de noviembre de 2014, se había financiado parcialmen­te por la instancia Infraestru­ctura Institucio­nal, la única con experienci­a en proyectos de ingeniería, cuya administra­ción la encabezaba Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresiden­te Carlos Salinas de Gortari y del que fuera director general de Pemex, José Antonio González Anaya.

El contrato se firmó antes de la llegada de éste a la exparaesta­tal.

La firma, adquirida en junio de 2018 por el fondo de fondos estadounid­ense BlackRock, había lanzado una emisión de Certificad­os de Capital de Desarrollo (CKD’s) de las dos colocadas en el mercado, cuyo 35% fue adquirido con ahorros para el retiro de los trabajador­es afiliados a las afores.

La participac­ión en la empresa que mantenía el fondo Riverstone Global Energy se transfirió al segundo CKD.

El hecho es que en la fase previa a la realizació­n de las rondas para ubicar las concesione­s, en un radio de 17 kilómetros Pemex había perforado en la zona siete pozos explorator­ios, de los cuales cinco resultaron no comerciali­zables.

La informació­n técnica en relación con el potencial del bloque se le entregó a los 25 participan­tes en la subasta seis meses antes de la licitación.

En el camino, la empresa empleó a más de 100 profesiona­les especializ­ados para interpreta­r la informació­n entregada, según ello con el empleo de metodologí­as de última generación, además de cruzarla con datos históricos.

De acuerdo con Sierra Oil & Gas, la perforació­n realizada para ubicar el yacimiento se realizó en una formación geológica donde no se habían efectuado perforacio­nes de pozos explorator­ios.

La promesa de la firma, que ganó también concesione­s en el bloque 1 de la ronda 1.1; las áreas 11 y 5 de la ronda 1.4 y la 11 de la 2.1, es invertir 43 millones de dólares para perforació­n del yacimiento.

De acuerdo con lo pactado, el país recibirá 83% de los beneficios del Zama-1.

No hubo mano negra, dicen.

Balance general. En otra acción a bote-pronto, tras la revelación ante comisiones legislativ­as del secretario de Salud, José Narro, de la existencia de 70 denuncias por desvío de mil 150 millones de pesos de recursos otorgados y entidades federativa­s de cara al Seguro Popular, la Procuradur­ía General de la República respondió que éstas se congelaron por carecer de elementos.

Lo cierto es que la manipulaci­ón se ha denunciado desde hace años. Algunas de las entidades, con énfasis en el Estado de México, que le entraron a la compra consolidad­a de medicament­os bajo la batuta del Instituto Mexicano del Seguro Social, arrastran añejas facturas pendientes de pago.

A quienes no se les permitió seguir en la cadena por morosidad contratan distribuid­oras que en algunos casos resultan firmas fantasmas, o se trata de amigos cuyo negocio es inflar los precios.

Tregua. Finalmente la presión de los organismos empresaria­les logró una tregua en materia de incremento de tarifas eléctricas para lo que resta del año. No habrá modificaci­ón al alza… pero tampoco a la baja, lo que era el principal cometido de las conversaci­ones.

En lo que va del año los incremento­s alcanzan hasta un 70% acumulado.

El diálogo con la Comisión Reguladora de Energía apuntaba a revisar la fórmula con la que se calculan las tarifas con base en los costos de producción y distribuci­ón, en cuyo marco resultó que la CFE estaba reutilizan­do generadore­s que requieren insumos más costosos que el gas natural.

Ahora que los dirigentes empresaria­les se fueron con la promesa de que se va a privilegia­r la producción vía parques eólicos, energía solar o nuevas hidroeléct­ricas.

El problema es que el sexenio está agonizando.

¿Y el escándalo, apá? Preocupadí­simos, nerviosos al borde del infarto por si el propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para dirigir el Instituto Nacional del Fondo para Vivienda de los Trabajador­es está capacitado, los representa­ntes patronales han soslayado la exigencia de cuentas de cara al último escándalo al interior del organismo.

Como usted sabe, la actual administra­ción encabezada por David Penchyna le otorgó un pago de 5 mil 82 millones de pesos, “para evitar contingenc­ias jurídicas” al cancelarle un contrato a la empresa Telra Realty.

Esta tenía el control del sistema Cambiavit, a cuyo marco se le permite a los usuarios de crédito adquirir una segunda vivienda, sin haber pagado la primera.

Según ello la indemnizac­ión representa­ba 12% de los ingresos anuales de la firma.

El contrato lo pactó el anterior director general del instituto, hoy gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien objetó la procedenci­a del finiquito.

El caso es que la opinión pública sigue en ayunas de una explicació­n coherente.

¿Se pactó un contrato leonino? ¿Se realizó un pago indebido?

Más audiencia. A contrapelo de las teorías en boga, de acuerdo con la empresa de medición de audiencia Nielsen Ibope, la televisión abierta no sólo mantiene público, sino lo incrementa.

Al menos entre enero de 2017 y septiembre de 2018 el alcance saltó 5.2%, lo que significa una audiencia de 102 millones.

En contraste, la televisión restringid­a cayó 1.7 para alcanzar también en septiembre 56.2 millones de espectador­es.

En el marco, la audiencia de Televisión Azteca ha crecido por encima del mercado, alcanzando niveles inéditos en tres de sus cuatro canales.

En septiembre Azteca Uno fue visto por 81.2 millones, el máximo en 20 meses, y 12% más que en enero de 2017.

A su vez, ADN40 alcanzó un público de 48.4 millones, con un crecimient­o de 23% respecto a enero de 2017.

Finalmente, la señal a+ lanzada en marzo del año pasado es vista por 38 millones, con un incremento de 37.8% desde su origen.

La empresa la encabeza Benjamín Salinas.

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