¿En qué se parecen Uber, Netflix y Roku?
Uno de los principales efectos de la innovación tecnológica es el surgimiento de nuevos modelos de negocio que compiten de una u otra manera con servicios similares que se prestan de forma tradicional. Estos nuevos modelos pueden resultar más eficientes, más orientados a las necesidades de los clientes o simplemente más atractivos para ciertos usuarios. Por mucha planeación a futuro que se haga, la velocidad a la que surgen y se desarrollan estos modelos es mayor a la de su regulación, no sólo en México, sino en todo el mundo.
Por obvias razones, los prestadores de servicios existentes, que ya se encuentran regulados, se sienten amenazados y generalmente buscan bloquear a los nuevos jugadores o demandan que se les aplique la misma regulación que a ellos para que haya, digámoslo así, un fair play. En el peor de los casos, la simple existencia del clamor popular o las presiones y demandas de cierto grupo, detona la intervención gubernamental y entonces los resultados suelen ser parciales y afectar la competencia. En el mejor de los casos, dicha intervención está acompañada de un análisis detallado de sus implicaciones y entonces la decisión de actuar es racional, así que la gran pregunta es: ¿qué aspectos vale la pena regular y qué cargas se deben imponer sin que ello implique frenar la innovación?
Como ejemplos de lo anterior, en México tenemos tres casos recientes que han generado discusiones, propuestas, algunas ocurrencias y cierta intervención gubernamental que resultan paradigmáticos para entender cómo se recibe la innovación en distintas arenas regulatorias de nuestro país. Se trata de Uber, Netflix y Roku, que ofrecen servicios de transporte, acceso a series y películas, y un dispositivo para acceder a todo tipo de contenidos audiovisuales, respectivamente.
Entre sus principales similitudes tenemos que: (i) Se trata de empresas de origen extranjero que no están basadas en México, lo que complica su fiscalización; (ii) Han ganado mucho mercado en poco tiempo, y (iii) Inicialmente no enfrentan barreras regulatorias como las que se imponen a empresas establecidas que ofrecen servicios similares, como los taxis y la televisión abierta y de paga. Ante ello, tanto competidores como autoridades, han reaccionado en nuestro país de formas distintas y a continuación le platico algunas de esas respuestas.
Uber. Desde su llegada a México en 2013, la empresa fue objeto de llamados a regularla y de mucha molestia entre grupos de taxistas, y aunque esto no fue suficiente para frenar su expansión, distintos gobiernos locales sí decidieron intervenir y, por ejemplo, en la Ciudad de México en 2015 se estableció la obligación de aportar 1.5% del costo de cada viaje a un Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, además de la prohibición de realizar cobros en efectivo, que fue retomada por Yucatán y Colima.
Dicha prohibición del cobro en efectivo fue discutida la semana pasada por la Suprema Corte, a propósito de una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Movilidad Sustentable de Colima que lo prohibía; la Corte resolvió que es inconstitucional y con ello se validó el pago en efectivo, permitiendo la oferta de estos servicios a personas que no cuentan con tarjeta de débito o crédito.
Netflix. Esta empresa, creada en 1997 y que se describe como “el líder mundial en servicios de entretenimiento por internet con 130 millones de suscriptores en más de 190 países”, ha sido también objeto de quejas por parte de ciertos sectores de la industria en México que demandan el pago de impuestos por las ganancias que obtiene en nuestro país. Algunas de estas demandas han encontrado eco en el Congreso de la Unión; por ejemplo, al inicio de la presente legislatura, el Diputado Javier Salinas Narváez (PRD) presentó una iniciativa de Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales que, a decir del propio diputado, obligaría a empresas transnacionales como Netflix a pagar un impuesto de 3%, aunque si revisamos el texto de su propuesta no queda claro si efectivamente los servicios de acceso a contenidos audiovisuales en internet quedarían comprendidos porque la redacción es, por decir lo menos, confusa.
De igual forma, se han considerado en la Cámara de Diputados otro tipo de cargas para empresas de esta naturaleza, como la anunciada por el legislador petista Santiago González Soto, que propondría al Congreso legislar para que plataformas como Netflix, Blim y Claro Video incluyan un mínimo de 30% de producciones nacionales. También el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha anunciado la intención de regularlos, aunque hasta ahora se desconoce cómo y en qué aspectos.
Roku. Uno de los productos más controversiales y que detonaron demandas ante los tribunales mexicanos ha sido el dispositivo Roku, que permite a sus usuarios acceder a diversos contenidos audiovisuales a través de internet. Roku llegó a México a finales de 2015, y desde 2017 se ha visto inmerso en una batalla legal contra Cablevisión, filial de Televisa, que incluso obtuvo el año pasado un fallo que prohibió la importación y venta de los dispositivos en el país, bajo el argumento de que facilita la piratería; pero lo cierto es que lo mismo podría decirse de las computadoras e incluso los teléfonos celulares, de manera que la medida fue exagerada y disminuyó las opciones para los usuarios. En este tema, la semana pasada el Décimo Primer Tribunal Colegiado de lo Civil concedió un amparo a Roku, con lo que se podrá volver a comercializar el dispositivo.
Lo que resulta relevante, es que en los próximos años este tipo de casos irán en aumento porque la evolución tecnológica ofrece cada vez más oportunidades de negocio que podrían desplazar a los actuales, de manera se plantean retos regulatorios interesantes, así que será muy importante que, cuando se decida regular, se haga pensando en el futuro, con cabeza fría, considerando las implicaciones en la competencia y no sólo para atender las demandas de cierto grupo o buscando la medalla del legislador populista del año.