Multilateralismo y nuevo contrato social
El viernes 16 de noviembre tiene lugar en Antigua (Guatemala) la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de gobierno, cuyo tema central es “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
Ese lema no es mera retórica. La cumbre viene precedida de cambios políticos que son reflejo de un amplio malestar ciudadano contra las élites dirigentes. Encuestas de 2017 mostraban que 94% de los mexicanos, 81% de los brasileños y 72% de los peruanos pensaban que las reglas económicas están amañadas a favor de los ricos y los poderosos —en España 85%—, y a mediados de 2018, en vísperas del vuelco electoral vivido en Brasil y México, cerca de 90% de su población opinaba que su país iba en dirección equivocada.
El Latinobarómetro de 2018 revela que existe un amplio “malestar en la democracia”, no tanto hacia la democracia en sí, sino respecto a su desempeño: la proporción de personas insatisfechas con el funcionamiento de la democracia en América Latina pasó de 51% a 71% de 2009 a 2018, y las que se mostraban satisfechas, cayó de 44% a 24%, el nivel más bajo en más de dos décadas.
Esos datos son reflejo de sociedades con clases medias en ascenso y con aspiraciones crecientes de empleo digno y movilidad social, pero aún bloqueadas por los peores índices mundiales de violencia, desigualdad y baja redistribución fiscal, y por la discriminación de etnia o de género.
Son sociedades que ya no admiten ser gobernadas como antes; que están indignadas por la corrupción y rechazan unas élites que a menudo capturan las políticas y las instituciones en su propio interés; que exigen mejores servicios públicos, más seguridad ciudadana, más participación, transparencia y rendición de cuentas. Y que han de ajustar sus valores ante el reconocimiento de la diversidad social y los derechos de las mujeres.
El escenario político se caracteriza por serias amenazas a la democracia, sin que las organizaciones regionales estén a la altura de los desafíos que ello representa. Venezuela y Nicaragua son ejemplos de ello. En ambos casos hay opciones para la vinculación constructiva de España, respondiendo a imperativos humanitarios y de derechos humanos, trabajando en el marco de la UE para evitar salidas violentas, facilitando el diálogo y la negociación. En Brasil triunfan opciones electorales que capitalizan con éxito el malestar ciudadano y revelan que el problema del populismo radical no es sólo europeo o estadounidense.
En ese escenario iberoamericano, si queremos democracias estables y legítimas tenemos que redefinir el contrato social y reconstruir la confianza entre élites, gobiernos y ciudadanía a partir de los valores comunes del pluralismo, la justicia y la inclusión.
La Cumbre Iberoamericana aborda estos objetivos de manera directa a través de la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y en el plano internacional, es una reivindicación del multilateralismo, del diálogo y de la cooperación en estos tiempos en los que aumenta el repliegue nacionalista, el supremacismo y el unilateralismo.
Las empresas españolas han tenido y tienen un papel central en nuestras relaciones con América Latina y el Caribe, promoviendo inversiones y empleo de calidad, la construcción de infraestructuras y la transferencia tecnológica. Entre 2010 y 2017 la UE, con España en cabeza, representó 39% de la inversión directa en la región, por delante de EU con 31%, y del 16% de Asia, incluida China, y además es líder en sectores como energías renovables.
Iberoamérica converge con la UE en la defensa de un sistema multilateral abierto, inclusivo y basado en normas, en un momento en el que la globalización se ve cuestionada, repunta el proteccionismo y los riesgos de inestabilidad financiera.
Pero, más allá del comercio y la inversión, para España es el momento de volver a desarrollar una verdadera política exterior hacia Iberoamérica. Queremos volver a América Latina y el Caribe con más diálogo político, cooperación al desarrollo y colaboración con los actores sociales y los migrantes, para que nuestra relación sea hoy más horizontal e igualitaria; y de manera multidimensional, fortaleciendo el espacio iberoamericano del conocimiento y la educación superior, la cooperación en ciencia, tecnología e innovación y la dimensión cultural.
Una política más activa nos reclama atender su dimensión bilateral, la iberoamericana y la que se articula a través de la UE, y en marcos multilaterales como el G20.
No se nos ocultan las dificultades de los organismos regionales de las Américas —CELAC, OEA, UNASUR, Mercosur—, debido a las crisis de algunos países, al exceso de ideologización, o un frágil tejido institucional. Son fenómenos que también afectan a Europa. Por eso hay que seguir impulsando la integración regional, con interlocución política y nuevos o renovados acuerdos de asociación con México, Mercosur o Chile.
Hemos también de recuperar la política de cooperación al desarrollo, revirtiendo el declive de los últimos años, que dejó a España fuera de la escena internacional y casi liquidó una política pública que es la expresión de la solidaridad y de la identidad europea, mediterránea, iberoamericana y cosmopolita de nuestro país y su gente.
En la Comunidad Iberoamericana tenemos experiencias de cooperación Sur-Sur y triangular sin parangón en otras regiones. En todos estos aspectos, el mejor marco para trabajar juntos es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como narrativa universalista de progreso comprometida con el multilateralismo. Este es el objetivo de la Cumbre de Antigua en Guatemala.