“Espían” los pasos de procesados
Con una moderna plataforma, la SSP de Yucatán vigila a reos que purgan una sentencia bajo prisión domiciliaria
La Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán opera una moderna plataforma y sistema de detección, ubicación y control de las personas que enfrentan algún tipo de proceso judicial con el uso de brazaletes electrónicos, prácticamente inviolables.
En esta área son 11 los operadores y técnicos que en tres turnos vigilan cada uno de los movimientos de los portadores de los dispositivos las 24 horas del día, y casi en tiempo real (en 30 segundos de diferencia) pueden recibir la “alerta” de que algunos de estos sofisticados equipos están siendo retirados, desconectados o se quedaron sin batería.
Los equipos son lo más moderno en el mercado y, a decir del personal que los opera, nunca han presentado ninguna falla; sin embargo, su uso es de corto tiempo, ya que en dos años se vuelven obsoletos frente a las nuevas tecnologías. Debido a esto, la misma Secretaría de Seguridad Pública decidió adquirir el equipo sólo en arrendamiento y no en compra definitiva, puesto que cada brazalete electrónico cuesta en promedio 30 mil pesos.
Yucatán cuenta con 160 dispositivos, los cuales son asignados por un juez de Control a quienes enfrentan un proceso legal —generalmente por delitos menores como fraude, robo o incluso homicidio imprudencial— y obtienen la medida cautelar como beneficio por un tiempo determinado. Actualmente 145 equipos se encuentran en operación y 15 en reserva.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el director del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, Jesús Humberto Herrera Góngora, explica la operación del monitoreo e indica que el personal que vigila los dispositivos son egresados de Ingeniería e Informática y aprobaron los controles de confianza.
El brazalete
Los brazaletes electrónicos son equipos sencillos, dotados de un GPS. El portador es el responsable del estado del dispositivo: debe cuidar que no se moje o se deteriore y que no se descargue la batería —que dura de ocho a 12 meses—; de ser así deberá dar aviso a las autoridades o podría perder la medida cautelar.
Esta herramienta puede costar de 25 mil a 35 mil pesos cada una, por ello la adquisición definitiva es poco recomendable; la mayoría de los estados que los usan los arriendan.
Los que se utilizan en Yucatán pertenecen a la empresa estadounidense AIR Platform, que dota los brazaletes y la plataforma digital, la cual es de las más efectivas del mercado con un margen de error muy reducido, de acuerdo con Herrera Góngora.
El funcionario estatal detalla que estos aparatos son prácticamente inviolables, debido a que no hay manera de que el portador se lo quite sin que se genere una alerta inmediata que tarda 30 segundos en emitirse.
Herrera Góngora señala que tras recibir la señal de alerta, se llama a los números telefónicos del portador y, según el caso, se podría enviar a policías para verificar la situación en su domicilio. De hallar alguna irregularidad, la sanción podría llegar a una nueva detención, según la intención de la falta y la valoración del juez.
El mando relata que el único caso de un portador del dispositivo electrónico que logró deshacerse del equipo y huir se presentó en 2016 con una persona acusada de fraude que posteriormente fue recapturada.
El personal
Para poder dar seguimiento puntual al movimiento de los portadores de brazaletes las 24 horas del día se cuenta con 11 operadores en tres turnos de ocho horas; en ningún momento se abandona la supervisión.
“De alguna manera es un trabajo estresante, pues no puede haber descuidos y menos si se emite una alerta, porque ésta no cesa hasta que la misma plataforma registra que se está atendiendo”, explica el director del centro de supervisión.
Melchor Sales Jiménez, uno de los técnicos y peritos que trabaja en el monitoreo, labora en este centro desde que inició el servicio y asegura que no hay tiempo para aburrirse o dormitar.
Aunque reconoce que el trabajo puede ser algo estresante, asevera que tiene su toque de adrenalina y es una labor importante de la que depende que el sistema opere adecuadamente. Sales Jiménez detalla que son estrictamente supervisados, y desde un circuito cerrado son registradas todas sus maniobras y operaciones, por lo que no hay margen a que alguno pueda ser objeto de soborno o corruptela para beneficiar a alguien.
“¿Aburrimiento?, no, no es posible que nadie se aburra aquí. ¿A qué hora? ¿Cómo? No, no se puede. Todos los días ocurre algo nuevo, ningún día en este trabajo es igual”, afirma Sales Jiménez.
Instalaciones
Las instalaciones de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Unipol) son prácticamente el cerebro de la vigilancia de los brazaletes electrónicos. Sin embargo, en las de las salas de juicios orales (en el sur de Mérida), hay un área llamada “espejos”, donde también hay equipos para monitorear a los portadores, de tal forma que hay un control estricto sobre el número de personas que llevan esos modernos equipos.
Herrera Góngora abunda que la plataforma permite abarcar el monitoreo de un portador hasta fuera del país y refiere que ya hubo el caso de un extranjero que enfrentó ese procedimiento, pero que debía viajar a Estados Unidos. Fue con autorización del juez que la persona pudo realizar el viaje y ellos darle seguimiento.
Según el funcionario, el trabajo que realizan no son “miradas indiscretas” como podría verse, sino en todo caso “miradas autorizadas”, pues tienen aprobación legal para seguirle la pista en todo momento a los portadores en el proceso que enfrentan.
“La efectividad y rapidez de esos equipos permite que la autoridad esté ‘presente’ en los movimientos del responsable del brazalete y que sean mínimos los riesgos de que alguien viole los mismos”, dice Herrera Góngora. Descartó que colocando papel aluminio sobre el aparato se desactive.
El nuevo Sistema de Justicia Oral y Acusatorio inició de manera regional en 2013 y desde 2014 en Yucatán se recurre a esta medida cautelar por el tiempo determinado que disponga el juez que sigue el proceso.
En el país hay al menos 16 estados —entre ellos Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, Coahuila y Estado de México— que hacen uso del dispositivo electrónico como medida cautelar y para despresurizar las prisiones.
En febrero de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válido que los reos que purguen una sentencia y quieran gozar del beneficio de la prisión domiciliaria deben pagar el costo del brazalete electrónico, con el cual se les mantendrá monitoreados.
“La efectividad y rapidez de esos equipos permite que la autoridad esté ‘presente’ en los movimientos del portador del brazalete y que sean mínimos los riesgos de que alguien los viole”
JESÚS HUMBERTO HERRERA
Director del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares