Dejan sin ayuda a indígenas desplazados
• Contingente de 444 personas va a Tuxtla Gutiérrez • Buscan ayuda humanitaria y parar a grupos armados
San Cristóbal de las Casas.— Sin algún pronunciamiento por parte del gobernador Manuel Velasco Coello y prácticamente ningún apoyo gubernamental o de organizaciones civiles, casi medio millar de desplazados de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo continuaron por segundo día consecutivo su caminata a Tuxtla Gutiérrez, para exigir la desarticulación de los grupos armados que provocaron su destierro y ayuda humanitaria.
Durante este martes, el grupo de desplazados que partió el lunes de San Cristóbal de las Casas rumbo a la capital del estado recibió el acompañamiento de la Cruz Roja, y Protección Civil estatal los auxilió para atender una emergencia médica.
En un comunicado, la Cruz Roja informó que el grupo que camina desde San Cristóbal de las Casas está conformado por 88 familias —324 adultos y 120 niños—, un total de 444 personas que han recibido curaciones, toma de signos vitales y dotación de medicamentos para el dolor muscular, malestares intestinales y de vías respiratorias.
Agregó que una ambulancia de la institución llegó hasta el punto donde pernoctaron los desplazados con el fin de estar pendiente de ellos.
La mañana de ayer, socorristas de Protección Civil atendieron a una mujer embarazada que participaba en la caminata, por lo que fue trasladada a un hospital para que pudiera ser atendida y diera a luz.
La joven comenzó a sentir molestias desde el kilómetro 32 de la vía San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo, por lo que se tuvo que parar la caravana para que la indígena de 25 años fuera trasladada al Hospital de la Mujer, pero los indígenas no han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno estatal ni de organizaciones civiles para ayuda humanitaria en su trayecto a la capital del estado, sobre todo con comida o lugares para refugiarse.
El trayecto. Ayer, los hombres, mujeres y niños de las etnias tzotzil y tzeltal llegaron al kilómetro 25 de la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas-Chiapa de Corzo, donde ayer por la tarde decidieron descansar y pernoctaron a la orilla de la vía, bajo algunas carpas de plástico para las mujeres y niños, los demás a la intemperie. Este miércoles reanudan su travesía.
Los indígenas recorrieron 12 kilómetro en medio de la neblina y un ambiente frío que se sentía en el camino a Tuxtla Gutiérrez.
El contingente avanzó en fila sobre el primer carril de la carretera, bajo la vigilancia de una patrulla de la Policía Federal (PF) que abanderó el contingente para evitar algún accidente.
En la vanguardia, los acompañó un camión de redilas con las pertenencias de las familias.
A los desplazados aún les faltan más de 20 kilómetros para llegar a la capital del estado.
El director del Centro de Derechos Humanos Ku’untick, Diego Cadenas —antes de iniciar la caminata—, informó que el grupo de desplazados exigirá la desarticulación de los grupos armados que provocaron el destierro de unas 300 personas en Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo y se aplique las ordenes de arresto en contra de los integrantes de los grupos armados que están al servicio de grupos de poder de la zona.
El defensor de derechos humanos enfatizó que es prioridad atender los reclamos de justicia y castigar a los agresores de estas personas que los expulsaron, quemaron sus viviendas y ocupan sus tierras de labranza. “Se tienen al menos cuatro órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar”, precisó.
Los desplazados tienen previsto pedir una reunión con el mandatario para exigirle que cumpla con las minutas firmadas en meses pasados, en las que su administración se comprometió a la entrega de ayuda humanitaria, el pago de rentas de casas y que se creen las condiciones de seguridad para que puedan regresar a sus hogares, además de la indemnización por las pérdidas que sufrieron desde que fueron expulsados.
Advirtieron que de no haber respuesta harán un plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Los indígenas desplazados han vivido desde 2015 en San Cristóbal de las Casas y otras localidades en espera de que el gobierno establezca las condiciones para que puedan retornar a sus comunidades, donde fueron intimidados por grupos armados.