Autoengaño y ambivalencia: consultas y el Plan de Seguridad
El presidente electo dio a conocer la semana pasada dos anuncios que inundaron la opinión pública: la consulta de 10 propuestas y el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
Sobre la consulta múltiple, se dio el cuestionamiento de por qué someter a plebiscito aspectos que ya estaban previamente decididos y que en realidad no son un ejercicio serio de democracia participativa, que requiere de ciertas condiciones mínimas que no se cumplen, de ahí que quedó la sensación de engaño.
Sobre el plan se han expresado comentarios de que es ambivalente, al contemplar aspectos positivos como la despenalización del consumo de mariguana y otras drogas, donde se nota la favorable influencia de Olga Sánchez Cordero y Juan Ramón de la Fuente; pero donde destacan otros negativos, como la creación de una Guardia Nacional con mando y elementos militares, que ha sido la postura de Alfonso Durazo y de Alejandro Gertz Manero, desde el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, cuando se presentó el documento el 20 de noviembre del año pasado.
En el caso de la consulta múltiple, pronto se encontraron desencuentros con ecologistas e intelectuales, quienes consideraron que en el caso del Tren Maya y de la refinería de Tabasco no se realizaron los estudios de impacto ambiental y de factibilidad económica (costo-beneficio), así como con las comunidades indígenas, quienes señalaron que no se están cumpliendo con los requisitos que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta, previa, libre e informada de proyectos de infraestructura como el señalado.
Pero también la comunidad financiera y el sector privado expresaron su malestar porque temen que las grandes decisiones de inversión se sigan tomando con un procedimiento de este tipo, improvisado y con intenciones más bien populistas.
No han faltado los defensores de la consulta diciendo que quienes se oponen es porque están en contra de la democracia participativa, y que son los grupos conservadores y tecnocráticos, tratando de desacreditar las críticas en contra de un proceso manipulado y sin ninguna condición de imparcialidad ni certeza en el resultado.
En realidad, estas consultas como la del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o de las 10 propuestas, son una simulación y en realidad están supliendo lo que debiera ser una genuina y legítima participación democrática.
Cuando Gabriela Warkentin cuestionó a Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sobre por qué se desdijo de ya no hacer este tipo de ejercicios improvisados y no esperarse a hacer la modificación legal al artículo 35 de la Constitución, para que se haga un proceso bien preparado y realizado, donde la ciudadanía pueda contar con elementos de juicio, el diputado confesó que era porque había la necesidad de que los proyectos entraran en el presupuesto de 2019, y que era mejor tomar en cuenta la opinión que no hacerlo; esto es, que la decisión sea la correcta, ya desapareció del escenario.
La postura de los partidarios de la consulta se parece a la de un famoso columnista que hacía unos sondeos de opinión en su espacio y estaba convencido de que la respuesta que le daban algunos de sus lectores era lo que en realidad reflejaba el sentir del pueblo.
Obviamente esto es una falacia, pero lo peor es que el personaje estaba convencido de que era la verdad, lo mismo que sus abundantes seguidores.
Respecto a la Guardia Nacional, el asunto resulta más desconcertante. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior precisamente por permitir labores de seguridad pública a elementos del ejército, entre otras razones, pero un día antes se hace la propuesta de modificar la Constitución para que sea legal que exista un fuerza de este tipo bajo mandos militares e integrada por elementos de las fuerzas armadas.
Es decir, Morena está aplicando la receta de si no se aprobó la ley que en realidad quería, que se modifique la Constitución.
En el Proyecto Alternativo lo señalaban expresamente: “Si el ejército mexicano va a continuar en la calles es necesario aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es impensable que el ejército mexicano continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado, (sic)…” (p. 68).
El punto es que estos temas están generando desconfianza e incertidumbre, lo que se traduce en mayor depreciación del tipo de cambio y mayores tasas de interés, que aunado con el fuerte desplome del precio del petróleo registrado desde octubre, pueden estar descomponiendo el escenario macroeconómico para 2019. No es lo mismo presupuestar con el tipo de cambio promedio que pronosticaba el Fondo Monetario Internacional para México en ese entonces (20.1125 pesos por dólar), que con una paridad más depreciada.
Esperemos que las voces sensatas del gabinete, como Carlos Urzúa y Alfonso Romo, convenzan al próximo presidente de que se actúe con cautela y cuidado.