ESCRIBEN DEL TEMA:
Alejandro Hope, María Elena Morera, Francisco Rivas, Héctor de Mauleón Salvador García Soto y Luis Cárdenas.
Andrés Manuel López Obrador se propuso ayer, con la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos seis años, la meta más grande y ambiciosa que enfrentará su gobierno: devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos.
Para lograrlo, su estrategia parte de un cambio de paradigma que modifica el concepto de “la guerra contra las drogas”, política belicista y policial seguida y fracasada por los dos últimos gobiernos, para enfocarse en la “lucha por la paz”, que modifica prioridades: en vez de detener capos y delincuentes de cárteles (“que no ha podido derrotar el gobierno”) el acento está en detener la ola de violencia y muerte que recorre el territorio nacional y recuperar el control de la seguridad por parte de un Estado que crearía un “Consejo para la Construcción de la paz” que impulsará estrategias para el “desarme” y “reducción de penas” para criminales que se entreguen, además de una “amnistía condicionada al perdón de personas o colectividades que fueron afectadas y pro poniéndoles un cambio de vida ”. Un Estado, según el próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, que no sólo persiga al crimen sino que también garantice el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el castigo a la corrupción con una nueva ética de la vida pública.
Sin embargo, todos esos enunciados escuchados ayer en los discursos del presidente electo, de su equipo de seguridad y líderes de las mayorías en el Congreso, y que pro ponen un nuevo enfoque y nuevos objetivos en las políticas de seguridad federal, se ejecutarán con el mismo método también utilizado en los últimos doce años: apoyo de las fuerzas militares como pilar de la estrategia contra la violencia y la inseguridad.
Y ahí es donde el cambio de paradigma no necesariamente corresponde a un cambio de método, porque nuevamente el Ejército y la Secretaría de Marina aparecen como los pilares iniciales del plan para recuperar la paz y la seguridad perdidas, que plantea incluso modificar la Constitución para legitimar la participación castrense en las labores de seguridad con la creación de una nueva corporación de policía cívico-militar: la Guardia Nacional que se plantea como el nuevo cuerpo de élite con 50 mil integrantes que provendrán del Ejército (Policía Militar), de la Marina (Policía Naval) y de la Policía Federal.
Justo cuando hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría anular, por inconstitucional, la nueva Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente Peña Nieto y que buscaba regularizar la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad pública federal, el próximo gobierno plantea lo que sería una Reforma Constitucional para validar y regularizar esa participación de los militares en las labores de seguridad civil, con el único añadido, según el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de que a los integrantes de la Guardia Nacional, que se proponen consolidar en 3 años, se les capacitaría en la CNDH y en la Nueva Fiscalía General de la República en materia de derechos humanos y en las leyes del nuevo sistema de justicia penal para convertirse incluso en “auxiliares del Ministerio Público”.
Pero aún con esa capacitación civil, la formación de la nueva policía federal que propone López Obrador será totalmente militarizada y dependerá del sistema castrense. “En el Sistema Educativo Militar se estructurará la ruta profesional para formar los cuadros de dicha fuerza. El gobierno federal presupuestará y programará el reclutamiento, organización y equipamientos, así como adiestramiento de la Guardia Nacional, tomando como base la infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México”, dijo el próximo secretario de la Defensa, general Luis C. Sandoval, quien justificó así la aceptación del Ejército y la Marina para seguir en las calles realizando labores de seguridad: “La condición popular nos motiva a asumir la noble responsabilidad de participar en la seguridad pública y la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos, se cumplirásu misión con estricto derecho a los derechos humanos y en permanente apego a las normas jurídicas”.
El uso de las fuerzas militares en su nueva estrategia de seguridad y paz, fue explicado ayer por el presidente electo con el argumento de que en las policías civiles “hay mucha descomposición y falta de profesionalismo”, y con elogios a “la honestidad y el liderazgo” de los dos nuevos titulares del Ejército y Marina en su gobierno, el general Luis Sandoval y el almirante Rafael Ojeda. “Me da mucha tranquilidad, así lo digo, el que tengamos la colaboración del general… Sí vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército, que no sólo siga atendiendo lo relacionado con la Defensa Nacional, sino que nos ayude también el Ejército, de manera legal, a la seguridad interior y pública; para eso se necesita un dirigente, un líder en el Ejército, por eso se decidió por el general. Es un hombre honesto, incorruptible”.
Entonces, nuevos paradigmas, nuevo enfoque, pero el mismo método de militarización de la seguridad federal con controles y capacitación civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de diciembre? Ese es el reto más difícil que tiene frente a sí López Obrador, que antes fuera un crítico férreo de la participación castrense en la seguridad pública.