José Luis Luege
Recuperar las 200 hectáreas robadas a la Zona Federal
Una vez concretada la cancelación del nuevo aeropuerto, se debe volver al plan original de rescate ecológico de la zona y la recuperación del lago Nabor Carrillo como lago de espejo permanente de agua, hábitat de aves migratorias y generador de un microclima favorable para el oriente de la zona metropolitana.
El lago Nabor Carrillo tiene una superficie de mil hectáreas y está rodeado por áreas libres de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT). En el lado sur, se encuentra un área conocida como los Tlateles que conforman un espacio de amortiguamiento entre el lago y la zona urbana del municipio de Chimalhuacán. Este espacio, ya de por sí muy reducido, es fundamental mantenerlo libre para dar seguridad a la población frente al riesgo de inundaciones y para protección de las aves migratorias en la temporada de arribo.
La ZFLT ha sido reconocida en varios convenios internacionales como Zona de Protección y Anidación de Aves Migratorias.
Cuando en 2014 se anunció el arranque del NAICM, además se presentó el proyecto para la construcción de lagunas de regulación, dos de las cuales se ubicaban en la zona de los Tlateles. Es evidente que por razones de seguridad no debería haber ningún tipo de desarrollo alrededor de este tipo de lagunas. Pese a ello, la Secretaría de Gobernación preparó un plan para desincorporar 200 hectáreas de la ZFLT, precisamente del lado de los Tlateles.
El 21 de julio de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), donde se destinaron 30 hectáreas (ha) de los Tlateles al municipio de Chimalhuacán para la construcción de un centro deportivo, 20 ha para una universidad y 150 ha para desarrollos industriales sin ninguna especificación.
Dentro de los considerandos, el Indaabin inició reconociendo que los Tlateles son bienes del dominio público de la Federación. Más adelante, da cuenta de dos oficios del municipio del mes de junio de 2016, ambos contradictorios: el primero, donde “hace constar” que el inmueble no se considera monumento histórico o artístico de acuerdo a un criterio del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal; y en el segundo oficio, DLUS/054/2016 del 3 de junio de 2016, se le informa al Indaabin que el municipio expidió una Constancia de Uso de Suelo, autorizando el uso de equipamiento para recreación y deporte. En ninguno de los casos tiene facultades el municipio.
El municipio primero determinó el uso del suelo sobre un terreno que es federal y sobre el cual no tiene competencia y después el Indaabin simplemente “cedió” los terrenos sin ninguna consideración.
Esta “donación” representa un fraude evidente contra los bienes nacionales, mismo que debe revertirse y no debería quedar impune. Se justificó la donación argumentando que en el sitio se construirá un parque industrial y deportivo en beneficio de la población del municipio, pero en realidad se trata de una operación fraudulenta, movida por intereses económicos e inmobiliarios donde están involucradas autoridades municipales y de la Subsecretaría de la Segob, con la conocida organización Antorcha Campesina.
Lamentablemente, al revisar la documentación sobre esta decisión, nos encontramos con oficios y acuerdos de dependencias federales que en lugar de cumplir con su obligación de vigilar y proteger los bienes propiedad de la nación, se convirtieron en cómplices de una operación violatoria de las leyes y de la propia Constitución.
Todos los decretos presidenciales y planos publicados en el DOF que delimitaron la ZFLT demuestran contundentemente que los Tlateles son y siempre han sido terrenos federales propiedad de la nación.
Incluso, desde 1936 se estableció por decreto presidencial la invalidez de cualquier título de propiedad sobre los terrenos de la desecación del lago de Texcoco y posteriormente, en los decretos de 1971 y de 1982, se dio absoluta certeza sobre los linderos, límites y superficies de la Zona Federal.
El Indaabin actuó en contra de su vocación, violando la Ley General de Bienes Nacionales, donde se establece la responsabilidad de administración, vigilancia, control y protección de los bienes nacionales. Ningún oficio o acuerdo de esta dependencia que pretenda “ceder” terrenos nacionales tiene validez sobre los decretos presidenciales que ordenan su protección y vigilancia; son ilegales y son inconstitucionales.
Hacemos un llamado para que se investigue y se revierta este fraude escandaloso.