REINA OPACIDAD EN ALCALDÍAS DE OAXACA
Al menos 34 municipios no han informado al órgano fiscalizador el uso de 497.8 mdp del primer semestre del año
Ados meses de que concluya el año, los ayuntamientos de 34 municipios de la entidad no han transparentado ni entregado los informes de cuenta pública trimestral al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO).
Estos gobiernos municipales recibieron de recursos federales más de 497.8 millones de pesos en el primer semestre del año, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), de acuerdo con la Secretaría de Finanzas (Sefin) estatal.
Los municipios que no han entregado las cuentas públicas en este 2018 se distribuyen en todo el estado, pero destacan Santa Cruz Xoxocotlán, que en el primer semestre del año recibió 61.5 millones de pesos, San José Tenango, con 56.9; San Felipe Jalapa de Díaz, que recibió 50.9 millones; Huautla de Jiménez, con 48.6; San Pedro Mixtepec, con 38.1; San Mateo del Mar, con recursos por 34.4 millones; Santa Lucía del Camino, con 24.3, y Ocotlán de Morelos, con 21.9 millones de pesos.
Este retraso no es un hecho aislado. Según el cumplimiento de los propios municipios, la rendición de cuentas es aún una materia pendiente, pues también están en la opacidad las
cuentas públicas de 2016 de al menos 80 ayuntamientos.
Por medio de oficios enviados a la 63 Legislatura del Congreso de Oaxaca, las nuevas autoridades de estos municipios (periodo 2017-2018) argumentaron que se encontraban “imposibilitados de presentar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016”.
Por ello, la Comisión Permanente de Vigilancia del OSFEO del Congreso local resolvió, el 25 de julio de 2018, que era improcedente eximir a los municipios de la presentación de las cuentas públicas de ese año y externó que el órgano de fiscalización debió vigilar el cumplimiento de esta obligación y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.
Como respuesta, el OSFEO, a cargo de Guillermo Megchún Velázquez, informó que en 2017 se realizaron 55 auditorías a municipios del ejercicio fiscal de 2016, de las cuales 49 cuentan con informe de solventación, una se encuentra en plazo y cinco en proceso. De las auditorías con informe de solventación se obtuvieron observaciones por 802.7 millones de pesos, de las que no se solventaron 618.5 millones, por lo cual entran a “un proceso de responsabilidad resarcitoria”.
Sin demandas ni sanciones
A estos incumplimientos de los municipios se suman irregularidades de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, las cuales no sólo no fueron solventadas, sino que tampoco se interpuso demanda penal en contra de servidores públicos, en casos donde se presume probables conductas delictivas.
El 31 de julio de 2018, por ejemplo, la 63 Legislatura del Congreso del estado ordenó al órgano fiscalizador verificar si los ayuntamientos cumplieron con la entrega-recepción de bienes y documentación por parte de los servidores públicos de la administración 2014–2016.
En caso de no haberse cumplido dicha obligación, los citados municipios, en el uso de las facultades constitucionales, debieron promover las acciones legales procedentes.
Un mes y medio después, el 18 de septiembre de 2018, los diputados locales resolvieron no aprobar las cuentas públicas de 14 municipios de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 por irregularidades que ascendieron a 213.3 millones de pesos.
Entre estas últimas localidades destacan San Pedro Mixtepec con irregularidades superiores a los 56.9 millones de pesos, Santa Cruz Xoxocotlán (29.9), Cosolapa (24.2), San Jacinto Amilpas (21.7), San Pedro Huamelula con (17.6), San Baltazar Chichicapam (15.8), San Gabriel Mixtepec (12.8) y Ejutla de Crespo y San Jerónimo Sosola, con más de 9 millones de pesos cada uno.
Los legisladores también ordenaron al OSFEO ejercer las acciones que, conforme a derecho, procedan para “la imposición de sanciones” a funcionarios municipales de Santa María Xadani y San Pedro Mixtepec, tras encontrar irregularidades correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 por más de 3.1 y 56 millones de pesos, respectivamente. Ninguno fue sancionado.
Según la Comisión Permanente de Vigilancia del OSFEO, la impunidad en estos casos se debe a que el ex auditor estatal, Carlos Antonio Altamirano, nunca presentó las demandas penales contra servidores públicos por su probable responsabilidad.
EL UNIVERSAL solicitó entrevista con la diputada Eva Diego y con el titular del OSFEO, Guillermo Megchún, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.