Una comida muy fifí
Después de la consulta que llevó a Andrés Manuel López Obrador a anunciar la cancelación del aeropuerto de Texcoco (NAIM), el presidente electo se sentó el lunes por la tarde a comer en Polanco con los principales empresarios que han invertido en este proyecto.
En la mesa estuvieron los titulares o representantes de Hermes Infraestructura, Carlos Hank y Alberto Pérez Jácome; de Prodemex, Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; de Grupo GIA, Hipólito Gerard; de ICA, Guadalupe Phillips (¡Viva! ¡Una mujer entre los hombres!); Héctor Ovalle, de Coconal; Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Epcor; Antonio Gómez, de CICSA, representando al ingeniero Carlos Slim, entre otros.
De ahí salieron los empresarios sonrientes, según reporta la prensa, ante la oferta que les hizo AMLO de finiquitar los contratos cubriendo los gastos no recuperables que ya invirtieron en el proyecto y la promesa de que su prioridad será recurrir a empresarios mexicanos durante el sexenio que está por arrancar para los futuros proyectos de infraestructura.
Así, estuvo el poder económico sentado en la mesa con el poder político en un restaurante en Polanco de la CDMX para resolver un tema que tumbó la Bolsa y el tipo de cambio con costos aun incalculables para México. Gran noticia que se pongan de acuerdo los empresarios y el futuro presidente, pero si eso no es la descripción exacta de una comida fifí, no se cuál sería.
Ahora quedan en la incertidumbre los más de 40 mil empleados que llevan trabajando en el NAIM desde 2015; la forma como el futuro gobierno llevará a cabo las licitaciones y la visión que queda de México como un país poco confiable para las inversiones extranjeras.
Estas interrogantes serán importantes de resolver sobre todo para quienes están en el sector energético, en donde ya se escuchan pasos en la azotea de los contratos en el sector y el rumbo que seguirá la reforma energética.
Además, está la incertidumbre del propio mecanismo de consulta popular que AMLO y los suyos vendieron como un ejercicio de democracia directa cuando en realidad fue el regreso del dedazo; el capricho presidencial y el desdén por el Estado de Derecho y el imperio de la ley.
¿Utilizará AMLO la misma estrategia para decir que el pueblo bueno quiere que él se quede más de seis años en la Presidencia?
Con esta interrogante en mente y ante el rechazo a la cancelación del NAIM, se ha convocado una marcha para este fin de semana. La marcha no servirá para mucho, más allá de ser la perfecta excusa para volver a llamar fifís a los que marchan por un aeropuerto. La mejor manera de evitar que esto suceda es utilizando los mecanismos legales que hay al alcance.
Para ello está la figura de la consulta popular, pero no al estilo improvisado de AMLO, sino tal y como lo establece el artículo 35 constitucional. Para que sean los ciudadanos quienes puedan convocar una consulta, dicho artículo estipula que se deben juntar las firmas equivalentes de al menos el 2 por ciento del listado nominal para que, una vez que la Suprema Corte resuelva que no es contraria a derechos humanos o seguridad nacional, sea convocada por el Congreso.
El INE sería quien tendría que organizar la consulta en la próxima elección federal, es decir, en 2021. Y entonces, la participación total debe ser de al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio.
Suena complicado y cuesta arriba, porque lo es. Pero vale la pena considerarlo. De hecho, ya hay un centro de investigación apartidista que está ideando la forma de comenzar la recolección de firmas, lo cual sería ideal que sucediera lo antes posible.
La ventana del 2021 parece lejana, pero las consultas que valen la pena toman tiempo. Ahí están los chilenos y el plebiscito de 1988 que sacó a Pinochet del poder, por ejemplo. Este plebiscito tardó ocho años en planearse y llevarse a cabo.
En México el tema no es simplemente un aeropuerto. Es aceptar o no una forma de toma de decisiones. Hoy es un aeropuerto, mañana puede ser la reforma al artículo 83 constitucional, que prohíbe la reelección del Ejecutivo.