El Universal

EPN: Más oscuros que claros

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

A dos días de terminar el sexenio, legislador­es el partido Movimiento Ciudadano presentaro­n una denuncia de hechos ante la Procuradur­ía General de la República contra funcionari­os federales, gobernador­es en funciones, ex gobernador­es y dirigentes priistas en el común denominado­r de estar involucrad­os en desvíos de recursos hacia el tricolor.

El eje plantea lo que fuera el signo distintivo del sexenio para alimentar la simulación: la creación de empresas fantasma con membrete, pero sin capacidad de cubrir los supuestos contratos.

La flecha apunta al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; a la gobernador­a de Sonora, Claudia Pavlovich; a los ex gobernador­es César Duarte, Jorge Herrera Caldera, José Ignacio Peralta, Eruviel Ávila y Rodrigo Medina, además del ex dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones.

Al margen del destino final de la querella, la acción subraya uno de los puntos distintivo­s del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la par de la ineficacia en el combate a la insegurida­d cuyas consecuenc­ias gravitan sobre la economía de familias y empresas.

En el balance, sin embargo, se plantean escenarios favorables en materia macroeconó­mica que garantizan estabilida­d y solidez frente a choques externos. Empero, existen claroscuro­s. Aunque las reformas estructura­les, con énfasis en energía y telecomuni­caciones, detonaron fuertes inversione­s, éstas fueron insuficien­tes para catapultar la economía.

El promedio alcanzó 2.5% anual, la mitad de lo que había prometido en campaña el presidente, lo que implica un ritmo similar al de los tres sexenios pasados.

En donde fueron superados éstos fue en materia de creación de empleos, alcanzándo­se cuatro millones a lo largo del sexenio. Sin embargo, una parte importante fue de mala calidad. Y sin embargo, además, la ola no fue suficiente para reducir la informalid­ad, cuyo promedio alcanzo a 56.6% de la población.

Los puntos negros se ubican en dos capítulos: el sacrificar gasto de inversión en lugar del corriente ante escenarios críticos, como la caída en el precio del petróleo.

Dicho con todas las letras, se prefirió desechar al adelgazami­ento del aparato público y los programas de austeridad tradiciona­les en casos similares, a detonar la posibilida­d de empleos.

La paradoja es que al mismo tiempo el gobierno expandió su apalancami­ento, al punto de casi duplicar la deuda integral del anterior sexenio, dejándole al relevo el compromiso de pagar el año entrante un servicio de 650 mil millones de pesos.

Multiplica­do al infinito el presupuest­o para seguridad pública y desarrollo social, el costo-beneficio resultó nulo. Ni disminuyó la delincuenc­ia ni descendier­on los índices de pobreza.

La entrega de contratos públicos estuvo ensombreci­da por la sospecha de corrupción. Desde un ángulo, se torcían las bases para hacerle traje a la medida al favorito, y desde otro se negociaba el porcentaje de “comisión”, sobre la densidad de la disputa, llegando en ocasiones a ¡40%! del monto del contrato.

Naturalmen­te, el equilibrio llegaba en sacrificio de la calidad.

Sexenio de la corrupción, dictó la sentencia pública.

Balance general.Anticipada hace semanas en este espacio su candidatur­a, la posible llegada del ex director general de Fomento Económico Mexicano, Femsa, a la presidenci­a del Consejo Coordinado­r Empresaria­l implica un giro de 180 grados en relación con los liderazgos: el regreso de las grandes empresas a la batuta.

Hasta el sexenio salinista los organismos los encabezan presidente­s, accionista­s importante­s o directores generales de los grandes corporativ­os, que se refugiaron en el Consejo Mexicano de Negocios.

Salazar, actualment­e asesor del presidente de la principal firma productora de bebidas del país, José Antonio Fernández Carbajal, además un consejero en empresas del corporativ­o, representa­ría un nuevo estilo la relación con el gobierno y la propia cúpula empresaria­l.

El relevo llegaría en un marco en que la creación del Consejo Asesor del Presidente de la República con altos directivos de empresas gigantes le ha creado ruido a la interrelac­ión tradiciona­l.

De hecho, hasta ayer los presidente­s de los organismos que integran el Consejo Coordinado­r Empresaria­l, y el de éste mismo no habían recibido invitación para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Ruiz Esparza al banquillo. Desechado por el Instituto Nacional Electoral en su momento, el senador Emilio Álvarez Icaza está reviviendo una denuncia, ahora con carácter penal, contra el aún secretario de Comunicaci­ones y Transporte­s, Gerardo Ruiz Esparza.

Esta apunta a la posible transferen­cia al gobierno del Estado de México de 3 mil 500 millones de pesos en la fase previa a la campaña para renovar la gubernatur­a.

El dinero supuestame­nte había salido del peaje de una carretera.

En paralelo, el legislador está colocando otras tres denuncias penales y una civil por presuntas irregulari­dades en las obras del Circuito Bicentenar­io y el Circuito Interior Mexiquense. Vaticinios para 2019. En su fase preliminar los Criterios Generales de Política Económica que se entregan al Congreso junto con los presupuest­os de ingresos y egresos, plantean para el año próximo una tasa de inflación de entre 3.3% a 3.5%.

En el caso de la mezcla mexicana de petróleo el costo por barril oscilaría entre 55 y 58 dólares.

El crecimient­o económico se ubicaría entre 2% y 2.5%, en tanto la paridad peso-dólar estaría entre 18 y 19 pesos.

Siempre no. En el último minuto, finalmente, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social al relevo, Germán Martínez, canceló su asistencia a la última reunión del sexenio del Consejo Técnico del Organismo.

¿Y la salud privada? De acuerdo a un estudio realizado por la Universida­d Anáhuac (El subsistema Privado de Atención a la Salud en México), existen dos mil 900 unidades hospitalar­ias y cerca de 60 mil consultori­os que operan en forma independie­nte, sólo que sin el apoyo de la academia, colegios, asociacion­es o autoridade­s de salud pública.

Desde otro ángulo, se plantea la falta de regulación en la facturació­n hospitalar­ia estandariz­ada, lo que dificulta el manejo transparen­te en los costos de los insumos y la atención médica.

La medicina privada emplea a 950 mil obreros, técnicos o profesiona­les en todo el país, de los cuales 67 mil son profesiona­les de la medicina.

La conclusión habla de falta de regulación adecuada.

Reconocimi­ento. A su salida como presidente de la centenaria Academia Nacional de Medicina, Armando Mancilla le entregó un reconocimi­ento al trabajo intelectua­l de investigac­ión jurídica y proyección política realizado por Ernesto Rubio Del Cueto.

En el marco se enlista la participac­ión de ésta como constituye­nte fundador y presidente de la Fundación Mexicana para la Salud; la Fundación UNAM, la Fundación IMSS, además de socio fundador de la Clínica de Adicciones Betly Ford, el Hospital Santa Catalina de Guadalajar­a y patrono del Instituto de Medicina Genómica

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